El Senador que llegó al Congreso gracias a los más de 10 millones de colombianos que votaron por él en la segunda vuelta presidencial firmó hoy, después de varios anuncios y aplazamientos, su carta de renuncia.
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Rodolfo Hernández se va del Senado el 25 de octubre, ¿qué alcanzó a hacer?
Hernández nunca se sintió cómodo en el Congreso y al parecer solo estuvo allí para que su movimiento político, Liga de Gobernantes Anticorrupción, fuera reconocido como partido.
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Rodolfo Hernández firmó su renuncia al Senado a partir del 25 de octubre. FOTO: CORTESÍA SENADO
11 de octubre de 2022
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A pesar de que el día en que fue acreditado como senador, Hernández se comprometió a “hacer oposición como me lo ordena el estatuto: haciendo veeduría, poniendo en evidencia los errores y proponiendo soluciones que beneficien a todos los Colombianos”, el santandereano de 77 años nunca estuvo a gusto en la curul que se ganó sin querer.
”Desde la curul No. 21 del salón de la Plenaria del Senado, será donde desenmascaré todos esos atracos que le están haciendo a los colombianos”, prometió.
Al parecer, Hernández solo la aceptó para que se le reconociera a su movimiento político, Liga de Gobernantes Anticorrupción, como un partido político, de manera que pudiera presentar sus candidatos a las próximas elecciones regionales o nacionales; reconocimiento que obtuvo el pasado 4 de agosto. Además, siempre fue un secreto a voces que Hernández renunciaría antes de que terminara este año para poder lanzarse como candidato a la gobernación de Santander sin ningún impedimento de la ley.
Desde el 20 de julio cuando se posesionó y dijo que tenía más orden “una corraleja que la sesión de apertura del Senado” hasta hoy han pasado 83 días, ¿qué hizo en ese tiempo el ex candidato presidencial que se presentó como un funcionario eficaz y eficiente?
El paso de Hernández por el legislativo estuvo marcado por un par de declaraciones polémicas y el escándalo que se armó por la conversación que se filtró en la que le cobraba a Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial, los honorarios que le había pagado durante la campaña.
Las primeras semanas de Hernández como senador fueron las más activas: su primer pronunciamiento oficial consistió en solicitarle al entonces presidente Duque la suspensión de la adjudicación del Canal del Dique por “razones legales y técnicas que tornan el proceso en un riesgo económico”. Esa misma semana votó a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú que apenas ayer se aprobó definitivamente. Y además citó, junto con los senadores del Partido Verde, Ariel Álvila y Jota P Hernández, a un debate de control político por la posible corrupción del Ocad Paz.
Luego, con la llegada del gobierno Petro, de quien se declaró independiente, se opuso a la nueva reforma tributaria desde el primer día. “Antes de querer joder a los colombianos con más impuestos, que primero aprendan a no gastar y dejar el derroche de la plata pública”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter.
Solo 15 días después de la posesión del gobierno de Gustavo Petro, Hernández ya los estaba calificando de ser “los mismos politiqueros de siempre”. En declaraciones de ese tipo y en un par de denuncias de posible corrupción en Arauca y Casanare, consistieron los últimos dos meses en el legislativo.
El exalcalde de Bucaramanga presentó la denuncia de un “caso terrible de Corrupción” en un contrato que adjudicaría el municipio de Maní (Casanare) para el mejoramiento de la vía por un valor de casi $110.000 millones. Su denuncia fue escuchada por la Procuraduría, que “recomendó” revocar la licitación del contrato.
Por último, la semana pasada, después de que ya había anunciado su renuncia, el ex candidato presidencial radicó el único proyecto de ley que quedará de su fugaz paso por el Congreso: el proyecto de reforma a la ley 80, conocida como ley de contratación.
Este proyecto de ley, según dice la senadora Angélica Lozano, quien acompañó a Hernández en su radicación busca, entre otras cosas, eliminar incentivos para empleados del Estado y contratistas vinculados en hechos de corrupción, fortalecer el control y vigilancia de entidades del Estado y sus contratistas e inhabilitar a los proponentes que se cartelizan para direccionar procesos de selección.
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