El 3 de octubre, el Representante Especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Miroslav Jenča, presentó el informe ante los 15 miembros del Consejo los avances recientes, las decisiones judiciales de la JEP junto con el proceso de paz y las medidas urgentes que la ONU pide para garantizar condiciones de seguridad de cara al calendario electoral.
Desde Colombia, la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio se produce en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos, tras la cancelación de la visa del presidente Gustavo Petro. En solidaridad, la ministra renunció a su visado, decisión que la deja por fuera de la cita.
Fue así que el Consejo de Seguridad de la ONU sesionó sobre Colombia con una sola voz del país en sala: la embajadora Leonor Zalabata.
Contexto: Leonor Zalabata, la voz solitaria de Colombia ante la ONU en el informe sobre la paz
Lo que dice el informe a rasgos generales
El informe de la ONU destacó como hecho central las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, emitidas en septiembre de 2025. Señaló que fueron producto de investigaciones con miles de pruebas y testimonios, y recordó que la Misión verificará su cumplimiento para que aporten a verdad, reparación y no repetición con las víctimas en el centro.
De cara a las elecciones, el organismo pidió medidas urgentes para garantizar jornadas pacíficas y proteger candidaturas, tras hechos como el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido a inicios de junio en Bogotá, y mientras avanzan las investigaciones sobre responsables intelectuales.
En los diálogos de paz, la ONU resaltó que con el ELN las conversaciones siguen suspendidas, aunque el 20 de agosto ese grupo liberó a dos soldados en Norte de Santander con apoyo internacional. Con el Estado Mayor de Bloques y Frentes se discutió una zona de ubicación temporal en el Catatumbo, mientras que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano destruyó 13,5 toneladas de material de guerra en Nariño y Putumayo.
El informe también reseñó hechos de violencia en varias regiones: un ataque en Cali atribuido al Estado Mayor Central de las Farc, otro en Amalfi donde el Gobierno señaló al ELN, y la retención de más de 30 militares en Guaviare. En total, la ONU verificó la liberación de 15 personas en el período, acumulando 87 en lo corrido de 2025.
El panorama de cara a las elecciones presidenciales
Sobre esto, la Registraduría y los ministerios del Interior y de Defensa anunciaron un plan conjunto para garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad. En este frente, la Misión de Verificación de la ONU ha insistido en que se use de manera plena el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que es el mecanismo creado por el Acuerdo de Paz para proteger a candidatos y líderes sociales.
El informe advierte que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no ha sesionado en plenaria durante más de un año, lo que ha frenado la política para desmantelar grupos armados ilegales. Aunque la estrategia aún no ha mostrado resultados significativos en los territorios, se mencionan pasos iniciales como el control del contrabando de combustible y la presencia de fiscales especializados en regiones críticas como el norte del Cauca, el Magdalena Medio y el sur de Bolívar.
También se registran avances en los planes locales: cuatro municipios y el departamento de Córdoba adoptaron el Plan Estratégico de Seguridad y Protección para excombatientes. Además, en septiembre se puso en marcha un sistema actualizado para responder más rápido a las alertas tempranas, con más información y mejores indicadores para las autoridades.
La reincorporación y situación humanitaria
El informe de la ONU reporta que casi la mitad de la meta de formalización de tierras del Acuerdo de Paz ya se ha cumplido. El 64% de las tierras adjudicadas beneficiaron a agricultores y el 75% de las formalizadas a pueblos étnicos. Desde el inicio del actual Gobierno, un 10% de la tierra adjudicada y un 15% de la formalizada se entregó a mujeres, lo que muestra un avance en enfoque de género. Además, en julio se expidió un decreto para facilitar el acceso a tierra a víctimas de desplazamiento forzado.
Sobre reincorporación, el informe detalla que alrededor del 15% de excombatientes sigue en los espacios territoriales, mientras que el 85% vive por fuera. Hasta agosto de 2025 se habían aprobado 6.099 proyectos productivos, que involucran al 90% de quienes firmaron la paz. De esos proyectos, 2.874 están liderados por mujeres, lo que representa un 25%. Además, se entregaron 140 viviendas en Caldono (Cauca) para excombatientes indígenas, y en total se financian 1.332 unidades habitacionales en distintos departamentos.
A pesar de estos avances, la ONU advierte que los proyectos individuales, escogidos por el 63% de excombatientes, cuentan con menos apoyo institucional y necesitan refuerzo para ser sostenibles. La estrategia de sostenibilidad apenas acompaña 29 proyectos colectivos con 1.073 participantes (de ellos, 360 mujeres).
El panorama de seguridad sigue siendo crítico. Entre junio y septiembre se registraron enfrentamientos, confinamientos y desplazamientos en 30 municipios de 10 departamentos, con impactos en Chocó, Cauca, Bolívar, Guaviare y Valle del Cauca. La ONU verificó en ese período 10 asesinatos de excombatientes, 2 intentos de homicidio y 1 desaparición. Desde 2016, las cifras acumuladas son de 481 excombatientes asesinados (11 mujeres, 63 indígenas y 58 afrocolombianos), 164 intentos de homicidio y 57 desapariciones.
Es así que la organización concluye que reforzar la seguridad en los territorios, acelerar la entrega de tierras y garantizar acompañamiento a los proyectos de vida de los excombatientes son tareas urgentes para consolidar la paz.
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