Aunque el año empezó con la noticia de varios referendos y revocatorias, la pandemia se interpuso en el camino. A finales de enero, la Registraduría Civil decidió suspender las revocatorias mientras está a la espera de un pronunciamiento del Ministerio de Salud sobre los protocolos de bioseguridad.
La decisión generó un duro debate sobre las restricciones a los derechos políticos y esa discusión se abre camino a los estrados judiciales. El senador Roy Barreras, cabeza de un referendo que, entre otras cosas, busca la revocatoria del presidente Iván Duque (algo que no contempla la constitución), impuso una tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que permita la recolección de firmas digitales.
El congresista argumentó que, por la suspensión, se han visto vulnerados sus derechos al ejercicio de participación ciudadanq y política, control del poder político y a tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática y debido proceso.
Según Barreras, el pasado 29 de octubre, “consciente de la situación excepcional que se vive en Colombia y en el mundo por cuenta de la pandemia del covid-19, envié petición a la Registraduría solicitando habilitar la recolección de apoyos de forma alternativa a la firma manuscrita, tal y como se ha hecho en otras instancias del Estado como en la Rama Judicial”.
Sin embargo, dicha entidad le respondió, en noviembre, que “la regulación actual no contempló la posibilidad de recolectar apoyos mediante uso de herramientas tecnológicas por parte de los comités promotores y su verificación a cargo de la autoridad electoral”. Esto a pesar de que, según Barreras, la Registraduría tiene una base de datos biométrica que permitiría la verificación y autenticación electrónica de la información dactilar y facial de las personas.
De acuerdo con Barreras, el Consejo Nacional Electoral debió pronunciarse respecto a la polémica y a la decisión de la Registraduría de no entregar los formularios para la recolección de las firmas mientras el Ministerio se pronuncia.
“El CNE como máxima autoridad garante en temas electorales y de participación ciudadana y democrática, al no ejercer sus funciones y competencias, vulnera ostensiblemente los derechos fundamentales alegados, pues, hasta la fecha no ha emitido una contestación clara, congruente y de fondo frente a la recolección de firmas de apoyo a través de lataformas electrónicas y/o uso de firma electrónica”, se lee en la tutela.
Por todo lo anterior, en la tutela, Barreras pide tres cosas: que el CNE garantice los derechos fundamentales que, según él, se le han vulnerado. Que en 48 horas, la autoridad electoral “autorice y habilite el uso de canales y medios tecnológicos para el ejercicio de los mecanismos de participación”. Y que, en el mismo periodo, autorice la entrega de los formatos de recolección de firmas a través de medios electrónicos.
