Los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) amanecieron con una mala noticia este martes. La Fundación Santa Fe de Bogotá anunció que dejará de brindar atención en salud a esa población, según expresaron en un comunicado de prensa.
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El centro asistencia dijo que a partir del 31 de julio de este año se terminará el contrato con la Fudiciaria La Previsora —que es la encargada de la operación del modelo de salud del Fomag—, por lo cual “no es posible continuar con la atención a los afiliados al Magisterio”.
Así mismo, la Santa Fe expresó que este anuncio puede generar inconvenientes en estos afiliados y, por eso, les recomendó “comunicarse directamente con su aseguradora con el fin de recibir las indicaciones pertinentes en relación con la continuidad de la atención en salud que puedan requerir”.
“Queremos reiterarles que seguimos a su disposición para brindarles nuestra atención médica integral y completa, garantizando siempre la excelencia, los resultados superiores en salud y el compromiso que nos caracteriza”, añadió el comunicado.
Finalmente, el centro asistencial indicó que para las citas que estos afiliados tengan agendadas y programadas después del 31 de julio, se pueden comunicar a la línea de atención 482 4488 o por la página de la Fundación Santa Fe en este enlace.
Vale recordar que el modelo de salud del Magisterio tuvo un cambio en su operación desde el 1 de mayo de 2024, que consistió en sacar a los operadores regionales de salud —que se encargaban de la organización de la red de prestación de servicios— y entregarle sus funciones a la Fiduprevisora.
Sin embargo, ese cambio ha tenido inconvenientes en su implementación por problemas en la celebración de contratos con los hospitales y clínicas, por demoras en la atención y asignación de citas y con las crecientes deudas con los prestadores.
El 4 de julio pasado, la Contraloría General de la República reveló los hallazgos que hizo tras realizar una auditoría financiera a la gestión fiscal del Fomag de la vigencia 2024, que arrojó un posible detrimento patrimonial por $81.593 millones. Entre las principales irregularidades detectadas hay inconsistencias en la gestión de cobros de cartera, pagos posteriores al fallecimiento de beneficiarios y ausencia de provisiones presupuestales para facturas médicas. Solo por la ineficiente gestión de cartera, la Contraloría identificó un posible daño fiscal por $23.800 millones.
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