Los investigados son Carlos Alberto Chaparro Sánchez, quien se desempeñaba como director general, y Cristian David Muñoz Velasco, entonces jefe de la Oficina Jurídica de la entidad.
La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos contra dos exfuncionarios de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA por presuntas irregularidades en un proceso de contratación realizado en 2022.
Los investigados son Carlos Alberto Chaparro Sánchez, quien se desempeñaba como director general, y Cristian David Muñoz Velasco, entonces jefe de la Oficina Jurídica de la entidad.
La investigación está relacionada con una subasta para comprar computadores destinados al fortalecimiento de la transformación educativa y digital en Medellín.
Según la Personería, durante el proceso se habrían presentado fallas como estudios de mercado deficientes, precios inflados, cotizaciones de empresas sin la experiencia necesaria, falta de claridad sobre la cantidad y el tipo de equipos requeridos y un cierre anticipado de la subasta.
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Además, se cuestiona que la adjudicación final no habría respondido de manera adecuada a las necesidades técnicas del proyecto, lo que podría haber afectado la transparencia y legalidad del contrato.
De acuerdo con el ente de control, el proceso se habría adelantado sin una planeación clara ni criterios técnicos bien definidos, lo que va en contra de las normas que rigen la contratación pública.
La presunta falta fue calificada como gravísima. El caso pasará ahora a la etapa de decisión disciplinaria, donde se continuará el trámite correspondiente y se garantizará el debido proceso a los implicados.
Cabe destacar que en agosto de 2024, EL COLOMBIANO publicó una denuncia sobre un contrato adjudicado por Sapiencia para la compra de casi 2.000 computadores por unos $20.000 millones, en el que se señalan posibles irregularidades y un presunto detrimento de más de $8.200 millones.
La denuncia apuntaba a que el proceso de contratación no tenía claridad sobre las cantidades de cada tipo de equipo que se iban a adquirir, lo que, según los denunciantes, pudo favorecer beneficios económicos injustificados para el proveedor.
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Quienes presentaron la queja ante la Fiscalía y otras instancias de control explicaron que desde antes se habían enviado alertas al antiguo director de Sapiencia, al Concejo de Medellín y al entonces alcalde Daniel Quintero sobre estas posibles irregularidades, sin que inicialmente se tomaran medidas.
También se indicó que la compra se había realizado sin especificaciones claras que permitieran comparar precios o garantizar beneficios reales para la ciudad.
El contrato fue cuestionado en distintos órganos de control; aunque en una etapa la Contraloría de Medellín archivó el caso, el director de Sapiencia decidió llevar el asunto ante la Unidad de Delitos contra la Administración Pública por considerar que podría haber consecuencias penales si se demostraban fallas en el proceso de adjudicación.
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