La pelea se mantiene intacta. Los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos protagonizaron en las últimas 48 horas una fuerte rencilla pública que despertó viejas confrontaciones políticas entre ambos, y todo por cuenta de una denuncia penal que interpuso la semana pasada el líder natural del Centro Democrático contra el nobel de Paz por presuntas presiones a magistrados de la Corte Constitucional.
A través de sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, Uribe ha hecho desde el pasado miércoles acusaciones de alto calibre en contra de quien fue su ministro de Defensa entre los años 2006 y 2009 y su heredero electoral para las elecciones de 2010, tanto así que en los pronunciamientos a Santos se le ha tildado como un “enemigo declarado”.
Origen del nuevo round
El último episodio que puso en disputa a los dos exmandatarios inició el 15 de diciembre, cuando Granados y Lombana acudieron ante la Fiscalía a denunciar penalmente a Santos, y en su escrito expusieron que este ejerció presión contra varios magistrados de la Corte para que fallaran contra Uribe y mantuvieran en firme su condición de imputado por presunto soborno y fraude procesal, tal y como ocurrió en la decisión que tomó el alto tribunal en noviembre.
“La justicia debe ser independiente, objetiva e imparcial, libre de presiones externas. No debe permitir que un enemigo declarado como Santos, sugiera, presione o dirija el sentido de un voto por parte de un magistrado”, plantearon los apoderados de Uribe.
Esta acusación contra el nobel de Paz surgió tras la declaración hecha por el magistrado Alejandro Linares en la revista Semana el 12 de noviembre pasado. Allí, el togado expuso que Santos llamó a varios magistrados mientras se estudiaba la tutela instaurada por Uribe para que se retirara su condición de imputado.
“Entiendo que algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes (Santos y César Gaviria). De cuando en cuando yo hablo con ellos sobre temas sociales, políticos, pero ellos no son abogados, entonces en temas jurídicos no podemos compartir argumentos”, aseguró Linares un día después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional negara la tutela, con una votación de 5 contra 4.
Esa declaración del togado fue razón suficiente para que Uribe decidiera emprender el proceso legal.
“Esta conducta del magistrado Alejandro Linares resulta muy censurable: admitió públicamente que Juan Manuel Santos había llamado a magistrados. Linares y Santos mancharon la dignidad de la justicia y deben ser investigados penalmente por ello”, expusieron ante la opinión pública Granados y Lombana.
¿Influencias indebidas?
Tras conocerse esta situación, inició un debate jurídico en torno a la declaración hecha en medios por parte de Linares y particularmente surgió una pregunta: ¿constituye la presunta acción del expresidente Santos un delito?
En diálogo con EL COLOMBIANO, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó que –según los señalamientos de Uribe– el exmandatario como particular pudo haber ejercido indebidamente influencias sobre un servidor público (en este caso los magistrados), pero las circunstancias tendrán que aclararse en el proceso penal que iniciará.
“Así, preliminarmente podría hablarse de un posible caso de tráfico de influencias de particular por parte del expresidente Santos. Sin embargo, se tendrá que definir cuáles magistrados recibieron la llamada, si él sí los llamó, y si fue así, qué fue lo que les dijo”, explicó el penalista, quien agregó que el deber del magistrado Linares era reportar esta situación oportunamente.
Previamente, Linares había aclarado que no le constaba cuál era el propósito de las llamadas hechas por el expresidente a otros togados y aclaró que en su caso no sintió presiones de ningún tipo. “Como ponente yo no recibí llamadas ni tuve reuniones con ninguno de los expresidentes. No sentí presiones, debo decirlo con claridad”, expuso.
Entretanto, el 14 de noviembre, ante la oleada de cuestionamientos que desató esta situación, las magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo se pronunciaron para defender que ninguna de las dos recibió presión alguna de parte de Santos para la votación. “Todas las decisiones que hemos tomado como magistradas de la Corte Constitucional durante su periodo constitucional han estado basadas en razones estrictamente jurídicas”, apuntaron las togadas.
Santos no se guardó nada
En medio de este río revuelto, el expupilo de Uribe decidió pronunciarse y con aparente molestia se despachó contra su antecesor al plantear que no le sorprendió la denuncia penal, ya que está “acostumbrado a sus acusaciones (de Álvaro Uribe) falsas y a sus ataques sin fundamento. Han sido demasiadas en más de diez años”, planteó Santos.
Además, el nobel de Paz se defendió frente a los señalamientos de presuntas presiones a la Corte para que se mantuviese la imputación y alegó que son falsas. “Esta acusación, al igual que todas las anteriores, quedará como lo que es: otra cortina de humo para producir efectos mediáticos y políticos”, cuestionó.
En esa línea, revivió otras acusaciones hechas por Uribe, como el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014; su supuesta condescendencia con las extintas Farc; y su responsabilidad en la grabación de uno de los testigos que hoy –en palabras de Santos– “lo tiene acorralado”, refiriéndose a Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso por presunto soborno y fraude procesal.
Este tire y afloje entre los expresidentes se convirtió en la antesala del que será su eventual cara a cara en la Fiscalía (ver Para Saber Más), pues aunque Santos pidió un pacto de no agresión, la defensa de Uribe reiteró que tendrá que dar explicaciones ante el ente investigador
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