Las cerca de 55.000 madres comunitarias que tenían esperanza de que a partir de este año se iban a convertir en trabajadoras formales del Estado, tendrán que esperar hasta que una nueva ley o un nuevo gobierno decida darles ese reconocimiento.
El Gobierno devolvió el proyecto de ley ese sentido, aprobado por el Congreso el año pasado, que estaba a la espera de sanción presidencial, por considerarlo inconstitucional e inconveniente.
Según el comunicado, los artículos que desarrollan el subsidio a la vejez y a la educación gratuita afectan la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal.
“Implicaría la vinculación directa al ICBF en calidad de empleadas de las madres comunitarias, sustitutas y tutoras, le representaría erogaciones por 769.748 millones anuales. El ICBF pasaría de tener 6.000 servidores a 61.000”, afirmó el Gobierno.
Sobre el derecho a la educación, el Ejecutivo consideró que la capacitación y formación profesional de las madres comunitarias no ha dejado de ser una prioridad, como componente esencial de la Política Integral para la Atención de la Primera Infancia. El ICBF también tiene convenios con universidades y 1.163 están en proceso de profesionalización.
Para Diana María Gómez, docente de Derecho Laboral de La Sabana, esta medida genera contradicción, pues si bien hay una ley objetada, también existe una Sentencia que debe cumplirse, aunque no hay plata para pagar.
Al respecto Juan Antonio Zornoza, coordinador del grupo en Gestión y Políticas Públicas Territoriales de la Nacional, dijo que La ley resulta inconveniente para el Gobierno, porque arruina sus programas alternativos de beneficios para las madres comunitarias; y porque implica ajustar la planta del ICBF sobre la marcha, cuando faltan 18 meses para concluir el mandato”.
