Lo que algunos llaman la “crisis explícita” del sistema de salud —como lo dijo a finales de 2022 la exministra Carolina Corcho— parece estar materializándose cada vez más. Esta semana el país vio reportes en Bogotá, Cali y Pereira de personas haciendo largas filas para acceder a medicamentos en las sedes de los dispensadores de sus entidades promotoras de salud (EPS).
Estas imágenes llegaron a su punto más álgido el pasado viernes cuando en la capital del Valle las personas optaron por bloquear la Avenida de las Américas (una de las vías aledañas a la sede del dispensador, al norte) y cuando las quejas se replicaron desde Bogotá.
Como respuesta, el presidente Gustavo Petro puso a andar la teoría de que los gestores farmacéuticos —encargados de la distribución y dispensación de medicamentos— están escondiendo y acaparando las medicinas y por eso la gente no los consigue. Y enfiló a la Superintendencia de Salud contra el gestor Audifarma y auditó una de sus bodegas a las afueras de Bogotá. Incluso, llegó a amenazar con allanamientos.
Sin embargo, a los hallazgos de la Supersalud y las “tesis” de Petro les hace falta pedazos y sustento, como lo advierten expertos y gremios.
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Así fue el drama de pacientes
Los testimonios dan cuenta de la dificultad que vive la gente. En Cali, un hombre de 72 años llamado Sergio asegura en medio de la impotencia que estuvo el viernes desde la 4:00 de la mañana esperando por un ficho para tener un turno de atención y que le dieran la medicina para tratar el lupus eritematoso que necesita su hija. “No me dieron ni una ficha. ¿Entonces qué hago? Y ahí no lo atiende nadie a uno y es una droga que me vale $500.000”, expresa.
En Pereira, Juliana habla de demoras de hasta tres meses en la entrega de medicinas y que ni con derechos de petición lo han logrado. “El medicamento que mi hijo toma para las convulsiones me la han venido entregando hasta diciembre, pero muchas personas han estado sin medicinas ni vitaminas desde septiembre. Y este año no he recibido ni un solo medicamento del niño, esperando a que llegara el mensaje de texto de dónde nos iban a atender”, narra en referencia a su niño con discapacidad.
Albeiro, entre tanto, relata que en Bogotá duró dos meses sin que le entregaran los lapiceros de insulina que tiene que inyectarse todos los días y que, si las compraba de su bolsillo, le costaría $1’350.000. Sin embargo, después de contactarse con la Superintendencia de Salud y de hasta preparar una tutela con un amigo abogado, se los entregaron. Sin embargo, asegura que “eso me pasa a mí con la ayuda que tengo, que soy profesional y sé moverme, pero qué hace un campesino al que le dicen que no hay y no tiene facilidad económica para comprarla”.
Videos compartidos en redes sociales mostraron a al menos 400 personas en la capital del Valle, en su mayoría afiliados de Nueva EPS, esperando desde la madrugada a que abrieran la sede de Disfarma (el gestor farmacéutico de esa aseguradora allá) para pedir turno. Algunos se amanecieron esperando, pero varios aseguran que no pudieron recibirlos.
Vale recordar que esta situación lleva así desde hace unas semanas, tanto así que el secretario de Salud de la capital del Valle, Germán Escobar, informó que se ha reunido con las directivas de las EPS intervenidas que tienen población afiliada allá para enfrentar la situación. El funcionario mostró su preocupación por “la situación de cartera de todo el sistema de salud, que en nuestra ciudad afecta fuertemente, tanto a nuestra red pública como la privada”.
El panorama se repitió en Bogotá, en donde la cantidad de gente aglomerada en los puntos de entrega (del gestor Audifarma) iniciaron desde las 5:00 de la mañana en el occidente y sur de la capital. Allí, varios usuarios (muchos adultos mayores y otros más jóvenes reclamando medicinas para sus familiares) señalan que no reciben sus fármacos luego de meses de espera y que les responden que no hay.
