El activismo judicial por intentar salvar el sistema de salud sigue avante. Este lunes la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (Acehr) presentó la solicitud formal de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización apeló a esta instancia por lo que considera una “grave vulneración del derecho fundamental a la salud de los pacientes trasplantados, hepáticos, renales, entre otras patologías en Colombia”.
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El documento advirtió hechos que la asociación señaló como “una crisis sanitaria sin precedentes, por fallas estructurales, muertes evitables y un deterioro progresivo en la salud, bienestar y la calidad de vida de los pacientes”.
Así mismo, hablaron de la crisis que vive el sector, que se ve “reflejada en aumento de tutelas, quejas, retrasos en entrega de medicamentos y barreras de acceso para poblaciones de alto riesgo”.
Por otro lado, recordaron a la Comisión “la desfinanciación deliberada y regresiva del sistema, el colapso de EPS intervenidas y la falta de garantías para pacientes con enfermedades hepáticas, renales y condiciones multisistémicas complejas”.
Finalmente, señalaron las “graves afectaciones al talento humano en salud” y el “incumplimiento persistente de órdenes judiciales internas, que obliga a acudir a la protección internacional”.
La solicitud de medidas cautelares de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales incluyó “argumentos jurídicos y humanitarios”, así como testimonios de pacientes afectados por la crisis financiera del sistema.
Esta acción judicial internacional llega en medio de los últimos días en los que el Ministerio de Salud está ajustando los detalles para expedir el decreto que fija el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC) para 2026. Esta es la plata que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención de cada afiliado que tienen.
De hecho, un reciente auto de la Corte Constitucional declaró que el ministerio ha incumplido las órdenes que le impartió a principios de año para ajustar la UPC y lo conminó a que el ajuste para el próximo año no se haga con base en la inflación.
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