El gobierno de Gustavo Petro presentó su nuevo Instituto Nacional de Vías Regionales, Invir, una entidad que reemplazará al antiguo Invías (Instituto Nacional de Vías) y que le permitirá entregar contratos “a dedo” a organizaciones sociales o colectivos locales.
El decreto fue revelado en la tarde de este viernes y fue firmado gracias a las facultades extraordinarias que le aprobaron a esta administración durante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
Textualmente, el decreto detalla que esa nueva poderosa entidad tendrá las facultades para la construcción, mejoramiento y conservación de vías y caminos veredales en todo el país “en cooperación con los departamentos, municipios, o con otras entidades oficiales, semioficiales o privadas”.
Lo cierto es que el Invir tenía su polémica desde mucho antes de nacer, pues el Gobierno ya había generado mucha resistencia en el Congreso y la opinión pública cuando habló de contratar directamente la construcción de vías rurales y caminos veredales con lo que Petro y sus ministros llaman “organizaciones populares, economía popular y organismos de acción comunal”, entre otras.
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Pese a que en la teoría esa idea suena como un objetivo loable, pues le daría a las comunidades los recursos para construir lo que necesitan, en la práctica ese mecanismo se puede prestar para clientelismo y corrupción.
En épocas electorales, por ejemplo, los mandatarios de gobiernos locales, departamentales y nacionales podrían asignar “a dedo” para ganar apoyos.
Y lo mismo con las asociaciones que reciban los dineros. Una vez esté en mano de esas pequeñas entidades, para el Estado será más difícil supervisar que se construya cada proyecto y, por ende, podría haber decenas de obras sin construir por problemas de corrupción o de logística.
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Muchas de esas entidades a las que el Gobierno pretende darles esos proyectos nunca han tenido experiencia en construcción de obras de infraestructura o en manejo de grandes cantidades de dinero.
De hecho, el decreto deja abierta una puerta preocupante: serán los directivos de la entidad lo que determinarán los manuales y condiciones de contratación, un punto que es delicado porque, en la práctica, es el mismo Gobierno el que ubica a la mayoría de las personas que conforman el Consejo Directivo.
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