Los contratos, conocidos por EL COLOMBIANO, están en el ojo de huracán porque fueron firmados con entidades cercanas al sector Defensa, por lo que los contratistas estarían inhabilitados. ¿Qué responde el jefe de la cartera y los hermanos?
Dos contratos suscritos por Juan Carlos Sánchez, hermano del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, podrían estar bajo cuestionamiento jurídico al haber sido celebrados mientras su familiar ejerce la dirección de esa cartera desde el 19 de febrero del año pasado cuando fue nombrado en el cargo.
La controversia surge porque la Policía Nacional, entidad con la que firmó los contratos, hace parte del sector Defensa y se encuentra bajo la órbita de dirección y control del Ministerio.
El primer contrato fue suscrito con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional para ser ejecutado entre el 13 de febrero y el 17 de diciembre de 2025.
El valor del convenio fue de 60 millones de pesos, según documentos en poder de este diario. Juan Carlos Sánchez firmó el contrato de prestación de servicios con la brigadier general Olga Patricia Sánchez, como directora logística y financiera de la Policía.
El hermano del ministro fue contratado para prestar sus servicios profesionales de ingeniero y entre sus labores encomendadas estaba la planeación, estructuración y seguimiento de obras relacionadas con infraestructura de transporte y vías.
También prestó apoyo a la gestión mediante la realización de funciones administrativas en el Área de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura de la Policía. Asimismo, efectuó la gestión y asignación de requerimientos entre dependencias.
Aparte de ello, Juan Carlos Sánchez ejecutó actividades relacionadas con el acompañamiento y apoyo a la gestión en la supervisión de mantenimiento en instalaciones policiales. Esto incluye la revisión de documentación para la financiación de mantenimientos, la emisión de conceptos de viabilidad y la elaboración de respuestas a oficios de solicitud de acompañamiento por parte de unidades policiales en todo el país.
Una vez terminó ese contrato, el pasado 21 de enero de nuevo Juan Carlos Sánchez firmó un segundo contrato (todavía en ejecución) por 77 millones de pesos para prestar servicios profesionales, de nuevo como ingeniero civil, con la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional.
Este fue suscrito con el general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, director logístico y financiero de la Policía Nacional que reemplazó en el cargo a Olga Sánchez. El plazo de ejecución fue fijado en once meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
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Expertos consultados dicen que estos dos contratos firmados, uno ya ejecutado y el otro en curso, podrían configurar una inhabilidad por parentesco en segundo grado de consanguinidad (hermanos), conforme al artículo 8, numeral 2, literal b de la Ley 80 de 1993, dado que el ministro de Defensa es el jefe del sector al que pertenece la Policía y, por tanto, superior jerárquico dentro de la estructura administrativa.
“La inhabilidad no es un simple conflicto de intereses: es una prohibición jurídica expresa para contratar. Si se confirma su configuración, el contrato sería absolutamente nulo, según el artículo 44 de la misma ley. En cuanto a responsabilidades, el principal riesgo penal recaería sobre el funcionario de la Policía que actuó como ordenador del gasto y firmó el contrato”, afirma el abogado con experiencia en distintas entidades.
Agregó que el artículo 408 del Código Penal sanciona al servidor público que intervenga en la celebración de un contrato con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Respecto del ministro, añadió, solo habría eventual responsabilidad si se demostrara intervención directa en la tramitación o celebración del contrato.
EL COLOMBIANO contactó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien por escrito respondió: “Mis hermanos se han hecho a pulso, tienen derecho al trabajo como cualquier colombiano, y no hay ningún conflicto de intereses o norma que se haya violado”.
Por su parte, su hermano Julio César Sánchez también respondió a este periódico y dijo que el ministro de Defensa no interfirió en los contratos suscritos con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional.
Además, señaló que dichos procesos fueron tramitados por los funcionarios delegados con competencia expresa para ello, en cumplimiento de la norma que define claramente la delegación contractual en el sector Defensa.
Sánchez explica que la inhabilidad por parentesco, prevista en la Constitución y la Ley 80 de 1993, requiere la existencia de facultades decisorias o intervención directa en el proceso contractual.
En este caso, precisa, no hubo ejercicio de facultad decisoria del Ministro ni participación funcional alguna en la estructuración, evaluación, adjudicación o ejecución de los contratos mencionados.
“La contratación ordinaria en las unidades ejecutoras y dependencias del sector no se tramita directamente ante el Ministro, sino ante los ordenadores del gasto y delegatarios competentes. En el caso de los contratos mencionados: fueron tramitados por la dependencia competente de la Policía Nacional; la competencia contractual correspondió al ordenador del gasto o funcionario delegado; no existió intervención funcional del Ministro en la estructuración, evaluación, adjudicación o ejecución del contrato; no hubo ejercicio de facultad decisoria directa o indirecta”, afirmó Juan Carlos Sánchez a EL COLOMBIANO.
