La Procuraduría General de la Nación ha anunciado una investigación en curso contra la Gobernación del Chocó debido a una presunta omisión en la garantía de los servicios del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esta situación habría tenido un impacto en más de 60.000 niños, niñas y adolescentes en la región.
Según las alegaciones, durante el segundo semestre de 2023, la operación del PAE en el Chocó habría sido suspendida, lo que resultó en la falta de suministro de alimentos en 16 municipios. A pesar de que los estudiantes habían regresado a clases a principios de julio y se había prometido la normalización del PAE a partir del 15 de agosto, esta promesa no se habría cumplido en las localidades afectadas.
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La Procuraduría inició una investigación preliminar contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, y el secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña Mosquera, debido a las presuntas irregularidades en el suministro del PAE a los estudiantes.
Debido a los incumplimientos en la alimentación escolar, la entidad investigará a 16 alcaldes municipales de Carmen de Atrato, Bahía Solano, Medio San Juan, Medio Atrato, Río Quito, Río Iro, Bojayá, Condoto, Bajo Baudó, Nóvita, Lloró, Cantón de San Pablo, Río Sucio, Medio Baudó, Sipí y Nuquí.
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La Procuraduría ha decidido iniciar una investigación preliminar para determinar si hubo negligencia o incumplimiento por parte de la Gobernación del Chocó en la administración del PAE. Además, se evaluará si existen circunstancias atenuantes o eximentes de responsabilidad en el caso.
