Este proyecto de ley fue aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes y tendrá que afrontar dos rounds más en el Senado.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su preocupación por la aprobación en la Cámara de Representantes de la reforma a la salud, que ahora pasa para su discusión en el Senado.
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En un comunicado, la organización gremial manifestó que la iniciativa “no resuelve los retos actuales del sistema y profundiza la crisis financiera cuya desatención actual amenaza la salud de los colombianos”.
Según la entidad, mientras que el Gobierno sigue sin cumplir la decisión de la Corte Constitucional que le ordenó aumentar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), esta reforma modifica la estructura del sistema de salud sin solucionar primero los problemas financieros que enfrenta.
“Es contrario al mandato constitucional de protección del derecho fundamental una sustitución total del sistema de salud sin antes equilibrar financiera y operativamente el mismo”, explican los empresarios.
También advierten que la reforma amplía las obligaciones a cargo del Estado sin establecer unas fuentes claras de financiación, lo que llevará a profundizar los problemas económicos del sector.
“Nuestros análisis sobre el impacto fiscal de la reforma evidencian que su implementación generará una carga insostenible para las finanzas públicas”, agregan.
A finales del año pasado, la ANDI publicó un informe según el cual la reforma provocará un déficit de $141,4 billones en los próximos 10 años. Los cálculos del Ministerio, en cambio, afirman que habrá un superávit de $21,8 billones.
Entre los artículos aprobados destacan las 25 funciones que tendrán las futuras gestoras, que serán las entidades en las que podrán convertirse las actuales EPS. Estas se encargarían de coordinar la red de prestadores de salud (hospitales y clínicas) de mediana y alta complejidad y las remisiones que hagan los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), así como de hacer auditorías médicas a las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Servicios de Salud (RIITS), que es el proceso de revisar que las cuentas que le cobren a la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) correspondan a los servicios prestados a los usuarios. De igual manera, representar al usuario en su tránsito en las redes.
En plata blanca, esto significa para los pacientes que su “doliente” ante el sistema, y a las que le ponen las tutelas, no serán las EPS, sino estas gestoras, que no tendrán que hacer que la plata alcance para atenderlos, sino que harán coordinación entre CPAS y RIITS y se les pagará más plata por hacer menos de los que han hecho históricamente.
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En ese sentido, quedó aprobado que se les pagará mensualmente el 5 % del valor de la unidad de pago por capitación (UPC) de la población a su cargo. Esto quiere decir que, por ejemplo, y a precio de la UPC actual ($1’521.489), una futura gestora que tenga 5 millones de afiliados recibiría como pago $380.372 millones. También quedó dispuesto que si incumplen con sus funciones, recibirán hasta un 30 % menos (siguiendo el ejemplo, recibirían $114.111 millones menos).
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