La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de enviar a la Fiscalía copias para que investigue a Ricardo Roa reabrió una discusión que él mismo abrió hace un año cuando dijo que daría un paso al costado sin que nadie se lo pidiera.
En un fallo histórico sin precedentes, el Consejo Nacional Electoral determinó que la campaña Petro Presidente en 2022 estuvo manchada por tres conductas irregulares: violación de topes, ocultamiento de gastos y financiación de fuentes prohibidas.
La resolución del CNE, que señala presuntas irregularidades en la financiación y administración de los recursos de la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022, fue enfática en destacar el rol de Roa como gerente nacional.
Según el documento, todas las decisiones económicas —ingresos, contratos y movimientos presupuestales— pasaban por su autorización.
Incluso, en su propia versión libre, Roa afirmó haber mantenido un reporte directo y permanente a la plataforma Cuentas Claras, lo que para el organismo sancionatorio confirmaba su control absoluto sobre la contabilidad de ambas vueltas presidenciales.
La resolución también recoge la declaración del coordinador de riesgos de donaciones, quien señaló que Roa era quien daba el visto bueno final para recibir aportes. Para el CNE, esas piezas permiten establecer un nivel de responsabilidad directa en los hechos que ahora deberán ser examinados por la Fiscalía.
La pregunta inevitable es si la decisión del CNE activa la promesa que Roa hizo en 2024 durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara.
En ese momento, a pocos días de cumplir su primer año al frente de Ecopetrol, el presidente de la estatal defendió su gestión y rechazó las acusaciones sobre la campaña presidencial. Aseguró incluso que no existía ninguna investigación formal en su contra y retó a los congresistas a mostrar la apertura de un proceso si lo encontraban.
En ese mismo espacio, Roa reveló el compromiso que había pactado con la junta directiva: si su presencia llegaba a afectar el buen nombre, la reputación o el valor bursátil de la compañía, él mismo se apartaría del cargo “sin que nadie se (me) lo pidiera”.
Lo presentó como un acuerdo basado en transparencia y responsabilidad personal, y afirmó tener la convicción suficiente para actuar de forma coherente si la situación lo exigía.
Con el fallo del CNE, el escenario cambió. Ya no se trata de rumores o denuncias políticas, sino de una solicitud formal dirigida a la Fiscalía para que investigue su papel como gerente de campaña.
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Aunque la apertura de una indagación penal no equivale a una condena, sí marca un antes y un después frente a la promesa que él mismo instaló en el debate público.
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