La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de indagación contra el representante a la Cámara David Racero Mayorga y el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño, por la comisión de presuntas irregularidades en la contratación en esa entidad.
En contexto: Nuevos audios involucran a David Racero en presunto clientelismo.
Según informó la entidad, la Sala de Instrucción Disciplinaria señaló que se investigarán las denuncias que dieron a conocer varios medios de comunicación en las que se revelaron varios audios y conversaciones que, al parecer, sostuvieron los dos funcionarios y en las que estarían estableciendo la manera de vincular personal recomendado y analizando la posibilidad de un concurso amañado.
Esas revelaciones las hizo el periodista Daniel Coronell, quien publicó chats y audios en los que se escucha al representante hablándole a alguien a quien llama ‘Luzma’ sobre cómo debe funcionar la presunta operación clientelista en la entidad.
Primero, le habló de unas presuntas listas con nombres opcionales a ocupar cargos en la institución. “Eso los envío para que él me diga cuál de los tres. Segundo momento, él que escojamos, el que él escoja, o escojamos nosotros. Tenemos que pasar la hoja de vida de alguien que ya trabaje en el Sena. Debe ser de carrera de planta para que el director lo coloque como subdirector encargado”, afirmó.
En el “tercer momento” se escucha a Racero hablando de que, aunque le darán prioridad a quienes trabajan dentro del Sena, también le avisarán a “la gente que está por fuera”.
Es decir, el interés del parlamentario estaría puesto sobre las subdirecciones de la institución educativa. “La idea es colocar encargado esos cargos, sacar los que están en ese momento y poner los nuestros ¿Vale? Entonces necesitamos una persona que ya esté dentro del Sena”, afirmó en uno de los audios.
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En ese sentido, se validará la supuesta participación en los hechos de un familiar del congresista del Pacto Histórico para quien también habrían sido solicitados algunos cargos en la entidad de educación, “en detrimento de los derechos de servidores que los estaban ocupando y que pertenecerían a otros partidos políticos”, según dijo la Procuraduría.
“La actuación disciplinaria que inició la Sala de Instrucción Disciplinaria busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”, concluyó el Ministerio Público.
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