Citando las palabras del Secretario General de Naciones Unidas, ONU, António Guterres, el covid-19 es “el enemigo común al que se enfrenta todo el planeta” y, por esa razón, el llamado urgente que hizo para cambiar las armas y los conflictos que se viven en el planeta por un cese al fuego inmediato. Es una prioridad.
“Necesitamos poner fin al mal de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo. Esto empieza poniendo fin a los enfrentamientos en todas partes”, recalcó Guterres.
El llamado llega de forma particular a Colombia donde, según el último reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, hay por lo menos cinco conflictos armados activos (ver infografía), la prestación de los servicios de salud no es óptima y la misión médica es amenazada por los grupos armados ilegales como ocurre actualmente en Catatumbo, Norte de Santander.
Para Kenneth Burbano, director Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, “centros de salud, hospitales -si los hay- y la atención médica en zonas de conflicto armado es precaria, pero, si a los efectos devastadores de la guerra en los pobladores se suma la enfermedad coronavirus, las consecuencias serán letales, sin distingo alguno de partes, facción o grupo. Las personas afectadas por el conflicto armado y los desplazados, son más vulnerables en su salud y en su vida, Ciertamente, la agresividad del virus ilustra la locura de la guerra”.
Antes del llamado de la ONU, en el país se había hecho uno por diferentes organizaciones sociales y defensores de derechos humanos para que guerrillas, disidencias y organizaciones armadas declaren un cese de hostilidades. “La situación de emergencia humanitaria amerita distensión y concentrarnos como país y como sociedad en asumir ese enorme desafío, pues continuar las hostilidades entre los actores armados, contribuye a la expansión y contagio del virus, con enormes pérdidas de vida”, dicen las organizaciones en un comunicado emitido el 20 de marzo, dirigido a estructuras armadas ilegales como el Eln, disidencias de las Farc, Epl, Clan de, Golfo y Caparrapos.
Al llamado se unió el exintegrante del Eln, Francisco Galán, quien desde la cárcel envió un mensaje a sus excompañeros del Comando Central, estructura que reúne a los principales cabecillas de esa organización: “pido que en un acto de humildad y grandeza declare un cese indefinido al fuego. Únanse al llamado que hizo el secretario general de la ONU, António Guterrez, y liberen al país del miedo a la guerra, al menos por estos tiempos de emergencia. Liberen a todos los secuestrados para que vayan a reunirse con sus seres queridos en este momento tan crucial para la familia colombiana”.
Las palabras generaron eco en esa organización guerrillera y, en un inicio, entregaron a representantes del CICR a tres hombres que tenían secuestrados en Cauca. También la organización humanitaria reportó la liberación de una mujer en Arauca. A parte de esto se suma el reciente anuncio desde el Comando Central del Eln en el que acceden a iniciar un cese al fuego unilateral desde el primero de abril hasta el 30 de este mes.
Aunque aclaró el grupo insurgente que “el cese es activo porque nos reservamos el derecho a defendernos ante los ataques que adelantan las fuerzas estatales”. No dicen nada relacionado con las demás personas que tendrían secuestradas.
Dicho anuncio ya es celebrado por distintas organizaciones, incluidas las que pedían dicho freno a las actividades de guerra. El movimiento Defendamos la Paz es uno de ellos y afirmó que dicho gesto genera un “alivio humanitario” a las comunidades de las diferentes regiones que siguen sufriendo el rigor de la guerra.
¿Hay o no hay riesgo?
Si bien el exministro de salud, Jaime Arias, cree que el problema con el covid-19 se enfocará en las grandes urbes, no descarta que llegue a áreas con problemas de orden público, pero afirma que la propagación sería baja. “En zonas aisladas o dispersas el problema sería encontrar servicios hospitalarios para el tratamiento”, añade.
Por su parte, Oscar Riaño Puerta, vocero nacional de Políticas en Salud y Derechos Humanos de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, cree que hay riesgo de que la pandemia llegue a regiones apartadas y su preocupación es la falta de capacidad para la atención.
“Sabemos que la toma de muestras y procesamiento de esos resultados están centralizados. Sería un proceso largo para comprobar un caso de covid-19 en las regiones y, mientras eso ocurre, el infectado podría tener contacto con sus vecinos. Sería un problema de salud pública si el virus llega a estas zonas, sobre todo por el abandono del Estado, como sucede, por ejemplo, en Chocó y sus centros de salud”, explicó Riaño.
