Que todos estos días el plato fuerte en los partidos políticos, los espacios de opinión y comunicación, la redes sociales y el diálogo en muchas familias y grupos de amigos haya girado en torno a pensar y discutir sobre los mecanismos para ponerle freno a los corruptos, ya es en sí una ganancia desde lo político y lo social.
Los promotores de la Consulta Anticorrupción, que en esencia son los partidos de oposición al nuevo Gobierno, por todos los medios posibles difundieron las bondades de votar Sí hoy a las 7 preguntas, con la promesa de que se le enviaría una orden al Congreso para que legisle al respecto, en vista de que en el pasado varias de esas propuestas se hundieron en el intento.
Pero de otro lado, las mayorías del Centro Democrático y algunos sectores académicos, especialmente en las facultades de Derecho, más que impulsar el No, también argumentaron el por qué la Consulta es un saludo a la bandera, puesto que varias preguntas ya están regladas, otras no se pueden hacer por ese método o no tienen relación directa con la causa.
De otro lado, el Gobierno radicó un paquete legislativo que recoge cuatro de los puntos que tiene la Consulta, que de ganar, igual tendría que iniciar su curso, de cero, en el Congreso, pero con una presión ciudadana.
Algunos defensores de la Consulta, como el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, calificaron este hecho como un saboteo del presidente Iván Duque a la convocatoria popular, mientras otros más moderados, como la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, vieron con buenos ojos las iniciativas.
Aunque la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, insistió en que estos proyectos no dejan sin piso a la Consulta Anticorrupción, sino que son compatibles, fue una forma de no dejar la bandera anticorrupción a merced de la oposición y tener un salvavidas en caso de que no se alcance el umbral, que es el verdadero coco del mecanismo.
Ayer, desde San Jacinto (Bolívar), en medio del cuarto taller “Construyendo País”, el presidente Iván Duque manifestó que la corrupción no era un tema de derecha ni de izquierda y que por eso había que valorar todos los esfuerzos para combatirla. Ratificó que hoy votaría la Consulta, pero que también había presentado proyectos de ley importantes para combatirla.
La ganancia social
Hoy se podría configurar un hito en la participación ciudadana si se alcanzan o sobrepasan los 12’075.756 votos que requiere para que sea válida, sin maquinarias detrás, sin pago de líderes y transporte; o se ratificaría el abstencionismo que caracteriza al país, incluso en elecciones regionales, cuando la campaña se hace puerta a puerta y voto a voto.
Por eso, Angélica Bernal, directora del Departamento de Ciencia Política de la U. Jorge Tadeo, dijo que la convocatoria de hoy es, sobre todo, una revalidación de la participación ciudadana como un ejercicio democrático, sin importar el número de votos que saque. “Es un ejercicio de control político novedoso en tanto consulta sobre un tema muy relevante en la agenda política actual, que estaba por fuera del control ciudadano”.
El aporte fundamental del debate está en que comencemos a cuestionar prácticas que hemos naturalizado y normalizado, explicó Daniel Aguilar, doctor en Sociología de la U. de Kansas (EE.UU.) y docente de la U. Externado. Agregó que es clave que los ciudadanos digan “esto no es correcto” y se señale y se quiera cambiar.
“Podemos votar Sí o No en la consulta y todo lo que queramos, pero mientras sigamos legitimando las prácticas corruptas de la clase política y, más difícil aún, sigamos siendo una sociedad que piensa que ‘el vivo vive del bobo’, no va a haber un impacto real”.
Lo más importante, según Luis Fernando Álvarez, exmagistrado del Consejo de Estado y Decano de Derecho de la U. Pontificia Bolivariana, es que este hervor no sea flor de un día y que figure en la agenda nacional, no por los resultados de una consulta “mal concebida”, sino como parte de un propósito para formar una sociedad en cultura de legalidad.
“Los medios, los gremios, la dirigencia, la Iglesia, los colegios y la universidad deben propugnar por el idioma de la legalidad. “Debe ser un propósito de sociedad, no de ciertos actores políticos”.
Luis Trejos, docente de Ciencia Política de la U. del Norte, precisó que sea cual sea el resultado de hoy, hay mayor empoderamiento ciudadano en torno a las veedurías y control frente al gasto y la gestión pública y en eso han sido clave las redes sociales.
