Samuel Pinzón Barliza Ipuana era soldado del Ejército hasta que un ataque con dron lo mató la semana pasada. Su caso es uno de los 716 que se han presentado en Colombia desde 2023, de los que 318 han sido este año. En otras palabras, cada 20 horas se registra un ataque con drones en Colombia, según el último informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Según la Novena Brigada, el ataque que le quitó la vida a Pinzón Barliza Ipuana fue ejecutado por integrantes del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc comandada por “Iván Mordisco”.
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De acuerdo con la FIP, el 71 % de los hechos se concentra en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. El 95 % se atribuye a dos organizaciones: el EMC, responsable del ataque mencionado, con un 72 %, y el ELN con un 23 %.
Desde 2024, los drones han afectado a 487 personas. Entre los civiles hay 55 heridos y 6 muertos; en la Fuerza Pública son 401 y 25, respectivamente.
Los querían desde 2009
El informe detalla que las antiguas Farc querían adquirir drones, por medio de Hernán Velásquez, alias El Paisa. Pero el primer ataque con explosivos usando estos aparatos se registró en julio de 2023 en Puerto Guzmán (Putumayo) por orden de los Comandos de Frontera. Es el grupo que lideraba alias Araña, extraditado hace dos semanas.
El uso sistemático de esas aeronaves no tripuladas llegó después. El informe también registra 119 ataques en 2024 y 277 en 2025.
Según cifras del Ministerio de Defensa, en 2025 hubo cerca de 9.000 intentos de ataque, de los que se inhibió alrededor del 96 %. Sin embargo, la tecnología sigue avanzando: los drones ya emplean drones con fibra óptica, que transmiten la señal por un cable. Por ende, no pueden ser detectados ni neutralizados con inhibidores.
El documento de la FIP expone que la ventaja solo se compara con la que tenía la Fuerza Pública hace 25 años, cuando incorporó capacidades aéreas que le dieron movilidad, capacidad de bombardeo y poder de fuego.
Para los grupos armados hay varias ventajas. Dice el informe que los drones les sirven para vigilar a la Fuerza Pública y a la población civil, así como para verificar la seguridad de sus campamentos sin enviar a nadie.
No solo eso. Se dice que formar a un operador o “dronero” es más rápido que capacitar a un combatiente. También permiten atacar a bajo costo a los militares o a grupos rivales sin exponer al personal propio, así como a infraestructura estratégica pública o privada.
Por ejemplo, unos drones del EMC se estrellaron contra un radar aeronáutico 3D en Candelaria, Valle, que era parte de un plan para ampliar la cobertura y seguridad aérea en el país.
Algo grave es que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dice que los drones armados no están prohibidos por ningún tratado ni por el derecho internacional humanitario. Su única limitación es de distinción, proporcionalidad y precaución.
¿Qué medidas tomar?
Para la FIP, el esfuerzo principal del Estado “debe orientarse hacia los nodos funcionales que sostienen la capacidad de fortalecimiento y la resiliencia operativa de estas organizaciones. Por ejemplo, los instructores y proveedores deberían ser equipos prioritarios”.
En el corto plazo, añade la organización, “urgen dos tareas”. Estas son llevar la capacidad antidrones a las unidades más golpeadas —que suelen ser las más pequeñas y alejadas de los centros urbanos— y proteger a la población con acciones y protocolos de autoprotección que se difundan entre las comunidades.
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