La Corte Constitucional ratificó ayer su poder al eliminar una pieza clave en el engranaje de la reforma al equilibrio de poderes, aprobada hace un año por el Congreso de la República.
Con siete votos a favor y uno en contra la Sala Plena declaró inconstitucional el artículo que creó el Consejo de Gobierno Judicial, que reemplazaba al Consejo Superior de la Judicatura en la labor administrativa de la justicia en Colombia. Lo que sigue vivo es la Comisión de Disciplina Judicial, que sustituyó la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
El argumento que se conoció de manera extraoficial por parte del magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien presentó la ponencia negativa, fue que el artículo mencionado violaba la independencia de la Rama Judicial. Además, no compartía la designación de tres miembros permanentes de nueve que tiene el nuevo órgano.
Según el magistrado, esos miembros permanentes desconocen la casuística de la Rama y no son ni siquiera abogados. Además, no tendría la idoneidad para elaborar las listas de candidatos de las que la Corte Suprema y el Consejo de Estado proveen sus integrantes.
Para el jurista y exministro Jaime Castro, la reforma judicial le quedó grande al presidente Juan Manuel Santos, porque fracasó primero con el proyecto que el mismo Gobierno le pidió al Congreso que archivara, después de haberlo promovido
“Los ministros Yesid Reyes y Juan Fernando Cristo presentaron como un gran logro el equilibrio de poderes, donde aparecía como pieza maestra la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, pero ahora esta revive de sus cenizas. Ese órgano no responde a los propósitos fundacionales, ha debido desaparecer hace rato. Mientras tanto seguimos sin administración de justicia. La culpa no es de la Corte sino del Gobierno, que no supo tramitar el proyecto”, conceptuó Castro.
Por su parte el constitucionalista Héctor Riveros, director del Instituto del Pensamiento Liberal, explicó que la Corte no habla de vicios de trámite, sino que la conformación del Consejo de Gobierno debilita el gobierno judicial o autogobierno de los jueces.
“La decisión de la Corte es equivocada y los argumentos son rebuscados. El Consejo Superior de la Judicatura lo integran unos magistrados sin participación de los demás miembros del poder judicial, mientras que en el Consejo de Gobierno sí participaban los representantes de los empleados. Y a la Corte le interesa participar en la postulación de los magistrados”.
Riveros agregó que con esta decisión de nuevo se abre el debate sobre los límites de la Corte en el país, porque tumba leyes del Congreso y a veces sin que el Congreso las dicte, las impone.
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