En medio de la apertura del Seminario Regional de Derecho Disciplinario de Barranquilla, la procuradora Margarita Cabello aprovechó el escenario para hablarles a los asistentes no solo de democracia y de Estado de Derecho, sino que además fue enfática en las facultades que tiene el ministerio público para suspender e inhabilitar a funcionarios públicos elegidos a través del voto popular.
“Se debe de respetar y respaldar la función de los jueces y de los organismos de control, en este caso el de la Procuraduría General de la Nación, a través del fortalecimiento del derecho disciplinario al que concierne hacerle “implacable frente a los casos severos de corrupción e ineficiencia administrativa”, señaló la procuradora Cabello.
Así mismo, le recordó a todos los asistentes al evento que es la sanción disciplinaria la que permite reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico en el país, ya que “ningún servidor público podrá estar por encima de la Constitución Política y el imperio de la ley”.
Tales declaraciones llegan tras las más recientes tensiones que tuvo la Procuradora con el presidente Gustavo Petro y la decisión de la Corte Constitucional, después de que le diera la razón a Cabello y no al mandatario, quien desde hacía un par de meses venía argumentando que dentro de las funciones que tenía el ente no estaba la de sancionar e inhabilitar a alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos elegidos a través de la elección popular.
“Puedo afirmar con absoluta certeza, muchísima tranquilidad y renovada esperanza que la importancia del derecho disciplinario y de la Procuraduría para la sociedad colombiana resulta hoy inobjetable”, señaló Margarita Cabello al auditorio.
Destacó que en un Estado de Derecho, el cual, advirtió, defenderá de principio a fin mientras sea la procuradora general de la Nación de los colombianos, “existe el sistema de frenos y contra pesos. Por ello, las actuaciones disciplinarias a cargo de esta entidad seguirán su curso con todas las garantías, pero también hasta sus últimas consecuencias”.
Así las cosas, cuestionó entonces, sin mencionar nombre alguno, a aquellos que critican la misión de este y demás órganos del control en el país, situación que, según ella, revela “un déficit de coherencia, carencia de valores y ausencia de respeto por la sociedad, cuando de manera irresponsable e irreflexiva, se entra a criticar a quienes simplemente cumplen su misión constitucional”.
Es de recordar que un par de semanas atrás, la Corte Constitucional, a través de un fallo, dejó en claro la facultad de la Procuraduría de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, aunque la decisión deberá de pasar primero por la revisión del Consejo de Estado, estancia que será la llamada a revisar los casos puestos en consideración sobre los que tendrá que dar un visto bueno.
Lo anterior, después de que el presidente Gustavo Petro se negara a cumplir la orden de suspender al alcalde de Riohacha, José Bermúdez Cotes, investigado por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de esa ciudad.
