El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Fabio Arjona Hincapié, biólogo marino, como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, convirtiéndose en el tercer integrante confirmado de su gabinete. ¿Cuáles serán sus retos principales?
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Arjona ha sido director de Conservación Internacional Colombia, exviceministro de Ambiente, investigador y consultor del Banco Mundial, con una trayectoria de más de dos décadas en conservación de la biodiversidad.
Durante la campaña presidencial, Arjona fue uno de los expertos que acompañó al entonces candidato a la Vicepresidencia, José Manuel Restrepo, en una visita a un páramo.
Los seis retos estructurales de la política ambiental en Colombia
Para explicar los principales retos que enfrentará el nuevo ministro de Ambiente, EL COLOMBIANO consultó a varios expertos. Para Daniel Castillo, decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, hay varias problemáticas.
“Uno, la deforestación; dos, la minería ilegal; tres, la pérdida general de biodiversidad; cuatro, el acceso al agua; quinto, las consecuencias de la variabilidad climática o el cambio climático y sexto, la transición energética”, dijo el experto.
Pero, según dijo, los retos fundamentales “tienen que ver con algo estructural”, que es “la forma en que se ha entendido la política ambiental en Colombia”.
“Hay un bloqueo mental en el que se habla de que proteger el ambiente, la diversidad y los ecosistemas va en detrimento del desarrollo económico y social. Hay que acabar con eso, porque ambas se pueden conciliar. Para esto, es clave que el Estado hable con una sola voz de agua, territorio, productividad, biodiversidad y desarrollo”, explicó.
También mencionó que el ministerio de Ambiente debería trabajar de la mano con las otras carteras, sobre todo las afines como Agricultura y Ciencias. “Tienen reglas de juego o políticas públicas que muchas veces se contradicen e incluyen. Por ejemplo, incluyen incentivos para la ganadería en zonas donde la deforestación es un problema fundamental”, agregó.
El debate entre la reactivación económica y el fracking
En una línea similar habló Viviana Alvarado, especialista en Medio Ambiente y Geoinformática. Para la experta, “el principal reto del Ministerio de Ambiente será encontrar un equilibrio entre la protección del capital natural y la reactivación económica”.
Y, en cuanto a un cambio de enfoque entre el gobierno de Gustavo Petro y el de De la Espriella, dijo que “mientras el gobierno saliente priorizó la transición energética, la conservación de la Amazonía y la restricción de nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos, el nuevo gobierno ha planteado una visión orientada a compatibilizar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental”.
Según la experta, esto implica “fortalecer el licenciamiento ambiental, reducir los tiempos de evaluación sin disminuir el rigor técnico y enfrentar problemas estructurales como la deforestación, la minería ilegal y la contaminación de las fuentes hídricas”.
Esteban Jaramillo Ruiz, exsecretario de Recursos Naturales de Medellín, dijo que el nuevo ministro “debe asumir el cargo entendiendo que terminó la campaña y empieza el gobierno. Muchas de las consignas de campaña deben moderarse, por ejemplo, ‘fracking a lo que marca’ no puede ser la posición del Ministerio, que dentro de su misionalidad tiene el objetivo de proteger los ecosistemas, cuidar la biodiversidad y garantizar el cuidado del agua. Debe mediar en ese debate entre desarrollo y sostenibilidad”.
Y agregó que en los debates ambientales del país debe “priorizarse la protección de ecosistemas estratégicos”. Por ejemplo, en un tema polémico como el del fracking, “allí donde haya una contraposición en un ecosistema estratégico y la generación minera o energética, debería priorizarse la protección. Porque en el corto plazo es más rentable la explotación, pero en el largo los efectos son devastadores”.
También habló de enfrentar la minería ilegal de la mano del Ministerio de Defensa, dado que tiene “un impacto ambiental brutal”.
El futuro de la ANLA y las reglas del licenciamiento ambiental
En la mañana del 3 de junio, el ministro designado Arjona dijo que mantendría la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Según explicó Alvarado, “su permanencia garantiza continuidad institucional, seguridad jurídica y confianza tanto para las comunidades como para los inversionistas”.
Para la experta Viviana Alvarado, “el verdadero reto consiste en fortalecer sus capacidades técnicas, mejorar los tiempos de respuesta, robustecer el seguimiento y control de los proyectos licenciados y consolidar procesos de evaluación basados en criterios científicos”.
Para Castillo, “hoy en día el ANLA es una entidad con una gran experticia técnica, pero los requisitos de los proyectos en términos de evaluación de impacto son difíciles de cumplir. Eso aleja a las empresas privadas para generar proyectos. Puede que esas reglas del juego se revisen”.
La reestructuración de las consultas previas con comunidades
Las consultas previas son procesos de diálogo entre el Estado y las comunidades, que el primero debe garantizar antes de aprobar cualquier medida, proyecto, obra o actividad que pueda afectar directamente los territorios de las comunidades.
Para Jaramillo, es una cuestión de “destrabarlas”, mas no de acabarlas, como se ha planteado desde algunos sectores.
“Hay que reestructurarlas. Destrabar los grandes proyectos de generación energética, conservando el criterio ambiental pero poniendo un enfoque de un trámite que debe terminarse. Son trámites eternos que rompen el modelo financiero de cualquier proyecto”, dijo el experto.
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Y agregó “que no se eliminen las consultas. Si los proyectos ayudan a diversificar las fuentes de energía del país, que eso tenga un enfoque de hacer a la comunidad socia del proyecto; es decir, que se beneficien en términos de infraestructura, salud y servicios públicos”.
Volviendo al decano Castillo, dijo que “no es muy claro cómo va a ser lo de las consultas previas, pero como lo ha planteado el ministro entrante creo que irá hacia una visión más práctica, que no sé qué tanto pueda beneficiar a las empresas privadas más que a las comunidades locales. Hoy, esto está muy centrado en ellas”.
Y agregó que “lo que plantea es que no se hagan desde los gestores de los proyectos, sino desde el Estado. Quién sabe qué tanta participación habría de comunidades y empresas”.
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