El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.
Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.
Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.
Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.
El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.
Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.
Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.
Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.
El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.
Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.
También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.
Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.
El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.
En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.
Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.
Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.
Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.
El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.
Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.
Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.
Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.
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