El Congreso tiene sobre la mesa un proyecto de ley que busca prohibir en Colombia los bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y determinados procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, radicada el pasado 26 de agosto como el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, se denomina “Ley Laura, Niños No Experimento” y ya se encuentra en trámite.
La propuesta pretende establecer que los menores de 18 años no puedan acceder a intervenciones médicas destinadas a modificar características sexuales con el propósito de adecuarlas a una identidad de género distinta del sexo asignado al nacer.
También plantea sanciones para los profesionales de la salud y las instituciones que realicen, ordenen, autoricen o faciliten los procedimientos que quedarían prohibidos. Uno de los tratamientos que quedaría en el centro de esa prohibición son los bloqueadores de pubertad.
Los autores y congresistas que presentaron el proyecto de ley son Andrés Eduardo Forero Molina (senador del Centro Democrático), Luis Miguel López Aristizábal (representante por el Partido Conservador), Carol Borda (representante de Salvación Nacional), David Gerardo Cote Rodríguez (representante del Centro Democrático) y Sara Castellanos (senadora de Salvación Nacional).
Y precisamente sobre su utilización en menores habló el endocrinólogo pediátrico Mario Angulo Mosquera, quien hizo parte del equipo especializado de la Fundación Valle del Lili que atendió este tipo de casos desde finales de 2017.
Según explicó el médico en entrevista con Mañanas Blu, el uso de estos medicamentos no comienza simplemente porque un niño manifieste dudas sobre su identidad de género.
La atención, afirmó, parte de una evaluación en la que intervienen diferentes profesionales y en la que los padres tienen un papel fundamental.
Angulo aseguró que el equipo atendió 114 pacientes desde su creación, una cifra que contrastó con los cerca de 800 pacientes que mensualmente recibe el servicio general de endocrinología pediátrica de la institución.
El especialista explicó que durante la infancia existen menores que exploran diferentes formas de expresión de género y que esas manifestaciones no significan necesariamente que exista una identidad trans. “Hay un porcentaje grande de niños que en su infancia exploran expresiones”, afirmó.
De acuerdo con el endocrinólogo, cuando esas expresiones no son persistentes, el proceso puede mantenerse en un acompañamiento psicológico y familiar.
El equipo que integraba denominaba ese momento como una “fase exploratoria de género”. El escenario cambia, según su explicación, cuando existe una manifestación persistente y el menor comienza la pubertad. Es entonces cuando los bloqueadores pueden entrar en consideración dentro de la valoración médica.
El respaldo del Gobierno al proyecto quedó explícito este martes. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Ejecutivo acompaña la iniciativa y anticipó que trabajará para sacarla adelante. “Compartimos plenamente su espíritu y su contenido. El Gobierno lo apoyará con determinación”, afirmó.
Hasta entonces, aunque existía una coincidencia pública entre el presidente y sectores de las iglesias cristianas y católicas que han defendido el proyecto, el respaldo de De la Espriella a esta agenda legislativa no había quedado expresamente planteado.
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El pronunciamiento llegó después de que el senador Andrés Forero, del Centro Democrático y uno de los congresistas que impulsa la iniciativa, le recordara al mandatario que el Congreso ya había presentado el proyecto.
“Presidente, junto con varios congresistas ya presentamos un proyecto de ley”, le respondió Forero. Y agregó: “Esperamos contar con el apoyo del Gobierno”.
El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, también respaldó la iniciativa y dijo defender “las válidas preocupaciones del Presidente De la Espriella”.
Desde las organizaciones que defienden los derechos de las personas trans, la lectura es completamente distinta. Lina Quevedo, activista por los derechos de esta población, dijo en diálogo con El País América que la iniciativa, a su juicio, parte de afirmaciones que no corresponden con la atención médica que reciben actualmente los menores trans en Colombia.
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“Quedó muy claro el espaldarazo”, sostuvo Quevedo. La activista cuestionó particularmente las afirmaciones sobre cirugías, mutilaciones y esterilizaciones químicas en menores.
Según explicó, en Colombia no se realizan cirugías de cambio de sexo, mutilaciones ni esterilizaciones químicas a menores de edad, como sostienen quienes promueven el proyecto.
Quevedo señaló que la atención existente comprende acompañamiento psicosocial para niños y adolescentes que se identifican como trans y, en determinados casos, el uso de bloqueadores de pubertad bajo supervisión médica.
Estos medicamentos, recordó, también se utilizan en pacientes con pubertad precoz y tienen como finalidad retrasar temporalmente el desarrollo puberal.
Para la activista, el problema del proyecto va más allá de la discusión sobre los tratamientos. “Ese proyecto no solo es contra las infancias y adolescencias trans, sino que es contra la autonomía médica, es la politización de la medicina”, afirmó.
El debate legislativo coincidió con la difusión del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, del mexicano Samuel Adrián, producción que cuestiona los tratamientos de afirmación de género para menores y que puso en circulación la afirmación de que el 78 % de los procedimientos de reafirmación de género en Colombia se practican en niños menores de siete años.
Angulo apareció mencionado en esa producción a partir de una grabación que, según denunció, fue utilizada sin su consentimiento.
El endocrinólogo alegó una vulneración de sus derechos a la honra y al buen nombre y pidió retirar los clips, referencias e imágenes en los que aparece.
La controversia alrededor del documental se trasladó también al ámbito judicial. Adrián fue detenido el domingo pasado 13 de septiembre por la Policía cuando llegó al aeropuerto El Dorado procedente de Panamá, en un procedimiento relacionado con el desacato de una medida judicial.
El procedimiento correspondió a la actuación de las autoridades por el presunto incumplimiento de una orden judicial, no a una captura con orden judicial.
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