Robos a plena luz del día, en la noche, en restaurantes, en las calles o en el transporte público: Bogotá afronta una crisis de inseguridad y los ciudadanos piden a las autoridades más presencia para combatir a la delincuencia.
Frente a estos hechos, el concejal Óscar Vahos ha reiterado la necesidad de militarizar la ciudad para contrarrestar los delitos. Según dijo, la inseguridad se contrarrestaría “reforzando labores de patrullaje, haciendo presencia en zonas de alta incidencia delictiva y apoyando incluso la gestión de inteligencia para desarticular estructuras criminales”.
Así mismo, reveló las cifras del aumento de delitos en la ciudad: la extorsión se incrementó en 18%; el hurto, en 8% y los homicidios, en un 5%.
“En el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana resulta imperativo que el alcalde Galán solicite al presidente la intervención y asistencia de la Policía Militar para que haga presencia y brinde el acompañamiento necesario para garantizar acciones contundentes que logren recuperar la seguridad en Bogotá”, dijo el concejal, fundador de la Derecha Popular.
En los en últimos días, el concejal ha insistido que es necesaria la intervención de los militares para “salvaguardar la integridad de las personas” y “desplegar acciones contundentes para contrarrestar la actividad delictiva que ocurre en el sector”. Además, alrededor de 60 sectores han sido identificados como inseguros y de alto riesgo en Bogotá.
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El también concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, había alertado sobre las cifras de hurtos en la capital. “Si comparamos el número de robos, con otras ciudades de Colombia y América Latina, la situación es supremamente alarmante. En Colombia, Bogotá reporta el mismo número de robos que los 7 departamentos con más casos del país juntos”, indicó el miembro del Centro Democrático.
“En América Latina, otras capitales tienen cifras inferiores: en Santiago de Chile se cometieron 42.280 robos y en Buenos Aires, 55.163, lejos de los 147.666 hurtos que muestra Bogotá”, había dicho Uscátegui a mediados de febrero.
La militarización implicaría, como lo indica el artículo 170 de la ley 1801 sobre la asistencia militar, una ayuda temporal para la Policía Nacional.
Según indica el artículo, esta asistencia “es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”.
Militarización en otras regiones
Durante este año, se hizo otro llamado a la militarización en Tuluá. En el departamento del Valle del Cauca, la Gobernadora Dilian Francisca Toro, ordenó militarizar esa ciudad tras los atentados contra dos guardas de tránsito, que resultó en la muerte de uno de los uniformados.
“Vamos a militarizar la ciudad para acompañar a la Policía en sus funciones de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los tulueños”, había indicado en ese entonces la mandataria a través de su cuenta en X.
En ese caso, la mandataria, junto con el alcalde de Tuluá, pidió el apoyo al Gobierno Nacional, acudiendo al Ministerio de Defensa y de Justicia.
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