Este jueves, el juez 46 penal de Bogotá negó la posibilidad de que el exsenador Otto Bula y la Fiscalía alcancen un preacuerdo ante el caso de cohecho relacionado a la entrega de un apartamento al exfiscal Rodrigo Aldana.
El juez aseguró que la “argumentación del ente acusador no fue suficiente”, respecto a un pacto que le hubiera significado a Bula pagar apenas dos años de cárcel por los delitos que se le imputan.
“Se desprestigia la administración de la justicia y genera cuestionamientos de la misma. Se está hablando de un soborno a un fiscal”, argumentó el jurista en la decisión.
“La Fiscalía no dijo la finalidad del preacuerdo, solo dijo que está colaborando en otro proceso”, agregó.
En seguida, la Fiscalía y la defensa de Bula presentaron recurso de apelación para que sea admitido en otra instancia el preacuerdo.
El preacuerdo que fue rechazado
A temprana hora del jueves, la Fiscalía General de la Nación presentó ante el juez el preacuerdo que busca el exsenador Otto Nicolás Bula, por el delito de cohecho por dar u ofrecer en el marco de las investigaciones que se adelanta por el soborno que vincula al condenado exfiscal Rodrigo Aldana.
Colprensa informó que, según expuso la Fiscalía ante el juez 46 con función de control de garantías, Bula tendría que purgar, con el preacuerdo, dos años de cárcel y pagar una suma de 25.000 millones de pesos, equivalentes a 33,33 Salarios Mensuales Legales Vigentes por estos hechos.
De acuerdo con las investigaciones, Bula le habría entregado un apartamento al exfiscal Aldana, ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá, avaluado en 300 millones de pesos, con el fin de impedir el proceso de extinción de dominio de los bienes de los narcotraficantes Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff.
Según la Fiscalía, el inmueble que le fue entregado a Aldana Larrazabal quedó en manos de Margarita María Useche, con quien sostenía una relación sentimental, en ese entonces.
Por estos hechos, Aldana Larrazabal fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años y un mes de cárcel, al encontrarlo responsable por los delitos de cohecho propio, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública y prevaricato por omisión.