En esto concuerda Ivvone Díaz, investigadora del área de regionalización de Dejusticia, quien añade que en territorios donde ha existido conflicto hay mayor preocupación. La confrontación no ha permitido el desarrollo de infraestructura adecuada para contener el virus, tanto a nivel sanitario con agua, como en nivel de salud para atender una emergencia de este tipo.
“En caso de que el coronavirus llegue a estas zonas, las autoridades deben tomar medidas
administrativas para organizar el orden público y que se garantice el cumplimiento de la cuarentena”, dice Díaz, y añade que una buena estrategia sería “tramitar un convenio para la articulación con los laboratorios de ciudades o regiones cercanas donde apliquen pruebas para tener un manejo rápido y efectivo de los casos”.
La ofensiva continúa
Pero mientras los civiles y organizaciones piden un cese al fuego los fusiles sonando. Un ejemplo es que solo en Antioquia y Córdoba,en los últimos 15 días, el Ejército reportó siete combates con el Clan del Golfo, Caparrapos y disidencias de Farc en zona rural de Cáceres, Caucasia, Betulia, Puerto Libertador e Ituango. A esto se le suma la muerte de dos policías en ataques de las disidencias en Meta y Caquetá.
Desde el comando de las Fuerzas Militares y la dirección de la Policía, la instrucción es clara: “seguimos cumpliendo con la misión de preservar la fuerza para garantizar el máximo personal y apoyar a la ciudadanía en esta emergencia del covid-19. Así mismo seguimos con operaciones militares con énfasis especial en el control de las fronteras”, dijo el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
Al respecto, Mathew Charles, investigador en el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario, opina que infortunadamente las comunidades más alejadas y que están en zona de conflicto podrían experimentar un abandono mayor por parte del Estado, y eso es un “regalo” para los grupos armados ilegales.
“Con la cuarentena, se dificulta el acceso a zonas de conflicto. Las organizaciones internacionales se mantendrán alejadas, la Policía y las Fuerzas Armadas serán potencialmente reducidas y, tal vez, estarán ocupadas en las ciudades en cumplimiento de la cuarentena. Esto les dará a los grupos armados vía libre para hacer lo que quieran”, dice el experto.
Mathew añade que está la posibilidad que las estructuras armadas ilegales “se retiren” y se “enfoquen” en sus intereses financieros. “Esto porque el virus también representa una amenaza para ellos. Un contagio en sus filas podría debilitarlos masivamente. Esto los hace susceptibles a la fuerza de la ley, pero también a sus rivales criminales”.
Es por esta razón que Luis Eduardo Celis, analista del conflicto y uno de los firmantes de petición para un cese al fuego, insiste en que “es importante un clima de distensión en territorios donde permanece la violencia organizada. Eso daría a las comunidades y a las instituciones de Gobierno mejores condiciones para afrontar la pandemia”.
Hasta el momento ni el Epl, las disidencias de las Farc o los Caparrapos se han pronunciado y el Gobierno continúa enfocado en hacer cumplir el aislamiento preventivo obligatorio en las principales ciudades.
Solo el grupo armado Clan del Golfo, por medio de un comunicado publicado en su pagina web, afirmaron que todos los panfletos o mensajes en los que se afirman que esa estructura armada obliga al confinamiento de los territorios para afrontar el covid-19, no es cierto. A pesar de esa aclaración, no dicen nada sobre un cese de hostilidades.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que, además de los 39 mil policías verificando el cumplimiento de las medidas del Gobierno, “más de 29.000 integrantes de las Fuerzas Militares están realizando operaciones de control fronterizo. Para el control de las vías y con el fin de garantizar el transporte de alimentos básicos, se realizaron 70 caravanas de seguridad y se instalaron 306 puestos de la Policía de Tránsito con 7.000 uniformados, y 519 del Ejército con más de 13.000 soldados”.
El apoyo castrense en medio de la pandemia sería determinante si no tienen que concentrar su fuerza en el conflicto. En la actualidad cuentan con cerca de 237.000 efectivos. Ya se dispuso de 68.000 para apoyar en la coyuntura, pero podrían ser más en caso de una tregua.
Es el momento de seguir ejemplos como el de Camerún que pese a que dos regiones separatistas llevan una guerra contra el Gobierno desde hace tres años que ha dejado más de 3.000 muertos, decidieron darse una tregua. O como Filipinas, en donde el brazo armado del comunismo también acordó con el Gobierno un cese temporal del fuego.
Esto espera la Colombia profunda, donde las hostilidades no paran y sus habitantes esperan que se dé un respiro para enfrentar una realidad que podría tocar sus comunidades, las cuales no están preparadas para tener dos frentes de guerra.