Otros manifiestan que ante la falta de respuesta, han tenido que optar por comprarlos de su bolsillo, con los altos costos que esto implica. Pero las personas de bajos recursos han tenido que armarse de paciencia para esperar suministro, con el riesgo que conlleva suspender fórmulas que son de consumo vitalicio.
En Pereira la situación (también en su mayoría con afiliados a Nueva EPS) se ha presentado desde la semana pasada, en donde al menos 500 pacientes también pasaron la noche esperando que abrieran los puntos de entrega, que corresponden al gestor Audifarma.
La amenaza y el show de Petro
La andanada del presidente Petro inició en su cuenta de X (antiguo Twitter) cuando dijo que “llegó el momento de democratizar los gestores de la salud” y lanzó duros señalamientos contra los gestores farmacéuticos. En ese sentido, el mandatario aseguró que un par de organizaciones de estos gestores “monopolizaron el mercado de las medicinas”, que han utilizado sus posiciones para elevar “artificialmente los precios”, que están “acaparando los medicamentos para sabotear las políticas de salud pública”. “En la salud, trafican todos los días y en muchas partes”, trinó Petro.
Incluso, sugirió que “están acaparando” la insulina (medicamento para pacientes con diabetes) y que le pidió al superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, que “donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles”.
En un día se pasó de la amenaza a la acción y en la mañana de este sábado, la Supersalud anunció que le hizo una auditoría a Audifarma en una de sus bodegas a las afueras de Bogotá y que allí encontró 113.000 unidades disponibles de insulina, por lo cual no entendían cómo no están “disponibles para su entrega y sí estén registrados como pendientes en las órdenes de los pacientes”, según dijo Rubiano. Les ordenó que en 24 horas los trasladaran a sus puntos de dispensación.
Sin embargo, esta teoría de conspiración tiene varios vacíos, empezando porque la Superintendencia no especificó si las 113.000 unidades se refieren a cajas o a cápsulas o lapiceros, qué tipo de insulina es, en qué presentación estaba y sus fechas de vencimiento. Según las imágenes compartidas por la entidad, parte de los artículos encontrados son los fabricados por Sanofi, farmacéutica que más importa los tipos de insulina que usan el 97 % de los pacientes, según datos del Ministerio de Salud.
Por otro lado, el tipo de insulina hallado (Lantus) no aparece en el listado de abastecimiento de medicamentos del ministerio (de febrero de este año), sino que, por el contrario, aparece con disponibilidad de comercializar por el canal institucional 1,4 millones de unidades para enero pasado. Es decir, no es un medicamento que esté escaso en el país. En ese sentido, el investigador en salud de la Universidad de Harvard, Johnattan García, menciona que la bodega que auditaron fue “el Centro de Distribución Aurora, en Funza (Cundinamarca), que tiene 14.000 metros cuadrados y es el único en América Latina que hace alistamiento y almacenamiento en el mismo sitio”. Por lo cual, es perfectamente normal que en un lugar con esas características siempre haya medicamentos en sus instalaciones.
Y además, a corte de agosto de 2024, la Cuenta de Alto Costo reportaba 2.186.861 pacientes con diabetes, de los cuales 1,8 millones requieren algún tipo de insulina. ¿Tendrían algún impacto grande y real “acaparar” o “esconder” 113.000 cajas?
Por otro lado, García expone que, según la Dian, entre noviembre y enero, Sanofi importó mas de 30 toneladas de insulina que entraron por Cartagena, así que si entran 500.000 unidades al mes divididas en dos cargas, ¿es impensable que Audifarma tenga 113.000 en su poder? Esto sin olvidar que en Colombia y en todo el mundo los medicamentos que llegan importados son guardados en bodegas de almacenamiento para alistarlos, hacer inventario y entregarlos a hospitales y clínicas, centros de dispensación y farmacias, dependiendo si el medicamento se venderá por el canal institucional (entregan las EPS) o por el canal comercial (venta al público en droguerías).
