Roy Barreras, exembajador de Colombia en Reino Unido y ahora precandidato presidencial, perdió el pulso de una batalla jurídica que había emprendido contra el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández. El hombre cercano al Pacto Histórico buscaba que el congresista fuera castigado por aparente calumnia: delito que la Corte Suprema no encontró.
La génesis de la batalla judicial viene desde el 14 de abril de 2023. Ese día el senador Pulido –más conocido como Jota Pe Hernández– fue denunciado porque publicó en sus redes sociales un video que el que aseguraba que en el Congreso había una “olla podrida” y que Roy Barreras debía responder por ella, pues para entonces era el presidente del Senado.
El senador Hernández señalaba que Roy Barreras le había entregado un proceso contractual de 8.000 millones de pesos a una “empresa de papel” para producir contenidos del Canal Congreso. Roy Barreras respondió con una denuncia por calumnia contra Jota Pe.
La denuncia del senador Hernández, por su parte, indicaba que había aparentes irregularidades en un convenio firmado entre la empresa Dicitec y la Dirección Administrativa del Senado. La empresa contratista, al parecer, había subcontratado con Espejo Público, cuyo representante legal era la hija de John Jairo Uribe, aparente hombre cercano a Roy Barreras.
Roy Barreras consideró que las afirmaciones de Jota Pe incurría en un ejercicio abusivo de la libertad de expresión y la oposición política y que su honra se veía afectada.
Pues bien, el proceso llegó hasta la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema en abril de 2023 y anunció la apertura de una investigación previa en marzo de este año. Durante ese tiempo se agotaron los esfuerzos de conciliación entre las partes.
Entérese: Jote Pe Hernández acusó a Roy Barreras de corrupción por enredo con $8.000 millones
La Sala, en todo caso, reconoció que Pulido Hernández sí hizo acusaciones directas contra Roy Barreras que incluían tráfico de influencias, peculado e interés indebido en la celebración de contratos, pero concluyó que esas afirmaciones no tenían la intención de faltar a la verdad.
La Corte consideró que el senador Jota Pe actuó en el marco de un control social legítimo frente a hechos que ya eran objeto de investigación.
“Carecen del contenido explícito e implícito para convocar o impulsar a causar daño físico o moral contra su destinatario. Tampoco se advierte que tales mensajes estuvieran motivados por una discriminación en razón de la ideología política de Barreras Montealegre o de los simpatizantes de su partido político”, se lee en el auto de la Corte.
La decisión final fue archivar la denuncia contra Jota Pe Hernández, que había instaurado Barreras por los delitos de calumnia y hostigamiento agravado.
