En una atípica e inusual sesión en plena Semana Santa, el Senado de la República se reunió este martes y una vez más discutió la reforma pensional. Hoy por hoy –luego de semanas en las que hubo rompimiento del quórum, votación de impedimentos y hasta constancias para que los senadores hablaran de otros temas–, la plenaria avanzó y escuchó a sectores sociales y académicos frente a los pormenores del proyecto. Así, se allana el camino para que formalmente el próximo 1 de abril arranque –ahora sí– la discusión del proyecto en segundo debate.
Justamente, uno de los apremiantes ahora es el tiempo: el Gobierno de Gustavo Petro debe lograr que antes del 20 de junio –es decir, en poco más de dos meses, cuando concluye sesiones el Congreso–, la reforma sea aprobada en sus cuatro debates. De lo contrario, será archivada.
Actualmente, el proyecto solo ha superado la discusión en la Comisión Séptima del Senado. Falta la aprobación en plenaria (donde hoy está el proyecto), para luego pasar a la Séptima de la Cámara y, finalmente, a cuarto debate en la plenaria de esa Corporación.
El Ejecutivo es consciente del desafío: “Tenemos un problema grande que hay que solucionar y es la estrechez de los tiempos, porque la reforma estuvo cinco meses sin debatir. Estamos esperando que en la semana de Pascua podamos discutir el articulado que haga posible que Colombia tenga una reforma pensional que dignifique la vejez de los colombianos”, admitió la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Y este martes, al sesionar en plena Semana Santa, comenzó a despejarse al fin el camino para avanzar en la discusión y saber si habrá o no reforma pensional. Tal como propuso la oposición, antes de arrancar el debate, se citó a una sesión informal para escuchar a sectores sociales, gremiales y académicos para conocer sus lecturas, observaciones y análisis del proyecto.
De lado quedaron las voces que reclamaban que esta sesión era otra manera de dilatar el debate: a la plenaria asistieron 81 de 105 senadores y, en su gran mayoría, escucharon con atención cada una de las reflexiones y estudios que presentaron los invitados.
El diagnóstico sigue siendo claro: en el tema pensional hay fallas de sostenibilidad, cobertura y acceso, lo que evidencia la necesidad de una reforma a la manera como los colombianos acceden a la pensión. No es un asunto menor: apenas uno de cada cinco ciudadanos consigue pensionarse y cuatro millones de personas –casi dos veces la población de Medellín– no tienen ningún amparo para su vejez.
“La reforma es urgente no solamente por temas de sostenibilidad, sino de justicia. El sistema actual es muy injusto, y mientras más nos demoremos en aprobar reforma, más vamos a prolongar esas injusticias”, alertó durante el debate Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Sin embargo, la nuez del asunto sigue siendo el umbral a partir del cual se debe cotizar. Mientras que el Gobierno insiste en que aquellos que ganen hasta 3 salarios mínimos coticen en Colpensiones (si ganan más podrían ir a fondos privados), sectores independientes y de oposición piden que en el fondo público coticen aquellos que ganen entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Detrás de todo se encuentra el manejo de millonarios recursos y la entrega de subsidios.
En sintonía con lo dicho por universidades como el Externado o los Andes, el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana coincidió en que reducir el umbral de cotización es una de las claves. Pero alertó que hay más oportunidades de mejora: “Reducir el umbra es una, pero más importante es la gobernanza y administración del fondo de ahorro del pilar contributivo. La reforma blinda el ahorro nacional, siempre y cuando los recursos adicionales que obtendrá Colpensiones se ahorren. Si no se ahorra, se corre un riesgo muy grande”.
Según el Ejecutivo, el proyecto abarca cuatro pilares: el solidario (que otorgaría una transferencia monetaria para mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más en condición de pobreza extrema); el semicontributivo (para mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más que hayan cotizado al sistema pensional al menos 300 semanas); el pilar contributivo (contribuciones obligatorias para aquellos que ganen entre uno y tres salarios mínimos), y el de ahorro voluntario (para cotizantes que quieran hacer aportes voluntarios al sistema de pensiones).
Con todo, durante el debate se escucharon voces críticas, incluso entre sectores que otrora eran afines al petrismo. Según Miryam Luz Triana, presidenta de la Confederación General del Trabajo (CGT), la reforma “no cumple estándares ni recomendaciones de la OCDE. Tampoco convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No fueron considerados factores sociales y hay artículos que afectan a trabajadores y violan la libertad sindical”.
Otra fue la lectura de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), agremiación que aún se mantiene cercana al presidente Gustavo Petro. Según Arias, es evidente que se requiere ampliar la cobertura pensional y por ello, el umbral de cotización de hasta 3 salarios mínimos debe mantenerse. “Hoy hay 4,7 trabajadores por cada pensionado. En 2050 serán apenas dos trabajadores por pensionado”.
Al término de las sesión de este martes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sorprendió al abrir la puerta a que se modifique el umbral de cotización y que incluso sea menor de 3 salarios mínimos. “Si me demuestran que eso resuelve el problema fiscal podríamos pensarlo, pero realmente nuestros cálculos dan que entre más bajo sea el umbral, más costo le va a costar al Estado”, explicó.
Según el ministro, se prevé que ese tipo de discusiones sean las que comiencen a darse de forma técnica, pero consensuada en el Senado. Al igual que su colega en el Ministerio de Trabajo, reconoció que los tiempos están apretados: “Espero que realmente después de esta sesión, el Senado empiece a discutir en forma esta reforma, porque solo nos queda lo que resta de este semestre para sacarlo de Senado y que se apruebe en Cámara. Los tiempos los veo difíciles. Espero que no sea una actitud dilatoria para hundirla”.
