Cuatro años han pasado desde que el entonces gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, firmó y aprobó el proyecto para la construcción de un laboratorio COVID para ese departamento y a la fecha no ha sido entregado.
Por esos hechos, la Procuraduría General abrió una investigación al exmandatario gubernamental por su presunta responsabilidad en la ejecución del proyecto que contó con una asignación presupuestal de $21.200 millones provenientes del Sistema general de regalías.
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El Ministerio Público cuestionó que, a pesar de haber sido aprobado en mayo de 2020, con un plazo de ejecución de un año, en la actualidad solo hay un avance físico del 55% y un avance financiero de 64%, además de ajustes presupuestales estimados en más de $3.900 millones.
Para el órgano de control se trataría de evidentes deficiencias en la formulación y ejecución del proyecto de obra.
Para avanzar en el proceso, el organismo solicitó copias del documento técnico del proyecto de inversión, el cronograma de actividades físicas y financieras presentado y aprobado por las diferentes entidades responsables con sus soportes.
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Así mismo, fue solicitado el cuadro de precios, costos de materiales y una certificación presentada por la administración departamental en la que conste que estos corresponden al promedio de la región.
La investigación también cobija a Alex Alberto Calvache Mena, representante del consorcio encargado de la interventoría y María Eugenia López Camacho, subgerente administrativo de la ESE Rafael Tovar, entidad encargada de contratar dicha interventoría.
