La dura puja entre el gobierno de Gustavo Petro y los exguerrilleros de las Farc por la implementación del Acuerdo de Paz tuvo dos coletazos en menos de 24 horas que tienen que ver con la crisis de seguridad de los excombatientes.
Primero, la Casa de Nariño recibió una crítica del que, se supone, es uno de sus aliados incondicionales del Congreso: el firmante de paz y senador de Comunes, Rodrigo Londoño, quien aseguró que los firmantes de paz se “sentían más seguros durante el Gobierno de Iván Duque que ahora”.
Pese a que se retractó más tarde y aseguró que había sido mal interpretado, el comentario cayó como un baldado de agua fría en Presidencia no solo porque ese fue uno de los puntos más criticados del Gobierno Duque, sino porque el actual jefe de Estado llegó al poder ondeando las banderas de la paz y de la seguridad para sus firmantes.
Según ha dicho el presidente del partido Comunes, esa inseguridad ha ido en aumento porque, con las gabelas y acercamientos de la paz total, los grupos que aún siguen en armas se han ido “envalentonando” para acaparar más territorio y amenazar a los exFarc.
El segundo tema -que está directamente relacionado con el anterior- tuvo que ver con un comunicado de las disidencias del Estado Mayor Central en el que aseguraron que varios excombatientes del ETCR de Mesetas, Meta, estarían aliados con el ELN y la Segunda Marquetalia, un hecho que, según ellos, habría motivado el desplazamiento forzado de por lo menos 40 familias de ese lugar. Textualmente, el EMC dijo en un comunicado que “los sucesos originados por el pedido a los excombatientes de la antigua zona veredal Mariana Páez de abandonar la región, obedecen a los coletazos de la confrontación que sostenemos con la Segunda Marquetalia”.
Según ellos, “en reunión sostenida con sus delegados se les pidió apartarse y no tomar partido en el conflicto. Las bases de apoyo que dejó Aldinever hizo de los pocos ex combatientes de allí, hacer parte de este pleito. Aún más, ayudando al ELN a entrar a la zona. Se les dijo, si quieren luchar que se uniformen para la guerra y no se mezclen con la población civil”.
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Pero la versión de Comunes, que fue verificada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es muy distinta y no tiene nada que ver con las supuesta participación de los exFarc en esos conflictos.
Según el alto comisionado, Danilo Rueda, las amenazas fueron ciertas y estuvieron a manos del EMC por lo que anunció todo un despliegue de acciones sociales y militares para proteger a los firmantes.
Este viernes, apenas cuatro días después de que Rueda respondiera así, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le ordenó al Gobierno presentar un plan de seguridad robusto para proteger a esos firmantes.
Así las cosas, la paz total de Petro continúa en una seguidilla de crisis por el recrudecimiento del conflicto y la crisis de orden público en varias zonas del país. Además de las críticas por la implementación del Acuerdo, el Gobierno también se vio obligado a reconocer que el cese al fuego que anunció el pasado 31 de diciembre con cinco grupos armados fue el primer gran fracaso de su política de paz: una medida que se quedó en el papel y que concluyó con una serie de acciones violentas del Clan del Golfo.
Mientras todo eso ocurre, Petro intenta calmar las tensiones con los exFarc y con los negociadores de los dos proyectos de paz que ya arrancó: uno con el ELN y otro con las disidencias del Estado Mayor Central.
Según conoció este diario, el mismo jefe de Estado citó a una reunión el próximo jueves a la que están invitados los negociadores del Acuerdo de Paz con las Farc y los actuales del ELN. En dicho encuentro, el Ejecutivo pretende solucionar las dudas y tensiones para que no haya más ruidos frente a las formas de negociar del actual Gobierno
