Ante el Congreso de la República tendrán que responder por las denuncias de presuntas presiones indebidas en un contrato del Ministerio de Salud en el Amazonas la superintendente delegada para los prestadores de salud, Beatriz Gómez Consuegra. Una columna del periodista Daniel Coronell reveló audios en los que la funcionaria le exigía a la agente interventora del Hospital San Rafael de Leticia firmar el contrato para un buque–hospital.
En contexto: Denuncian que esposa del minSalud habría ejercido presión en millonario contrato.
Este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó una proposición para citar a un debate de control político al superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, y a Gómez —quien es esposa del ministro del ramo, Guillermo Jaramillo— en donde tendrá que responder por esa denuncia periodística. La proposición fue firmada por congresistas de oposición e independientes.
Además de responder por las denuncias sobre las presuntas presiones por parte de la superintendente delegada, Beatriz Gómez también deberá aclarar desde cuándo inició su vinculación laboral con la Superintendencia de Salud, debido a que el presidente Gustavo Petro, cuando se refirió a estos señalamientos, dijo que su nombramiento se había hecho en el Gobierno de Iván Duque. Aún así, tanto el decreto de nombramiento como la información del Departamento Administrativo de la Función Pública señalan que está en la entidad desde septiembre de 2022.
En ese sentido, la funcionaria tendrá que remitir copia de las actas de posesión que ella haya rubricado, responder si ha presionado a funcionarios de aseguradoras y prestadores o agentes interventores y sobre los conflictos de interés que haya manifestado para cumplir con sus funciones.
La proposición aprobada pide que se informe “si desde la Delegatura para Prestadores de Servicio de Salud se ha presionado a funcionarios de hospitales a firmar contratos durante los últimos dos años (...) informar si la Oficina de Control Interno o el Comité de Convivencia Laboral ha recibido denuncias o quejas relacionadas con casos de maltrato o acoso laboral ocasionados por Gómez”.
¿De qué se trata el contrato en Amazonas?
El contrato sobre el que pesan los señalamientos contra la esposa del ministro es para la construcción de un buque–hospital en el Amazonas, que es una iniciativa de impacto social del Gobierno que busca aumentar la cobertura en zonas de difícil acceso mediante una unidad flotante equipada para prestar servicios médicos a comunidades ribereñas. Este proceso tenía un costo inicial de más de $73.000 millones, que inicialmente fue estimado en $55.000 millones, pero luego se ajustó el valor por el aumento en el precio del acero y otros costos logísticos.
Uno de los fragmentos del audio divulgado por el periodista Coronell registra cuando, presuntamente, Gómez le dijo en una conversación telefónica con la entonces agente interventora del hospital, Lina Baracaldo, y el asesor jurídico de la entidad, Mario Castro: “Usted decide, que quede firmado hoy o me pasa la renuncia”.
Vale recordar que la representante a la Cámara Catherine Juvinao reveló que la superintendente delegada incurrió, presuntamente, en una falta disciplinaria gravísima por su actuación sobre el señalado contrato. La congresista reveló un documento que muestra que la superintendente delegada presentó un impedimento, el 14 de marzo de 2024, que aplica para las E.S.E. (empresa social del Estado) Hospital San Rafael de Leticia para “actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social”.
Beatriz Gómez Consuegra está siendo investigada disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación por cuenta de estas denuncias, mientras que el ente control también hace una revisión con lupa de la ejecución del contrato en Amazonas.
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