“Esto demuestra que al Gobierno le cuesta aceptar que hay un problema de acceso a medicamentos y de financiamiento, que tiene múltiples causas; pero en vez de trabajar para atacar las causas lo que busca son culpables. Es el colmo y cínico que se vayan a un centro de distribución en el que obviamente iban a encontrar medicamentos”, dijo García a EL COLOMBIANO.
¿Qué está originando estos líos?
Con todo y las declaraciones y acciones desafiantes de Gustavo Petro, con este panorama quedan en el aire varias preguntas: ¿qué está pasando con los medicamentos? ¿Es verdad que los gestores los están guardando? ¿Se debe a deudas del Gobierno? ¿Quién tiene la responsabilidad?
El presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), Ignacio Gaitán, cuestionó el señalamiento del presidente sobre que los gestores farmacéuticos estén acaparando o escondiendo medicamentos. “El sector farmacéutico tiene cartera (deudas) de 180 a 200 días en el sector salud y ningún sector de la economía funciona con una cartera así”, explicó.
Al respecto, indicó que si Petro afirma eso, “hay un enorme error matemático porque ninguna empresa que tenga esa cartera y los problemas de flujo de recursos tiene inventario, entonces no hay forma de acaparar en ese estado financiero tan complejo. En vez de seguir peleando, tenemos que sentarnos del lado del sistema para movilizar recursos al sistema”.
Por otra parte, Gaitán explicó que en Colombia “no tenemos problema de desabastecimiento, con alguna excepción de cuatro moléculas específicas” y que “llevamos dos años con un sistema deficitario que se agrava con la unidad de pago por capitación (UPC), flujo de recursos y problemas fiscales que están llevando a un problema en el que los ciudadanos busquen sus medicamentos por canales comerciales. Lo de Cali es la foto que no quería ver el país”.
Entre tanto, el presidente de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Droguistas, Alfonso Cuitiva, señaló que actualmente la población colombiana accede en más del 60% a los medicamentos por el canal institucional, que es la vía en la que un paciente recibe los medicamentos por medio de su EPS y el gestor farmacéutico (como Audifarma, Cruz Verde o Colsubsidio) con el que haya convenio. “El problema que podría presentarse es que los acuerdos comerciales no se estén cumpliendo y si una aseguradora no paga, pues el proveedor corta el suministro y eso causa un efecto dominó”, expresó.
Desde su mirada como representante del sector comercial de los medicamentos —es decir, el canal de compra de medicamentos vía farmacias y droguerías del bolsillo de la gente—, revela que las cifras que manejan en su asociación han visto que “por el canal comercial la demanda ha aumentado porque las personas tienen que conseguir medicamentos, al menos lo que tienen la posibilidad de hacerlo por esa vía, pero el problema son los que no tienen”.
En la vía que menciona Gaitán sobre la falta de recursos para el sistema están también las opiniones de dos personas que han sido funcionarios en la tema de medicamentos y que asesoran a gestores farmacéuticos, que dieron sus percepciones sobre el tema solicitando no ser identificados en esta nota.
Esa falta de recursos del sistema radica en la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que el Estado le gira a las EPS para toda la atención en salud de sus afiliados, incluyendo el suministro de medicamentos. Para un exfuncionario del Ministerio de Salud que trabajó en esta área, “si bien la escasez de medicamentos era en cantidades limitadas, en este momento es más generalizada y tiene que ver con la insuficiencia de la UPC (como lo ha dicho la Corte Constitucional) y ha ido afectando toda la cadena”.
En ese sentido, explicó que esa cadena consta de las EPS que contratan con los gestores para la entrega de fármacos y estos hacen compras a grandes volúmenes para dispensar a los usuarios, pero “con los recursos escasos, los pagos se retrasan, los gestores están teniendo problemas para pagar a los laboratorios”. Ante esta situación, estos últimos “con el tiempo producen la cantidad que saben que les pagarán porque no van a perder plata”.
