La apuesta del Acuerdo de Paz no se limitaba al silenciamiento de los fusiles. También contemplaba una reforma rural integral, la ampliación de la participación política, la sustitución de economías ilícitas, la reparación de las víctimas y un sistema de seguimiento para garantizar que los compromisos se cumplieran.
Dentro de esa arquitectura, la reincorporación económica ocupó un lugar central: la promesa era que miles de excombatientes dejarían las armas para construir un proyecto de vida en la legalidad, apoyados por emprendimientos colectivos que les permitiera obtener ingresos y echar raíces en los territorios más golpeados por la guerra.
A punto de cumplirse una década de la firma del acuerdo, el balance de esa apuesta es desigual. Mientras algunos proyectos productivos han logrado mantenerse y convertirse en ejemplos de reconciliación, otros no resistieron el paso del tiempo.
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La violencia contra los firmantes, los retrasos en la implementación de compromisos como el acceso a tierras y vivienda, las dificultades administrativas y los problemas para consolidar mercados han terminado por apagar varias de las iniciativas que nacieron como símbolo de una nueva etapa.
El más reciente caso es el de Confecciones La Montaña, uno de los emprendimientos más representativos del proceso de reincorporación, cuyos 24 socios fundadores decidieron liquidarlo tras concluir que ya no existían condiciones para garantizar su sostenibilidad.
Otros proyectos sobreviven. Estas son sus historias.
El caso de La Montaña
Durante años, Confecciones La Montaña fue presentada como uno de los mayores símbolos de la reincorporación económica tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Nacida de la antigua sastrería del Frente 36 de las Farc, la marca transformó el conocimiento que antes servía para fabricar equipos de campaña en una empresa que confeccionaba morrales, bolsos, riñoneras y prendas para el mercado civil.
Pero esa historia llegó a su fin.
Los 24 socios fundadores decidieron liquidar el proyecto luego de concluir que ya no existían condiciones para garantizar su sostenibilidad.
Detrás de esa decisión, asegura Andrés Mauricio Zuluaga Rivera, conocido como Martín Batalla, no hubo únicamente dificultades financieras. En su versión, el desenlace refleja los problemas acumulados en la implementación del Acuerdo de Paz.
”Los retos de La Montaña han tenido que ver con incumplimientos a la implementación del acuerdo de paz. Estos proyectos no solamente funcionan porque tengan condiciones de sostenibilidad económica, sino porque hay unas condiciones alrededor de la implementación que permiten que avancen”, explicó a EL COLOMBIANO.
Batalla sostiene que la falta de avances en aspectos como el acceso a tierras y vivienda terminó afectando directamente la estabilidad del emprendimiento. Muchos de los excombatientes abandonaron el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Plancha, en Anorí, y se dispersaron por diferentes regiones del país.
A ese escenario se sumó la violencia. ”Tuvimos asesinatos de socios, desplazamiento de socios y amenazas a socios”, relató. En su opinión, esas circunstancias terminaron debilitando la base social sobre la que funcionaba la empresa.
La salida progresiva de los fundadores dejó el proyecto en manos de un número reducido de asociados, situación que derivó en problemas administrativos internos. Según Batalla, esos conflictos fueron advertidos a las instituciones encargadas del acompañamiento a la reincorporación, pero no encontraron una respuesta efectiva.
”Hicimos un llamado porque se estaban presentando ciertas dificultades al interior de la administración del proyecto y necesitábamos que nos ayudaran a mediar y buscar soluciones dialogadas. La institución prácticamente dijo que eso ya era una cuestión interna”, afirmó.
Ante ese panorama, los 24 socios tomaron la decisión de liquidar la iniciativa. La maquinaria, las telas, los productos y los demás activos serán repartidos entre los asociados, cerrando así la primera etapa del proyecto.
La disputa por el relato
Tras anunciar la liquidación, Batalla cuestionó que algunas organizaciones políticas vinculadas al proceso de paz hayan asegurado públicamente que Confecciones La Montaña seguirá funcionando como si nada hubiera ocurrido.
Aunque evitó profundizar en diferencias con estructuras específicas, afirmó que el proyecto fue ”instrumentalizado” políticamente.
”Muy poca ayuda recibimos los 24 socios fundadores cuando tuvimos las dificultades y ahora salen algunas organizaciones a decir que el proyecto continúa. El problema no es que continúe o no; el problema es no decirle la verdad a la sociedad y a los clientes”, señaló.
Explicó que la marca quedó registrada jurídicamente a nombre de la cooperativa, por lo que en el futuro podría desarrollarse una nueva etapa si así lo deciden sus integrantes. Sin embargo, insiste en que eso no modifica la determinación adoptada por quienes fundaron el emprendimiento.
”Lo importante es ser franco con la gente y decir: sucedió esto, este proyecto se liquidó en una primera etapa y ahora podría entrar en una segunda. No se puede actuar como si simplemente algunos socios se hubieran retirado y todo siguiera igual”, sostuvo.
Mucho más que un negocio
Para Batalla, la desaparición de Confecciones La Montaña trasciende el cierre de una empresa. Considera que estos emprendimientos fueron concebidos como uno de los pilares del proceso de reincorporación de los excombatientes.
”Los proyectos productivos son esenciales para los firmantes porque estamos hablando de la reincorporación a la vida civil”, explicó. Recordó que, con la firma del acuerdo, la apuesta fue dejar las armas y construir nuevas formas de vida a través de iniciativas económicas en los territorios más golpeados por el conflicto.
Por eso, sostiene que las garantías para estos proyectos no dependen únicamente de su rentabilidad.
