La posible llegada del exparamilitar Salvatore Mancuso a Colombia tiene abierta toda una puja entre el Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría por el futuro que tendrá el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El fiscal Francisco Barbosa asegura que el Gobierno no tiene la potestad para darle la libertad, la procuradora Margarita Cabello cuestionó que se esté considerando darle ese beneficio y el Gobierno afirma que, como gestor de paz, él tendría responsabilidades con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que llevarían a que esté libre.
Con 58 años de edad y todo un prontuario delictivo en Colombia, Salvatore Mancuso ya terminó de pagar su condena en Estados Unidos y se encuentra detenido en un centro migratorio de ese país esperando que se resuelva su situación migratoria, pues el Estado colombiano emitió una solicitud de extradición que incluye una orden de captura en su contra. Mancuso ya saldó su deuda con la justicia gringa, pero tiene pendientes con los estrados locales.
No obstante, ya el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que lo nombra como gestor de paz para que aporte en el establecimiento de rutas de desmovilización y de integración a la sociedad de actores armados. Y ese rótulo de “gestor de paz” es lo que tiene la puerta abierta para que quede libre una vez pise suelo colombiano.
Si bien el exparamilitar tiene procesos pendientes en Colombia ante la jurisdicción de Justicia y Paz (la que se abrió tras la desmovilización de los paramilitares) y frente a la justicia ordinaria, los gestores de paz —independientemente de quién se trate— están cobijados con el beneficio de no estar en prisión.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya aclaró que “la designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad, pero no le libera de los compromisos judiciales”. “Él tiene muchos procesos en Colombia en curso en Colombia que siguen su trámite”, aseguró sobre el caso de Mancuso.
La posición del Gobierno sobre el futuro de Mancuso no ha calado en el ente acusador, que sostiene que las autoridades judiciales son el único brazo del Estado que tiene la potestad de decidir sobre la libertad de una persona, más cuando se trata de alguien que ha sido acusado por graves crímenes que sucedieron en el marco del conflicto armado.
“El presidente no tiene la capacidad de darle la libertad a Mancuso porque el decreto 1275 de 2016 y la misma Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz establece que la suspensión de medidas de aseguramiento, de pena, concesión de penas alternativas, beneficios judiciales, deben decidirlas las autoridades judiciales competentes. Esas autoridades judiciales competentes son los tribunales de Justicia y Paz”, le dijo el fiscal Barbosa a W Radio.
En ese cruce de declaraciones también tomó partido la Procuraduría haciendo un duro cuestionamiento a que se le den beneficios a una persona que sigue con procesos abiertos y que, a juicio de la cabeza del Ministerio Público, Margarita Cabello, habría incumplido los compromisos suscritos ante Justicia y Paz.
“Él tiene hoy vigente un proceso de lavado de activos en la justicia ordinaria por hechos, presuntamente, ocurridos con posterioridad a su entrega de Justicia y Paz, y si ese proceso hace su camino, él tendría que ser castigado y excluido por incumplimiento de esos compromisos”, aseveró Cabello.
Cabello sostiene que Mancuso “está eludiendo su responsabilidad en Colombia” y le reclama que resuelva sus pendientes judiciales ante los estrados nacionales por el presunto delito de lavado de activos, antes de ejercer como gestor de paz.
Todo ese debate sobre el futuro de Salvatore Mancuso tiene un componente más: el exparamilitar está esperando que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) defina si admite su sometimiento a ese tribunal.
Ya el excomandante de las AUC compareció ante los magistrados de paz en una Audiencia Única de Verdad que tuvo lugar en mayo, en una jornada de cuatro días, y está esperando que la JEP dé respuesta a su solicitud de sometimiento.
