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En manos de plenaria del Senado el futuro de Pretelt

La Comisión Instructora del Senado le pidió a la plenaria que lo acuse ante la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.

  • El fallo de la Comisión Instructora será remitido al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, para que defina una fecha y la ponga a consideración de la plenaria de esa corporación. colprensa
    El fallo de la Comisión Instructora será remitido al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, para que defina una fecha y la ponga a consideración de la plenaria de esa corporación. colprensa
03 de agosto de 2016
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Luego de seis horas de discusión, la Comisión Instructora del Senado, con cuatro votos frente a tres abstenciones, decidió pedirle a la plenaria que acuse a Jorge Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional.

Es la primera vez, desde que está vigente la Constitución de 1991, que la plenaria del Senado se pronunciará sobre la investigación a un aforado. Este es el último paso del prejuicio, donde decidirán si lo acusan o no ante la Corte Suprema. Pretelt es investigado porque, supuestamente, pidió 500 millones de pesos a cambio de influir en algunos magistrados en un fallo de tutela que estudió el alto tribunal, en el sonado caso de Fidupetrol.

Según Juan Manuel Corzo (PC), presidente de la comisión, los senadores revisaron el informe de nulidad del proceso que presentó José Obdulio Gaviria (CD), y luego de discutir la aplicabilidad de las leyes 600 y 906 (Código de Procedimiento), el artículo 345 de la Ley Quinta, la tipicidad del delito y el acerbo probatorio, decidieron aprobar la resolución de acusación que presentó la Cámara, para que el proceso siga su curso.

“Intervinieron todos los senadores con mucha profundidad. Esto enaltece nuestro ejercicio jurisdiccional”, dijo Corzo.

“Fue un desgaste”

En diálogo con este diario, el senador José Obdulio Gaviria, autor del proyecto de resolución que pedía la nulidad, es un hecho que en la plenaria pasará lo mismo, pues el proceso está mediado por la intervención del Gobierno.

“Vamos a tener que definir, vía tutela o consulta, si es posible que una ley como la 600 de 2000, derogada por el artículo 533 de la ley 906 de 2004, puede seguir vigente por ignorancia de unos representantes a la Cámara, que terminaron convalidando mis compañeros del Senado”.

Agregó que se investiga un delito (cohecho), pero en el proceso no se evidencian las pruebas. Además, sin nuevos hechos se cambió por el delito de concusión. “Lo que se le pidió a la comisión fue que se devolviera el expediente a la Cámara para su corrección, no buscando impunidad”, concluyó el senador Gaviria.

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