Dice el viejo y conocido refrán que “no hay cuña que más apriete que la del mismo palo”. Y el gobierno del presidente Gustavo Petro es el vivo ejemplo de ese dicho. Son varios los ejemplos, pero el más reciente lo protagonizó el ministro de Educación, Alejandro Gaviria Uribe, respecto a la reforma a la salud que se presentará en dos semanas al Congreso.
En un documento de cuatro páginas, el ministro expresó sus “principales preocupaciones” sobre los cambios en el sistema de salud que se han conocido hasta el momento. Allí, Gaviria lanzó fuertes puntazos a esta reforma –una de las principales banderas del presidente desde la campaña– de inicio a fin. Frases como “el sistema actual es producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo. Destruirlo sería un suicidio” apuntalan las críticas del hoy encargado de la cartera de educación.
A diferencia de los reparos que en otras ocasiones se le han hecho tanto a la ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, y a Petro, este nace de la entraña del Ejecutivo: uno de los ministros más preparados y técnicos que tiene el gabinete ministerial. De hecho, Alejandro Gaviria ocupó la cartera de salud durante seis años –en la administración de Juan Manuel Santos, entre 2012 y 2018– y es una voz autorizada en el manejo de esa cartera y que mejor conocen los virucuetos del sistema de salud.
Gaviria inició dudando sobre la premisa de la que parte el fondo de la reforma, que es, más o menos, que todo lo malo del sistema es responsabilidad de las entidades prestadoras de salud (EPS). “Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico (...) de lo que funciona y no funciona. Nunca se comienza de cero, (pero) eso no ha ocurrido con la reforma que ahora se propone. El diagnóstico no es claro”, apunta el ministro.
En esa vía, también señaló que “la experiencia de Colombia con pagadores públicos (como pretende la reforma para que la administración de recursos no se haga con la intermediación de las EPS) ha sido desastrosa. Lo fue con la libre adscripción del Seguro Social en 1996 (...). El país recuerda los carteles de la hemofilia, el VIH, enfermos psiquiátricos. Todo esto podría repetirse a una mayor escala con la actual propuesta”.
Avanzando en su desglose de golpes a la propuesta, el también exrector de la Universidad de los Andes recordó las numerosas virtudes del sistema de salud, como lo hizo en una recordada intervención en el Senado en noviembre de 2016 durante un debate de control político.
Solo que en esta carta lo dijo con otras palabras: “hay mucho que conservar. Casi todos los hogares están protegidos financieramente: una enfermedad no implica una quiebra familiar ni obliga a la liquidación de activos. Un puñado de hospitales del país están entre los mejores de la región. En los mejores hospitales privados se atienden personas de todos los orígenes socioeconómicos”.
Posteriormente, el ministro Gaviria reparte en tres puntos sus preocupaciones: pacientes, recursos, transición y reforma. En cuanto al primer punto, advirtió que “la ruta de atención no es clara”, pues el modelo planteado es “fragmentado” y parte de una división entre “la atención primaria y la de mayor complejidad”. Manifiesta que las EPS “tienen diez veces más centros de atención primaria que los propuestos en la reforma” y pregunta por recursos: “¿quién va a coordinar la atención domiciliaria, las enfermeras en casa y la entrega de miles de balas de oxígeno?”. Y ante esto, vaticina: “sin controles el fraude puede ser inmenso”.
Por otro lado indicó que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se encarga del giro directo (pago directo a los prestadores de salud) y no de ordenar el gasto. Por eso advierte que “la reforma ignora ese punto esencial”, por lo cual se desconoce quién realizará el control del gasto. “Suponer que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se va a hacer esa tarea, es ilusoria”, agrega.
Así mismo, en el punto sobre la transición entre modelo y modelo pregunta: “¿Cuánto tiempo tardaría la puesta en marcha de una sistema de información centralizado, sin una reflexión sobre cómo transferir capacidades?”. Y añade que este cambio “tomaría décadas y la reforma parece subestimar la complejidad del proceso”.
Finalmente, Alejandro Gaviria insistió en que sin un diagnóstico claro “la reforma propuesta puede hacer mucho daño”, lo cual iría en contra del principio: “ante todo no hacer daño”.
¿Servirán estas advertencias?
