En los archivadores de la Casa de Nariño permanece —desde el 30 de mayo pasado— una ley aprobada por el Congreso y a la que solo le falta la sanción del presidente Gustavo Petro.
Se trata de la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El mecanismo pretende dar más y mejores garantías a los 7,7 millones de colombianos que son sujeto de reparación por las afectaciones que les dejó el conflicto armado.
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Fue el propio presidente Petro quien planteó la necesidad de reformar la Ley de Víctimas (vigente desde 2011). Lo hizo durante su intervención en la plenaria del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia de abril del año pasado.
“Los datos que tenemos, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, es que el valor de indemnización es de 301 billones de pesos. El presupuesto de este año para esa entidad es 2,5 billones anuales. Simple matemática: 301 billones entre 2,5 billones nos da el tiempo total para indemnizar las víctimas de 125 años. Es decir, aquí estamos hablando de una mentira”, señaló el mandatario.
A partir de ahí tomó carrera, en varias entidades, la intención de presentar un articulado que recogiera las necesidades de las víctimas. Hasta el Congreso llegaron proyectos de los representantes de las curules de paz, del propio Gobierno y de la Defensoría del Pueblo.
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En el Legislativo, el articulado que mejor acogida tuvo fue el que presentó el Ministerio Público. El trámite duró nueve meses y su aprobación representó un paso clave para lograr la reparación integral de esta población.
Diana Marcela Bustamante —exdefensora delegada para la Orientación y la Asesoría de las Víctimas del Conflicto y una de las constructoras del articulado— le relató a EL COLOMBIANO que el éxito de la reforma radicó en que fue el resultado de un proyecto de investigación que recogió —bajo la mirada científica— las necesidades que han expuesto las víctimas y también los técnicos en los informes de la Comisión de Seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas.
¿Qué cambiará con la reforma?
Entre los principales ejes, la reforma propone un cambio general en la manera en la que se trabajaba en la reparación de las víctimas.
“La Ley 1448 de 2011 se construyó en clave de asistencia y atención, eso diluía un poco el acceso a la garantía de los derechos. La reforma, entonces, evita que se hable solo de medidas asistenciales y pone sobre la mesa la obligación del Estado de garantizarle a las víctimas los derechos sociales, económicos y culturales que el conflicto les vulneró”, explicó Bustamante.
La reforma buscará fortalecer la protección de los niños, niñas y adolescentes huérfanos. Pretende robustecer el derecho de la participación de las víctimas en todas las políticas públicas que las involucren y dejó fijada la garantía de acceso a la atención psicosocial.
También abrió la puerta para reconocer nuevas víctimas: los exiliados, de la Fuerza Pública —como los soldados regulares que prestaron servicio obligatorio— y a los firmantes de paz. Otra de las reformas cruciales tiene que ver con el enfoque diferencial para cada víctima.
El proyecto que aprobó el Congreso reconoció que existen poblaciones con características particulares debido a su orientación sexual, discapacidad o lugar de origen. “Reconocer estas interseccionalidades permiten tener un adecuado tratamiento al momento de implementar las medidas. No es la misma situación de una víctima de minas antipersonales del Chocó, que otra que de otra víctima que se encuentra en Cundinamarca”, añadió Bustamante.
Otro de los puntos buscará la coordinación interinstitucional entre todas las entidades del Estado que tienen algún tipo de competencia en los temas de víctimas, como la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas.
Novedad en restitución de tierras
Hasta el 30 de junio la Unidad de Restitución de Tierras (URT) había recibido 156.276 solicitudes de campesinos que solicitaron la devolución del predio que el conflicto les despojó. La propia URT reconoció que el 80% de estas víctimas están radicadas en ciudades y que el retorno a sus lugares de origen se dificulta por dos razones: las familias no quieren regresar al sitio donde sufrieron el hecho victimizante y porque han generado un nuevo proceso de arraigo en la ciudad.
“Nuestra propuesta estriba en una compensación para resolver aquellos casos en los que el retorno y la restitución es inviable. No podemos recargar esta situación en las víctimas”, señaló Bedoya. En este punto quedaría reglamentada una iniciativa que, por ahora, es un piloto dentro de la URT: se haría restitución en predios urbanos (casas o apartamentos) y se complementaría con proyectos productivos que puedan desarrollarse dentro del bien restituido.
¿Qué dicen las víctimas?
El último balance humanitario que entregó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dio cuenta de ocho conflictos que permanecen activos en Colombia. Solo durante el 2023 se registraron 145.049 desplazamientos forzados asociados al conflicto y 444 aparentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario como amenazas, violencia sexual, reclutamiento forzado, homicidios y privaciones arbitrarias de la libertad.
Desde la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas afirmaron que los conflictos vigentes supondrán un reto para la implementación de la reforma. “Sabemos que las dificultades también tienen que ver con el amplio número de víctimas, que sigue aumentándose por las situaciones de conflicto vigentes, y esto tiene que tenerse en cuenta en los ajustes presupuestales para que el Estado cumpla. La reforma es un paso importante”, señaló Eduardo Zapata, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas. La ejecución de la ley, entonces, parte con el reto del presupuesto en contra. Hasta ahora no está cuantificado el monto de recursos que se tendrán que destinar para su implementación.
EL COLOMBIANO conoció que se le ha solicitado en cuatro ocasiones el concepto fiscal al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero hasta ahora no ha sido entregado. Una vez el presidente Petro estampe su firma, la pelota recaerá sobre Lilia Solano, la recién posesionada directora de la Unidad para las Víctimas. Será ella la encargada de coordinar y ejecutar las disposiciones que ordena la reforma.