”Más que la sostenibilidad económica, tiene que ver con la seguridad jurídica y física de los firmantes, con lo que sucede en los territorios, con que avance la sustitución de cultivos ilícitos y con que no haya repetición del conflicto armado”, afirmó.
Sus declaraciones coinciden con un contexto en el que la seguridad de los firmantes sigue siendo una preocupación. De acuerdo con Indepaz, durante 2025 fueron asesinados 39 firmantes del Acuerdo de Paz y, aunque la cifra muestra una reducción frente a los años de mayor violencia, la organización advierte que las garantías continúan siendo ”frágiles y reversibles”, en parte por los desplazamientos, la dispersión de excombatientes y la persistencia de riesgos territoriales.
Un panorama de incertidumbre
Batalla también expresó preocupación por el futuro del proceso de paz tras el cambio de gobierno y las propuestas planteadas desde el Ejecutivo sobre la implementación del acuerdo.
”El panorama es oscuro en el sentido de que hay mucha incertidumbre sobre lo que puede suceder con la JEP, con los acuerdos y con las entidades encargadas de la implementación”, dijo.
Aunque recordó que los acuerdos cuentan con respaldo constitucional e internacional, considera que su continuidad dependerá de la capacidad de organización de la sociedad.
”Sabemos que vamos a requerir mucha organización social y ciudadana. Que no puedan acabar con los acuerdos va a depender de la organización de la sociedad para defender la paz”, concluyó.
Y es que, el cierre ocurre, además, en un momento de incertidumbre para el futuro del Acuerdo de Paz. A pocos días de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, asuma el poder, el debate sobre la implementación volvió a ocupar el centro de la agenda nacional.
Mientras el nuevo mandatario ha anunciado su intención de desmontar parte de la institucionalidad creada tras el acuerdo —incluida la Unidad de Implementación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)—, ese tribunal ha pedido abrir un diálogo institucional y ha recordado que el sistema de justicia transicional cuenta con respaldo constitucional e internacional.
Recientemente, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, extendió una invitación formal al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para entablar un diálogo institucional y directo sobre el funcionamiento de la justicia transicional en Colombia.
Este llamado surge en un contexto de fuertes tensiones, tras las críticas de De la Espriella hacia la JEP, a la que ha calificado como un “disfraz” para la impunidad, y sus advertencias sobre un posible desmonte del sistema tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
“Nosotros estamos prestos a hacer una reunión con el nuevo gobierno, con el equipo que el señor presidente electo designe. Y creo que esa es la lógica de la jurisdicción: un diálogo constructivo, respetuoso, dentro del marco de nuestras competencias y la autonomía judicial”, dijo el magistrado al respecto.
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Los emprendimientos de firmantes de paz que quedan y cómo apoyarlos
En Ituango, uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado, excombatientes, víctimas y campesinos unieron esfuerzos para crear Café Paramillo, un café de origen cultivado en las montañas del Norte antioqueño.
El proyecto, que hoy comercializa café con notas de caramelo, miel, chocolate y frutos rojos, se ha consolidado como una apuesta conjunta de reconciliación y desarrollo rural.
Quienes quieran apoyar la iniciativa pueden seguir sus novedades y conocer los puntos de venta a través de su cuenta de Instagram, @somos.paramillo, además de adquirir el producto mediante plataformas como La Tienda de la Empatía y La Trocha – La Casa de la Paz.
También en Antioquia, en la vereda La Plancha de Anorí, un grupo de 20 excombatientes del antiguo frente 36 encontró en la apicultura una nueva forma de construir futuro.
Bajo la marca Miel de la Montaña, el proyecto combina la producción y comercialización de miel con la conservación de las abejas y de los bosques tropicales de la región.
La iniciativa, que ha contado con el acompañamiento de PASO Colombia, el Sena y la Misión de Verificación de la ONU, continúa fortaleciendo sus canales de distribución y su presencia digital. Sus productos y novedades pueden seguirse en Instagram, @miel.lamontana.
Fuera de Antioquia también persisten otros emprendimientos que buscan demostrar que la reincorporación puede traducirse en oportunidades económicas.
Uno de ellos es Manifiesta Colombia, una marca de ropa impulsada por excombatientes, víctimas y otras personas afectadas por el conflicto, que utiliza la moda como una herramienta para promover mensajes de reconciliación.
Con una tienda física en Bogotá y producción en distintas regiones del país, la marca ha convertido prendas inspiradas en la paz en su principal sello de identidad.
Otro de los casos más conocidos es La Roja, una cerveza artesanal elaborada por firmantes del Acuerdo de Paz en Bogotá. El proyecto nació tras la desmovilización y, después de descartar nombres asociados al pasado armado, sus impulsores optaron por una marca que buscara abrir un nuevo capítulo.
Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)
- ¿Por qué cerró la empresa Confecciones La Montaña de los excombatientes de las Farc?
- Sus 24 socios fundadores decidieron liquidarla por la falta de sostenibilidad económica, incumplimientos en el acceso a tierras y vivienda, problemas de gestión interna y amenazas, violencia y desplazamientos forzados contra sus integrantes.
- ¿Cuántos firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados en Colombia?
- Según cifras de Indepaz, durante el año 2025 fueron asesinados 39 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. La organización advierte que las garantías de seguridad física para los excombatientes continúan siendo frágiles e inestables en las regiones.
- ¿Qué emprendimientos de exfarc siguen funcionando en Colombia y cómo se pueden apoyar?
- Perseveran proyectos como
Café Paramillo (Ituango),
Miel de la Montaña (Anorí), la marca de ropa
Manifiesta Colombia y la cerveza artesanal
La Roja (Bogotá). Pueden apoyarse comprando directo en sus redes sociales y tiendas especializadas como La Tienda de la Empatía.
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