Justo cuando la opinión pública, dirigentes políticos y estamentos judiciales seguían tratando de digerir y dimensionar los coletazos de la detención y posterior imputación contra Nicolás Petro Burgos, este miércoles su padre, el presidente Gustavo Petro, sorprendió con un anuncio que, aunque trató de desligar del proceso contra su hijo, podría tener repercusiones en el caso: la elección del próximo fiscal.
Si bien aún falta medio año para que concluya el periodo de Francisco Barbosa al frente del ente acusador, Petro –anticipándose al proceso y en medio de la tormenta política y judicial– presentó ante la Corte Suprema de Justicia una terna de mujeres para ocupar el cargo. Se trata de las juristas Ángela María Buitrago Ruiz, Amparo Cerón Ojeda y Amelia Pérez Parra.
Estas abogadas no solo tienen en común su trayectoria en la Fiscalía, sino el haber investigado y liderado procesos que hacen parte de la retórica política del hoy mandatario: masacres, paramilitarismo, corrupción y hasta el caso de la toma del Palacio de Justicia. “Las tres tienen un común denominador: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia”, declaró Petro.
En efecto, Buitrago –quien entre 2008 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema–, estuvo a cargo de la investigación por la toma del Palacio en 1985 a manos de la guerrilla del M-19, que justamente integró el hoy presidente. Por cuenta de las irregularidades en la retoma, Buitrago Ruiz logró imputar y llevar a la cárcel a altos mandos militares.
Por su parte, Amparo Cerón –quien fue delegada ante el Tribunal Administrativo de Bogotá–, tuvo en su despacho el escándalo de corrupción de Odebrecht, pese a que después fue apartada del caso por el hoy fiscal Barbosa. Lo anterior, justo cuando, al parecer, se disponía a citar a figuras políticas y económicas como los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y el empresario Luis Carlos Sarmiento.
Finalmente, Amelia Pérez –que lideró uno de los despachos más importantes de la Fiscalía: la Unidad de Derechos Humanos, investigó masacres como la de El Aro (Ituango) o Trujillo (Valle del Cauca), así como procesos contra jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. A ello se suma la investigación por el atentado contra el Club El Nogal en Bogotá.
Los cuestionamientos
Al formalizar la temprana postulación de las 3 juristas, el presidente le pidió también a la Corte Suprema que “considere la posibilidad” de designar un fiscal ‘ad hoc’ –es decir, diferente a las ternadas– especialmente para las indagaciones o procesos contra miembros de su familia: no solo Nicolás Petro, sino su hermano, Juan Fernando Petro.
El presidente defendió que su solicitud busca que “no haya dudas respecto de la transparencia” de los casos. Sin embargo, que haya elegido esta coyuntura para enviar la terna desató cuestionamientos, en particular, cuando juristas advierten que está impedido y hasta hay una recusación en su contra.
“Parece temprano. Como que trata de debilitar lo que le queda de gestión a quien está investigando al hijo del presidente, el fiscal Barbosa”, reclamó la senadora Paloma Valencia. “Absolutamente inoportuno justo un día después de la imputación de cargos a Nicolás Petro”, señaló el representante Julio César Triana (Cambio Radical). Incluso, el expresidente Andrés Pastrana sostuvo que la terna es una cortina de humo “cuando Petro está impedido puesto que él mismo, su familia y su gobierno enfrentarán infinidad de causas en torno a la financiación ilícita de su campaña”.
La postulación de Buitrago, Cerón y Pérez les cierra también la puerta –por ahora– a otros aspirantes que, desde meses atrás, estaban en el sonajero para ocupar el cargo de fiscal. Entre ellos, el actual secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández; la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, o el abogado petrista Miguel Ángel Del Río.
El embrollo que viene
La elección del fiscal por parte de la Corte Suprema siempre ha sido un camino tortuoso y – aún dejando de lado el lío por el caso de Nicolás Petro –, este proceso que recién arranca no sería la excepción.
En 2010, por ejemplo, la Corte hizo 17 salas plenas para escoger el ungido y no pudo, por lo que terminó devolviendo la terna. En ese entonces, pasados 16 meses de que concluyera el periodo de Mario Iguarán, asumió la fiscal Viviane Morales.
Aunque hoy el proceso no luce tan complicado, no se descartan demoras y dificultades. ¿La razón? La sala plena de la Corte está conformada por 23 magistrados y el fiscal debe ser elegido con el voto a favor de dos terceras partes, es decir, 16 magistrados. Sin embargo, la Corte suele tener vacantes que se demoran en llenar, y en la medida en que sean menos se hace más difícil para un candidato lograr la mayoría.
Además, en abril próximo terminan su período cinco magistrados, con lo cual quedarían solo 18. Y eso si se copan todas las otras vacantes. Por ejemplo, en este momento hay dos sillas vacías y, aunque sean ocupadas en abril y se sumaran las otras 5, quedarían solo 16 magistrados para votar, quienes en teoría deberían elegir por unanimidad a la fiscal.
Sin embargo, una reciente modificación que hizo la Corte Suprema a su reglamento podría hacer menos cerrada y difícil esa elección: que para este tipo de procesos no se necesitan las dos terceras partes del total de magistrados –es decir, de los 23–, si no las dos terceras partes que en el momento de la votación estén activos. Es decir, si en ese entonces la Corte está integrada por 16 magistrados, se puede elegir con los votos de 11.
Cabe recordar que en su momento Viviane Morales fue elegida como fiscal general con los votos de 14 magistrados y el Consejo de Estado tumbó su elección porque no era acorde al reglamento de la Corte. Por eso, tal vez, la Corte Suprema se anticipó ahora a ajustar su reglamento.
Por si fuera poco, en medio de la ecuación hay que tener en cuenta un dato premonitorio: la Corte Suprema nunca ha elegido al fiscal antes de que termine su periodo el que está elegido. De manera que solo comenzaría a revisar la terna que le mandó Petro después del 15 de febrero de 2024.