Concertación, clave en el tejemaneje político
Justamente, para la ministra de Trabajo lo importante es que ya se destrabó la discusión y al fin arrancará el debate de manera definitiva. De acuerdo con Gloria Inés Ramírez, la sesión con académicos y sectores sociales permitió recoger propuestas para mejorar el proyecto.
“Todo mundo ha dicho que es momento para que haya reforma, se necesita. El sistema como está no tiene capacidad para seguir operando. La sostenibilidad financiera está en alto riesgo. La cobertura no ha cumplido con sus objetivos. Que haya dos sistemas en competencia solamente pasa en otro país del mundo, que es Perú. Hay un consenso en que hay que transitar al sistema de pilares”, señaló la ministra.
A diferencia de lo que ocurre con la desahuciada reforma a la salud –que hoy pende de un hilo y que también está apretada por tiempos–, la reforma pensional tiene más chances de salir adelante en el Senado. Si bien genera resistencia, no suma tantos detractores, hay un ánimo de discusión mucho más vivo y la oposición no tiene una postura unificada alrededor de hundir el proyecto: hay matices y hay quienes creen que se podrían salvar aspectos de la iniciativa.
“Con la pensional hay ánimo de discutir. Con la reforma a la salud hay un ánimo de archivar”, reconoció a EL COLOMBIANO el senador oficialista Wilson Arias (Pacto Histórico). “Estamos viendo que hay una voluntad diferente, distinta”, dijo a su turno la ministra de Trabajo.
De acuerdo con Arias, uno de los puntos decisivos es el umbral de cotización y aseguró que hay centrales sindicales que inclusive están apuntando a que coticen en Colpensiones aquellos que ganen hasta 4 salarios mínimos, como en su momento sostuvo el presidente Gustavo Petro. “Hemos contemplado 3 salarios mínimos, pero 1,5 salarios –señalan ellos mismos–, envilecería el ingreso de los pensionados de manera rampante y mejoraría mucho el negocio de los fondos privados de pensiones”.
Para la ministra de Trabajo, es un tema que sigue en evaluación y que demanda el más detallado análisis: “Diferente a cualquier otra reforma, esta funciona con ecuaciones. Si se mueve un factor, hay que mover ocho o más para poder conseguir los equilibrios necesarios para tener un sistema pensional sostenible, con accesibilidad y universalidad, pero que proteja una inclusión desde los que no tienen nada, hasta los que tienen mucho”.
Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) le aseguró a este diario que la reforma aún se puede arreglar, pero sobre la base de que la cotización al fondo público sea desde un salario mínimo. “Eso garantizaría que solo subsidiemos personas que necesiten el subsidio y que no subsidiemos a nadie que no lo necesite”.
Además de advertir que la reforma no debe traducirse en que el Gobierno obtenga caja y termine bajando lo que gasta en pensiones –“el año entrante tendrían $4.3 billones, el siguiente $5.3 billones”–, Valencia abogó además por atender la remuneración que tendrían los fondos privados: “El proyecto lo lleva a cero, pero después dice que va a cobrarles sobre todo, pero no sabemos cuánto. Esto tiene que ser muy claro: ni tan poquito que los quiebre, ni tanto que nos quite los recursos de las pensiones”.
Sin embargo, al igual que pasa con otras reformas, en la arena política y de concertación el problema recae en el diálogo y a qué tanto esté dispuesto a ceder el Gobierno. Pesimistas de lograr algún acuerdo y alertando que la reforma deterioraría el sistema pensional, Cambio Radical se alejó de cualquier ánimo conciliatorio y desde ya anunció su no rotundo al proyecto.
“La pensional es más lesiva incluso que la reforma a la salud, porque puede acabar con todo lo que se ha construido durante décadas. No soluciona el déficit pensional, el acceso ni la cobertura para pensionados. Tampoco corrige la informalidad. Se estima que cerca de la cuarta parte del presupuesto nacional se está yendo al pago de pensiones. Lo que va a ocurrir si se aprueba esta reforma es que se estaría casi que dedicando la mitad del presupuesto para las pensiones en 2050”, alertó en entrevista con EL COLOMBIANO el senador Carlos Fernando Motoa.
Para su copartidario en Cambio Radical, el senador David Luna, la reforma del gobierno Petro atenta contra el ahorro de los colombianos, pero sobre todo con el derecho a elegir. “Cada colombiano debe elegir dónde ahorrar. Esta reforma obliga a que se haga en el sistema público, el cual puede tener gravísimas posibilidades de insubsistencia”, dijo.
Aun cuando reconoció las bondades que trae el proyecto, la senadora Valencia reclamó que la falta de concertación condenaría al fracaso al proyecto. “El problema es que al Gobierno no le gusta concertar nada. Le gusta hablar de acuerdos nacionales que son un contrato de adhesión donde uno tiene que ir a decir que todo lo que ellos dicen está bien y así no es”.
A su turno, el senador Wilson Arias admitió que hay posturas “bastante disímiles” y que será “difícil pretender un punto de acercamiento” puntualmente frente al tema del umbral de cotización. No obstante, no se atrevió a hablar de diferencias irreconciliables, sino diferencias “importantes”. Por ello celebró que al fin arranque la discusión: “Hay documentación, estudios, copiosa literatura e información que además ha sido de amplia circulación sobre la mesa. Espero que nos atengamos a ella”.
Finalmente, el ministro de Hacienda precisó que sí hay animo de diálogo, pero instó a que lo pongan en práctica todos los sectores. “No saco nada con lo que digo, sino con lo que hago y lo que hago es dilatar”, indicó. La pregunta que salta a la vista ahora es ¿quién dará el primer paso?
