El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció una reforma al esquema de consulta previa y licenciamiento ambiental en Colombia. El vocero oficial, Miller Soto, explicó, en un video difundido por los canales oficiales, que la consulta previa no desaparecerá, sino que se busca modificar su funcionamiento para hacerla más clara, ágil y garantizar los derechos de las comunidades étnicas.
Según Soto, uno de los principales cambios propuestos consiste en que el trámite de la licencia ambiental y el proceso de consulta previa puedan avanzar de manera paralela, sin que uno quede supeditado a la culminación del otro.
“Con este modelo, las autoridades ambientales y de consulta previa adelantan sus competencias sin duplicar trabas, asegurando la protección de las comunidades sin que el trámite detenga el estudio o la decisión de los proyectos”, señaló el Gobierno.
La propuesta busca que, mientras la autoridad ambiental evalúa los posibles impactos de una obra o proyecto sobre ríos, bosques, fauna, suelo, aire y otros ecosistemas, la entidad encargada de la consulta previa pueda determinar, de manera paralela, si existe una afectación directa sobre alguna comunidad étnica.
En caso de establecerse dicha afectación, el proceso de consulta podría avanzar de manera independiente frente al trámite ambiental, de acuerdo con el esquema planteado por el Gobierno.
El objetivo, explicó el vocero, es diferenciar las competencias y los tiempos de ambos procedimientos para evitar que la consulta previa se convierta en un factor que suspenda o retrase la evaluación o decisión sobre determinados proyectos.
Actualmente, ambos trámites tienen una relación jurídica.
¿Qué es la consulta previa?
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) señala que la consulta previa es un derecho fundamental y colectivo que garantiza a las comunidades étnicas la participación y el acceso a información sobre proyectos, obras o actividades susceptibles de afectarlas directamente.
La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), adscrita al Ministerio del Interior, es la entidad encargada de liderar, dirigir y coordinar estos procesos.
En el trámite de licenciamiento ambiental vigente, la ANLA verifica el pronunciamiento de la DANCP sobre la procedencia de la consulta previa y exige al interesado la información que acredite el desarrollo del proceso cuando este resulta procedente.
Además, la normativa establece que la autoridad ambiental no puede otorgar una licencia ambiental cuando corresponda realizar una consulta previa y esta no haya sido protocolizada.
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Por ello, el anuncio del Gobierno supone un cambio en la forma en que actualmente se articulan ambos procedimientos: la propuesta busca que la evaluación ambiental y la consulta previa puedan desarrollarse simultáneamente, manteniendo separadas sus competencias y responsabilidades.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿En qué consiste el cambio propuesto para la consulta previa y la licencia ambiental?
- La propuesta busca desvincular ambos procesos para que tramiten de forma simultánea e independiente. La evaluación ambiental sobre ecosistemas y la determinación de afectaciones directas a comunidades étnicas avanzarán en paralelo sin depender entre sí.
- ¿La reforma elimina el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas?
- No. El vocero oficial, Miller Soto, aclaró que el mecanismo no desaparece, sino que se reestructura para ser más ágil, claro y con mayores garantías para los pueblos étnicos.
- ¿Qué sucede si se confirma la afectación de una comunidad durante el proceso?
- Se abrirá de inmediato el procedimiento de concertación de forma paralela, sin necesidad de esperar a que concluya la evaluación del estudio de impacto ambiental por parte de la autoridad competente.
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