Un primer escándalo que lo relaciona con líos de corrupción llegó a la oficina del nuevo secretario ejecutivo de la Jurisdicción para la Paz (JEP), Harvey Danilo Suárez Morales, apenas cinco días después de que se posesionara en ese cargo.
Desde ese puesto –que es uno de los más importantes dentro de la Jurisdicción porque se encarga de gestionar y administrar los dineros–, Suárez Morales tuvo que empezar a explicar por qué firmó dos contratos que suman alrededor de 8 mil millones de pesos con Marcelina Cundumí Díaz, una abogada condenada por el escándalo de corrupción de Foncolpuertos.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Suárez reconoció que dichos contratos sí se firmaron, pero que –para este caso específico– la responsabilidad de revisar los antecedentes y requisitos legales de quienes pretendían manejar los recursos públicos era del Ministerio del Interior y otras entidades del Estado.
Este diario buscó la respuesta de MinInterior, pero el cierre de esta edición no había llegado.
Los líos del caso
Según informes oficiales, la JEP llegó a firmar dos contratos con Cundumí pese a que ya pesaba en su contra una condena de más de 7 años por malversar dineros del Estado.
El primero de ellos se suscribió el 6 de diciembre de 2018 por un valor aproximado de 6 mil millones de pesos, y el segundo se consolidó el 21 de noviembre de 2020 por un monto de casi 2 mil millones de pesos más.
En ambos casos, la JEP suscribió contratos con una persona que había sido condenada por corrupción y que, además, tenía una inhabilidad de ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.
Para ese entonces, Suárez Morales cumplía el papel de representante de la JEP y firmó a nombre de esa entidad como subsecretario ejecutivo, un cargo que ocupó en la Jurisdicción entre 2018 y 2021.
Pese a ello, el secretario Suárez aseguró que ese tipo de contratos se asignan con las directrices del Espacio de Consulta Previa –que compone el MinInterior– y que la JEP lo único que hizo en este caso fue seguir las instrucciones de contratación que desde allí se emitían.
“Le correspondía a ese espacio, por ejemplo, determinar si la persona era apta para contratar o no. Sin embargo, el Ministerio del Interior contaba con los mismos vacíos de información que nosotros, por lo que ese proceso siguió adelante”, dijo Suárez.
Sobre eso último, agregó, la JEP encontró “casi por coincidencia” (por una revisión rutinaria de documentos de la Corte Suprema) que Cundumí estaba inhabilitada y que había sido condena, en segunda instancia, por ese sonado caso de corrupción.
El error, según Suárez, estuvo en que el juzgado que llevaba el caso de la abogada nunca le notificó a las autoridades competentes ni el caso ni la sentencia: “De manera que no había modo de saber si era investigada o no. Era un proceso que solo conocían el abogado, ella y el juez que llevó el caso”.
Según esa misma versión, la JEP consultó los sistemas de información de Contraloría, Procuraduría y Policía y allí no se habían reportado la condena.
Además, dijo, “Cundumí firmó una declaración juramentada aclarando que no tenía ningún impedimento legal para firmar los contratos”.
Así las cosas, la JEP solo se habría dado cuenta de que su contratista estaba condenada por corrupción en noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia le negó un recurso de casación.
Pero para ese punto no había mucho que hacer con los dos contratos: “Ambos ya se habían ejecutado en su totalidad y ya estábamos liquidando el segundo”.
Incluso, tal y como aseguró Suárez, ambas diligencias fueron revisadas por la Contraloría más adelante “sin hallar irregularidades” que preocuparan el ente de control.
Lo cierto es que esta no sería la única vez que Marcelina Cundumí Díaz se salta las inhabilidades a las que la condenaron por su escándalo de corrupción. Este diario encontró que, en 2020, la abogada se lanzó a la Asamblea departamental del Valle del Cauca por Colombia Renaciente, el mismo partido que avaló la candidatura de Luis Gilberto Murillo como fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.
Por ahora, la JEP aseguró que puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades un mes después de darse cuenta de que había contratado con una persona condenada por corrupción. Será cuestión de ese ente judicial establecer si hay lugar a sanciones por parte de la JEP o de la contratista Cundumí por una posible violación a la ley.
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