Después de que se conociera esta carta, el propio Gaviria salió a bajarle la espuma a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió que ese documento lo escribió “días antes del Consejo de Ministros que tuvimos en Villa de Leyva. Allí lo expuse en su totalidad y fue discutido ampliamente por todo el gabinete. Creo en la deliberación y en la posibilidad de lograr consensos para construir las reformas que el país necesita”.
Sin embargo, los reparos del ministro de Educación generaron una ola de comentarios de expertos y opositores del gobierno que pusieron el dedo en la llaga sobre una de las reformas en las que Gustavo Petro tiene más ahínco en sacar adelante.
Y con esto, ha habido una tanda de noticias poco favorables para ese fin, desde el punto de vista político y popular. Los partidos Liberal, Conservador y La U –todos de la bancada de gobierno– expresaron sus dudas sobre este proyecto públicamente y hay dudas sobre si el oficialismo contará con los votos suficientes para sacarla adelante.
Por otro lado, los resultados de la Gran Encuesta del Sistema de Salud en Colombia, realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) e Invamer, mostraron lo bien parado que está el sistema de salud ante la opinión de los colombianos. El 73 % considera que pueden acceder a los servicios de salud oportunamente, mientras que el 63 % está en desacuerdo con eliminar las EPS.
En esa vía, han sido varios los que ven con recelo la reforma. Como las directoras de los gremios de las EPS; los representantes de movimientos sociales opuestos a las asociaciones médicas afines a Carolina Corcho; el exministro de Salud Fernando Ruiz; el expresidente César Gaviria y el presidente del Senado, Roy Barreras.
Sobre esa presión política que pareciera haber sobre el Gobierno, el investigador del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, Johnattan García, le dijo a EL COLOMBIANO que en los partidos que se alejan de la pretensión de la ministra Corcho “no funciona el voto disciplinado y va a depender del conocimiento que tengan los congresistas del sistema de salud, así como la en la forma en que se quieran relacionar con el Ejecutivo”.
Una mirada diferente tiene la vocera del comité de impulso de la reforma, Ana María Soleibe, quien tiene “tanta confianza” en que el Congreso la apruebe, “porque es tan juicioso el texto y todo está tan calculado, que las dudas que tengan serán resueltas. Además hay un mandato popular que los llevó al Congreso y por eso tienen que cumplirle a la ciudadanía”.
Por otro lado, el profesor de Salud Pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, le dijo a este diario que comparte lo expresado por el ministro de Educación. Empezando, dice, porque las EPS no son las responsables de aspectos por mejorar –como el tiempo de demora en citas con especialistas–, aunque el gobierno centre los problemas del sistema en las aseguradoras. “Los sistemas siempre necesitan ajustes y no necesariamente reformas. El manejo de los recursos por parte de los públicos en el pasado tampoco es la mejor”, expresa.
Entre tanto, el investigador García también añade que los puntos señalados por Gaviria , y que comparte, dejan entrever que “esta reforma pareciera no estar enfocada en el paciente, sino en eliminar las EPS y ahí es donde caben muchas preguntas que tienen que resolverse porque si no, no tendremos algo mejor de lo que tenemos hoy. No podemos echar para atrás”.
Peñaloza, a su vez, recuerda que ordenar el gasto –una tarea que quedaría en manos de la ADRES– es una función que demanda mucho más trabajo y no tiene capacidad de hacerlo. Aspecto que terminaría en que los recursos se asignen por igual a los territorios y “si se dividen así, empezamos con desigualdad porque no estaremos distribuyendo por necesidad de los recursos. Eso se puede volver un fortín político”.
Finalmente, Soleibe zanjó los señalamientos de Gaviria sugiriendo que “se necesita comunicación el presidente para que el ministro aclare los temores que tiene, pues pareciera que no conoce que es una propuesta que lleva años estudiándose ni es una improvisación”.
El tiempo y el Congreso apremian y entre más pasa el tiempo sin conocerse el texto completo y oficial de la reforma, la incertidumbre en el sector salud seguirá incólume. ¿Lo conocerá la ciudadanía antes de que la presenten para su discusión? Faltan dos semanas para eso y sin documento oficial para profundizar, cada inquietud o comentario –tanto externas como internas– le hará daño al Gobierno y a los usuarios que en últimas esperan que recaiga sobre ellos una buena atención.
