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En ciudades como Bogotá, Medellín, Risaralda y Pasto hay experiencias de presupuesto participativo, reglamentado en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, en la que la comunidad discute y decide sobre el presupuesto de inversión. Este proceso no ha estado exento de denuncias sobre injerencia de ilegales.
La Consulta pretende que este mecanismo no sea opcional sino obligatorio para todos los entes territoriales.
Según el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, ese ejercicio tiene un riesgo: la falta de planeación y estrategia, porque no impactan las líneas estratégicas, sino que se terminan desviando a aspectos del día a día. “Podría definirse que un porcentaje de los presupuestos se dirija por esta vía, con una auditoría exhaustiva de la Contraloría y la ciudadanía, porque no se puede descentralizar el rebusque y la corrupción”.
Para el representante Víctor Correa, exrepresentante del Polo Democrático, los corporados no tienen campo de acción sobre el presupuesto, y terminan aprobando lo que envía el Ejecutivo, con una participación no vinculante de la gente. “Ahora serían ellos y los ciudadanos los que podrían determinar cuáles son las mejores inversiones”.
Pregunta 4 de la Consulta: ¿Aprueba establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de los entes territoriales, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?
A FAVOR
Nury Astrid Gómez
Polítóloga de la U. Nacional, docente Comunicación Política U. Eafit
Dos acciones de participación ciudadana están contenidas en esta pregunta: presupuesto participativo nacional consultivo y rendición de cuentas, en una figura nueva denominada “audiencias públicas”. Las dos primeras suficientemente reglamentadas y probadas en la Constitución del 91 y Conpes 3654/2010 reglamentando la rendición de cuentas en entidades ejecutivas. A pesar de la norma, las decisiones de inversión, presupuesto y control han sido ajenas al ciudadano. Pero queda otro, el ciudadano: ya no es suficiente el “control” vertical a través del voto y la denuncia mediática, ni horizontal, entre institucionalidad gubernamental, sino que se requiere un control externo de la ciudadanía a la acción interna del gobierno, es decir, una táctica diagonal. Como resultado positivo de una política nacional de audiencias públicas regionales sería el impulso para la participación ciudadana en la toma de decisiones, la asignación y control de los recursos públicos y la corresponsabilidad en la co-gestión para definir las prioridades del espacio público. Sin embargo, queda una ardua tarea de alfabetización ciudadana en conocimiento básico de inversión nacional y regional para evitar manipulación popular en beneficio de unos cuantos, y la iniciativa se convierta en otra forma de corrupción con aprobación popular.
EN CONTRA
Germán Camilo Quintero
Docente de la Escuela de Política Universidad Sergio Arboleda
Este punto conlleva dos dificultades: por una parte propone lo que ya está dispuesto en las normas vigentes colombianas y, por otra, atenta contra las instituciones políticas. Con respecto de la primera, los presupuestos tanto de la Nación como del nivel local son públicos, cualquier ciudadano puede consultarlos mediante la web o acercarse a la dependencia correspondiente y solicitarlos. Además, las sesiones de presupuesto son de libre acceso: los ciudadanos tienen derecho a asistir a estas sesiones en el Congreso de la República, en las Asambleas y los Concejos. Por lo tanto, no hay novedad en que los ciudadanos sean parte de los procesos de creación presupuestaria. Con respecto a la segunda, la propuesta implica una serie de problemas complejos: dificulta el proceso de negociación del presupuesto, haciendo virtualmente inoperante cualquier tipo de diseño presupuestal. No queda claro en qué medida se espera que la ciudadanía participe de su creación y si tendrá responsabilidad sobre la ejecución. Seguramente habrá que designar unos voceros para que participen en la creación y desglose del presupuesto, lo que termina siendo un problema de representación de los miembros de los cuerpos colegiados. ¿Quién termina siendo el representante del ciudadano, su congresista o el vocero?
ABSTENCIÓN
Antonio Alejandro Barreto Moreno
Director Depto Derecho Administrativo Universidad de La Sabana
Resulta prácticamente imposible democratizar la formación del presupuesto entre la población, tarea que de hecho deben realizar sus representantes en el Congreso de la República y en el ejecutivo, en virtud de las competencias que le son asignadas por la Constitución Política. Cabe recordar que las audiencias públicas ya están reguladas. Estas normas establecen que estas son obligatorias para quienes hayan sido posesionados como gerentes o directores de una entidad del orden nacional, lo mismo para Alcaldes y Gobernadores para tratar temas de rendición de cuentas en los que se incluirían dentro de la agenda, temas de contratación y ejecución presupuestal. El tema de audiencias públicas previas para el desglose y priorización del presupuesto de inversión, anteriormente propuesto en proyectos de ley, se presenta como una iniciativa novedosa. No obstante, es un tema que ya ha sido tratado incluso jurisprudencialmente, y sobre el cual yace el debate de si la democratización del gasto es la mejor forma para evitar la “mermelada” y en consecuencia erradicar lo que conocemos como “corrupción”. En conclusión, esta es una más de las iniciativas que no tienen un trasfondo diferente al populismo, razón suficiente que me lleva a plantear la abstención como una opción válida.
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