La propuesta legislativa busca responder a un fenómeno creciente: el uso de acciones judiciales para acceder a servicios de salud fuera del Plan de Beneficios en Salud (No PBS). Estas decisiones, en algunos casos, generan impactos fiscales elevados y afectan la operación del sistema de salud.
Entre 2005 y 2010, el valor de los recobros por servicios No PBS creció a una tasa promedio del 87 % anual, llegando a $2,35 billones en 2010.
En años recientes, la tendencia se ha mantenido: en 2023 se reportaron 1,3 millones de PQR en salud, y en 2024 la cifra subió a 1,6 millones.
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¿En qué consiste el Comité Técnico que se propone?
El Representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo, propone que el Comité estaría compuesto por representantes de entidades del sector salud, académicos y voceros de los usuarios.
Sus tareas serían consultivas y su enfoque estaría en el análisis técnico y normativo.
También, de acuerdo a la propuesta, se encargaría de analizar el impacto de las decisiones judiciales en el sistema, proponer ajustes normativos basados en los patrones de litigiosidad, coordinar con entidades del sector para obtener información técnica, sugerir medidas que reduzcan litigios innecesarios y presentar informes periódicos sobre tendencias judiciales en materia de salud.
Los conceptos emitidos no serían obligatorios, pero servirían como referencia para que los jueces cuenten con fundamentos técnicos al tomar decisiones.
El planteamiento de las medidas
El proyecto señala que muchos jueces deben decidir sobre tratamientos médicos sin formación técnica en salud.
En algunos casos, esto ha derivado en órdenes judiciales que obligan al sistema a cubrir servicios sin respaldo científico.
Según el texto del proyecto, estas decisiones afectan la disponibilidad de recursos para cubrir servicios incluidos en el PBS.
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