Se trata de personajes del calibre de la canciller Laura Sarabia, Armando Benedetti o Gustavo Bolívar, quienes han protagonizado un cada vez más caldeado toma y dame. Al margen de simples discusiones o diferencias naturales en política, se trata de disputas del más alto nivel que incluso ascendieron a los estrados judiciales y a cuestionamientos alrededor de la idoneidad moral para ocupar ciertos cargos en el Ejecutivo.
“En todos los grupos humanos hay discusión y pelea entre quienes están más cerca del poder, pero acá es evidente que faltan reglas de juego por parte de un líder para que esto no se desmadre. Es él quien debería poner un límite y precisar la forma cómo se discute –en privado, no en público–. Esto es parte de los vacíos del liderazgo del presidente Petro”, dijo a este diario la profesora María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
De fondo se encuentra también el año preelectoral y los intereses que cada quien, desde su orilla, intenta promover en clave electoral. Para la profesora e investigadora Patricia Muñoz Yi, directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, hay quienes buscan afincar sus aspiraciones en discursos como la lucha contra la corrupción o el eficiente manejo de los recursos públicos.
“Esto muestra falta de unidad entre los miembros del Gobierno, pero también evidencia la disputa por mostrar liderazgo al interior de un equipo de gobierno que se ha mostrado débil en el ejercicio de ese liderazgo. Es la disputa por apropiarse de referentes positivos asociados a la honestidad, resultados en lucha contra la corrupción o el cuidado de recursos públicos en un momento en el que esos liderazgos los empiezan a posicionar en la carrera hacia una disputa presidencial”, explicó Muñoz a EL COLOMBIANO.
El presidente Petro acaba de reconocer en una entrevista que una de sus fallas ha sido “creer mucho en la gente” que lo rodea. ¿Será este el caso?
“Que caiga quien tenga que caer”
La pelea más reciente en el corazón del “Gobierno del Cambio” tiene como protagonistas a dos pesos pesados del gabinete: la hoy canciller Laura Sarabia y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.
El origen del rifirrafe fue una denuncia realizada por la emisora W Radio, en la que se reseña que un grupo particular de IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) se habría beneficiado de forma irregular de “pagos exagerados y manipulados”. El entramado incluiría una empresa española para captar dineros de la salud.
En medio de la denuncia, el medio señala que Sarabia “está involucrada” en la estrategia para desfalcar recursos.
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Frente a ello, Bolívar se pronunció y cuestionó si “es bueno para Colombia” tener una canciller que esté mencionada en este escándalo. “El titular de ese cargo, que representa en el mundo a 52 millones de personas, no admite ni una sola sombra de duda sobre sí”, señaló el director, asegurando que alrededor de hechos de corrupción, como lo ha ratificado el presidente, “que caiga quien tenga que caer”.
En respuesta, Sarabia dijo estar de acuerdo con que “caiga quien tenga que caer”, al tiempo que pidió contrastar con el propio presidente el nombramiento de Mauricio Marín y la salida del exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
Por un lado, Marín expresidente de la Fiduprevisora, es señalado de estar detrás del entramado de corrupción, “pues habría sido el artífice de cambiar el modelo de salud de los maestros”. Por otro lado, aparece Leal, quien habría salido del cargo después de alertar las irregularidades.
Ante ello, Sarabia le mandó un mensaje directo a Bolívar y le dijo que “si realmente habla con el presidente” confirme con él. “Me han calumniado e investigado adentro y fuera del Gobierno, y saben que no tengo enriquecimiento”, precisó.
Del Consejo de Ministros a los estrados
Si bien la mayoría de las rencillas se han quedado en cruces de versiones y diferencias irreconciliables, la de Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, con Augusto Rodríguez, director de la Unidad de Protección (UNP), ya escaló a los estrados.
Se trata de dos figuras clave del petrismo. Por un lado, el exsenador, clave para el ascenso al poder de Petro y hoy encargado de las relaciones con el Congreso, y Rodríguez, quien acompaña al presidente desde sus tiempos como legislador y quien ha estado detrás de grandes de sus investigaciones. Además, ambos compartieron militancia en el M-19.
Sin embargo, los ánimos se caldearon luego de que Rodríguez vinculó a Benedetti con el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, durante la campaña presidencial. “El tema del señor ‘Pitufo’ comenzó con él y no sé dónde van a terminar”, alegó durante el Consejo de Ministros.
Ante las acusaciones Benedetti no se quedó con los brazos cruzados y radicó una denuncia por los presuntos delitos de injuria y calumnia agravados ante la Fiscalía General. “Con estas acusaciones el denunciado no solo admite haber cometido delitos, sino que hace imputaciones deshonrosas y delictivas en mi contra”, alegó el ministro del Interior.
¿Disonancia cognitiva?
Otro de los frentes de batalla se da entre el actual embajador en Reino Unido, Roy Barreras, y el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes. El origen del enfrentamiento fue la revelación hecha por Reyes días atrás, cuando denunció que Barreras, cuando era presidente del Senado, le pidió nombrar fichas suyas en la Dian, en concreto en la dirección de Buenaventura, considerada puerta de entrada para el contrabando en Colombia. Además del embajador, decenas de congresistas y dirigentes resultaron salpicados en una controvertida lista.
“(Barreras) me hizo un comentario curioso: dijo ‘tú eres un tipo prometedor, eres como un futbolista, pero imagínate lo feo de que a Messi le rompieran las piernas’”, reveló el exdirector de la Dian.
La pelea ya va en que el diplomático solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá que celebre una audiencia de mediación penal por las declaraciones de Reyes. Inclusive, el equipo jurídico de Barreras dijo, sin más, que Reyes “pudo tener algún trastorno de lenguaje o una disonancia cognitiva al demorarse 30 meses en denunciar la supuesta amenaza o constreñimiento del entonces senador”.
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