Gobierno Petro sí sabía y no quiso asistir a la sesión de la OEA contra Nicaragua

La situación fue confirmada por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, que atribuyó la decisión a “delicados aspectos de política exterior”.

En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA solo hubo dos inasistencias: las de Nicaragua y Colombia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.

El gobierno de Colombia sí fue citado con antelación a la sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA, el pasado 12 de agosto, en la cual se expidió una resolución condenando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, pero de forma deliberada decidió no asistir.

Así quedó claro luego de las respuestas entregadas por la Cancillería colombiana a Caracol Noticias, medio que envió un derecho de petición indagando a qué se debía la ausencia de nuestro país en esa importante junta.

Juan José Quintana Aranguren, director de Asuntos Políticos Multilaterales, respondió que, en efecto, la Misión Permanente de Colombia ante la OEA había notificado con antelación a la Cancillería que se realizaría dicha reunión.

De igual manera, admitió que se le ordenó a dicha Misión Permanente no asistir a la sesión, “luego de consultar con las autoridades pertinentes”. Y añadió: “La decisión que se tomó fue debidamente consultada con el Ministro de Relaciones Exteriores”, es decir, Álvaro Leyva.

Frente a la pregunta de por qué no hubo representantes en la reunión, Quintana argumentó que “las razones por las cuales se tomó la decisión relativa a la no participación de Colombia en la sesión del Consejo Permanente del 12 de agosto se relacionan con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”.

Con esto quedó descartada la primera explicación dada por el Gobierno de manera extraoficial, de que la inasistencia se debía a trámites pendientes para la posesión de los nuevos delegados ante el organismo multilateral.

En la sesión extraordinaria de la OEA se aprobó una resolución condenando la violación a los DD.HH. en Nicaragua, que incluye la persecución a los opositores políticos al régimen de Daniel Ortega, a los periodistas y miembros de la Iglesia Católica.

El documento fue aprobado por 17 países, otros cuatro se abstuvieron de votar (El Salvador, Honduras, México y Bolivia), y solo dos no asistieron (Colombia y la propia Nicaragua).

Esta situación generó críticas en Colombia al gobierno de Gustavo Petro, en especial de sus críticos políticos, que lo interpretaron como un acto de respaldo a los excesos de Ortega. Frente a este tema, ni el presidente Petro ni el canciller Leyva han dado explicaciones.