“El tema de la UPC está afectando varios actores del sistema y que, con eso, los gestores están empezando a reducir costos al máximo para poder operar”, agregó.
De igual manera, una persona que asesora a distintos gestores farmacéuticos no duda en señalar con vehemencia que “el sistema de salud lo tienen en el ‘chu, chu, chu’ que estratégicamente lo ha ido acabando y la mayor estrategia para eso es no pagarles a las EPS o tener una UPC baja”.
¿Los gestores podrían acaparar?
El mismo asesor califica como una “tontería” la tesis de acaparar o de esconder medicamentos que hace el presidente Petro. “¿Para qué un gestor escondería medicamentos? Si las EPS no tienen el dinero suficiente para pagar las deudas, servicios y medicinas y lo que necesitan son recursos, ¿para qué las acapararían?”, dice en referencia a que si lo hicieran para aumentar el precio, no se podría dar porque estos en el canal institucional están controlados por el Estado. El exfuncionario señala esta posibilidad de “poco probable” porque “son recursos que están negociados previamente y no entregarlos es un problema para los gestores y, además, tienen un problema de plata muy grande” como para esconder medicamentos y perder el ingreso por su distribución. “¿Con el objetivo de presionar qué?”, cuestiona.
“Los gestores farmacéuticos tienen muchas poblaciones para surtir. Son millones de medicamentos y no veo en dónde puedan almacenarlos, pues el consumo mensual de medicamentos escasos están actualmente en el orden de decenas de millones de tabletas al mes. ¿Cuántas bodegas tendrían que estar llenas? Si el negocio de ellos, ¿para qué acaparar y subir el precio si lo que necesitan es comprarlas baratas?”, agrega.
Finalmente, Alfonso Cuitiva advierte que algo así “sería muy extraño” y que un gestor prefiera acaparar “no sé para qué lo haría, cuando lo que les interesa es suministrar medicamentos para mover el inventario y cumplir con su misión”. “Para hacer aseveraciones de ese calibre me imagino que el presidente Petro tendrá pruebas para demostrar que eso es así”, sentencia.
La fiscal aterriza a Petro
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en un evento de Gobierno, sobre presuntos acaparamientos de insulina por parte de empresas farmacéuticas y su instrucción de allanar bodegas con apoyo del Ejército y la Policía.
Ante esto, Camargo enfatizó que las diligencias judiciales deben cumplir con los procedimientos establecidos y que la Policía Nacional solo actúa bajo instrucción de fiscales o jueces. “Nosotros ayer, con el vicefiscal, tuvimos una reunión con el director general de la Policía, el general Triana, y hablamos precisamente de temas como ese, de la coordinación diaria con la Policía Nacional, con quien tenemos la mejor de las alianzas. Pero las investigaciones son y deben ser actos ordenados, donde cada entidad cumple su función y hay procedimientos que requieren autorización de fiscales y, en algunos casos, de jueces”, explicó la fiscal.
En cuanto a las denuncias sobre irregularidades en el suministro de medicamentos, la fiscal general aseguró que existen líneas de investigación abiertas en la Dirección Especializada contra la Corrupción sobre posibles manejos irregulares de recursos públicos en el sector salud.
“Últimamente, estamos analizando información remitida por la Contraloría sobre la posible pérdida de recursos públicos en EPS y la destinación de estos fondos. Estos temas forman parte de nuestras investigaciones estructurales”, señaló. Además, la funcionaria aclaró que el Ejército Nacional no tiene funciones de policía judicial y solo puede brindar apoyo operativo en ciertas circunstancias definidas por la ley.
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días de cartera (demoras en pago de deudas) llegan a tener los gestores farmacéuticos.
5,36 %
fue el incremento de la UPC para 2025 que estableció el Ministerio de Salud.
