Jorge Lemos, el actual director del DNI, la agencia de inteligencia del país, pasó en menos de una semana de asegurar que no tenía ningún rastro de la supuesta compra de Pegasus, a asegurar en una extensa entrevista en RTVC que ya tiene todos los detalles de cómo la operación se dio a través de lavado de activos. Sin embargo, no presentó ninguna prueba concreta.
De hecho, el día que Lemos le dijo a la prensa en el Congreso que no tenían ningún rastro del pago tuvo que sacar un comunicado la misma noche rectificando y señalando que solo podía dar esa declaración en nombre de su agencia, no de todo el Gobierno. Hasta ahora ninguna entidad del Gobierno sabe dónde está Pegasus o contra quién se pudo haber usado.
Una investigación de RTVC, publicada durante una larga emisión dirigida por Hollman Morris se refirió a la supuesta transacción de 11 millones de dólares entre el Gobierno colombiano y la empresa NSO Group, que administra el controvertido software. Sin embargo, las afirmaciones sobre la legalidad de esta operación se basan en evidencias que aún carecen de corroboración sólida.
Según el informe, la transacción se realizó entre junio y septiembre de 2021 y fue certificada por el Gobierno de Israel a través del Banco Hapoalim, uno de los más grandes del país. El dinero habría sido transportado en un avión comercial chárter desde Bogotá a Tel Aviv, generando una serie de interrogantes sobre el origen del dinero y afirmando que se trataría de fondos provenientes del narcotráfico.
La afirmación del director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, le agrega complejidad al caso, al afirmar que la compra del software implicó un lavado de activos. “Ellos sabían que estaban cometiendo un delito y que sus acciones iban en contra de los Derechos Humanos; por eso, lo hicieron por debajo de la mesa”, afirmó Lemus, señalando que el dinero fue entregado en efectivo y no fue reportado a la DIAN ni a la Aduana colombiana, pero tampoco presenta evidencias al respecto.
El informe también menciona que la suma involucrada provino de una incautación de dinero al narcotráfico, pero no explica si se trata de dinero incautado o si se refiere a una compra ilícita.
Además, se menciona un documento que supuestamente fue enviado a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) por la agencia israelí IMPA. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro erróneamente afirmó que esta agencia era de Suiza, lo que genera dudas sobre la precisión de la información presentada.
Por otra parte, el periodista israelí Gur Megiddo, quien recibió información del Banco Hapoalim, indicó que “la preocupación radica en cómo se puede asegurar que este dinero sea limpio”, y destacó que parte del capital habría sido incautado a cárteles de la droga.
El escándalo no solo afecta a Colombia, sino que también involucra a otros países de la región, como México y Venezuela, donde el uso de ‘Pegasus’ ha sido objeto de críticas. Incluso Estados Unidos ha presentado denuncias contra la empresa, argumentando que sus acciones violan normas internacionales y afectan la privacidad de los ciudadanos.
El informe sugiere que la defensa de algunos exfuncionarios del Gobierno Duque busca desvirtuar las acusaciones, argumentando que el actual Gobierno de Gustavo Petro está creando una narrativa de conspiración en torno al uso del software espía.
El informe revelaría, además, que una de las víctimas documentadas de ‘Pegasus’ en Colombia es María Fernanda Rangel Esparza, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, quien, según un dictamen forense, tuvo su celular contaminado por el software espía.
Rangel, que fue candidata a la Contraloría General de la Nación a principios de 2023, experimentó anomalías en su dispositivo, incluyendo la aparición y desaparición de aplicaciones, lo que confirmaría el uso del software en la vigilancia de figuras opositoras.
La evidencia presentada en la investigación apunta a un uso indebido del programa y de su adquisición, pero hasta ahora carece de pruebas de peso que esclarezcan el como fue la supuesta adquisición del software que ha sido implicado en violaciones a los Derechos Humanos en diversas partes del mundo.
Ante estas revelaciones, el senador Antonio José Correa, del Partido de la U, ha anunciado su intención de convocar un nuevo debate de control político en el Congreso de la República en la primera semana de octubre. Esta acción podría intensificar el escrutinio sobre el uso de tecnologías de vigilancia en el país y sus implicaciones para la democracia y los derechos de los ciudadanos.