Otros contratos de Juan Carlos Sánchez durante el gobierno del presidente Gustavo Petro: el 19 de diciembre de 2025 por $172.640.000 firmó un convenio con el Servicio Geológico Colombiano, bajo la modalidad de contratación directa.
El acuerdo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, inició su ejecución el 24 de diciembre de 2025. Entre las responsabilidades asignadas se encuentran el apoyo a la supervisión técnica, administrativa y financiera de contratos de obra, suministro e interventoría, así como el seguimiento a proyectos de infraestructura y edificaciones.
Antes de esos contratos, y en el mismo gobierno Petro, Juan Carlos Sánchez suscribió tres contratos los días 23 de abril de 2024 y 12 y 13 de febrero de 2025, que en conjunto sumaron 194 millones de pesos.
Uno de los contratos firmados el 12 de abril de 2025 fue con el Ministerio de Minas por valor de $82,6 millones.
El objeto del mismo era prestar el servicio de asistencia técnica en el mejoramiento del “comercio legal de combustibles en los municipios” fronterizos. Como registra en el Secop, este contrato terminó cedido por Juan Carlos Sánchez a un señor Jhon Jairo Nova.
Para entonces, su hermano Pedro Sánchez Suárez se desempeñaba como oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y después jefe de protección personal del presidente Gustavo Petro, antes de llegar al Ministerio de Defensa.
Otro de esos contratos fue para trabajar hasta el 31 de diciembre de 2024 como ingeniero civil del componente de obras, planeación, estructuración y seguimiento de proyectos.
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El contrato, suscrito por 52 millones de pesos, fue firmado con la general Olga Salazar Sánchez, en ese momento directora de logística y financiera de la Policía, una relación contractual de atrás y no solo reciente con los contratos cuestionados por una posible inhabilidad.
Sánchez Suárez es ingeniero civil, especialista en obras, y cuenta con trayectoria en los sectores público y privado. De acuerdo con su hoja de vida registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), ha trabajado en la Dirección General de la Policía Nacional, en la Unión Temporal Aguas Girón 2022, en la Alcaldía de Boavita y en distintas firmas de consultoría e ingeniería.
A los contratos anteriores se suman los de Julio César Sánchez Suárez, hermano del ministro de Defensa y de Juan Carlos.
Ambos han firmado contratos con diversas entidades del Gobierno Nacional durante la actual administración del presidente Gustavo Petro y, sobre todo, mientras su hermano está al frente del sector defensa del país.
Según documentos revisados por este EL COLOMBIANO, los siete contratos suscritos por ambos hermanos, en el gobierno Petro, suman en total más de 735 millones de pesos.
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Estos casos se dan en un contexto en que otros funcionarios de alto perfil, incluidos el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, han sido cuestionados por los contratos que han recibido algunos de sus familiares.
El 19 de febrero del año pasado, Pedro Sánchez asumió oficialmente el cargo de ministro de Defensa, tras una extensa trayectoria en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Su llegada a la cartera de seguridad se da poco después de que sus familiares consolidaran contratos con entidades públicas.
Antes de su nombramiento, Sánchez se desempeñaba en la comandancia de esta institución, donde lideró operaciones estratégicas y coordinó diversas misiones de alto riesgo.
Durante 2023, su labor más reconocida fue la coordinación del rescate de los niños indígenas tras el accidente aéreo en el Amazonas que conmovió al país.
Revisiones de las declaraciones de conflicto de intereses del ministro Sánchez y de sus hermanos muestran que ninguno de estos contratos fue registrado en las mismas para dejar claridad de que estaban contratados mientras Pedro Sánchez es ministro de Defensa.
Expertos consultados por este diario explican que aunque el conflicto de intereses no es un delito en el país, y es más bien un deber de los funcionarios públicos, el ministro y sus hermanos sí hubiesen reportado los contratos por reporte de rigor en el ejercicio de sus cargos.
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Julio César Sánchez Suárez, otro hermano del ministro de Defensa, figura con dos contratos mientras Pedro Sánchez está al frente de la cartera de defensa. Ambos son con el Ministerio del Interior.
El primero de ellos fue firmado el 13 de marzo de 2025 para prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Seguridad Convivencia Ciudadana y Gobierno de esa entidad, hasta hace poco dirigida por Nhora Mondragón, hoy liderando el Dapre.
Ese contrato fue firmado por un poco más de 130 millones de pesos para que se ejecutara hasta el 31 diciembre del 2025. En el mismo quedó acordado que Sánchez Suárez debía prestar sus servicios profesionales para acompañar esa entidad del Ministerio en las alertas tempranas sobre amenazas y riesgos a líderes sociales en distintas zonas del país.
El otro contrato firmado por Sánchez Suárez con la misma entidad fue el 22 de enero de este año, por más de 161 millones de pesos. El objeto contractual es prestar sus servicios profesionales en la misma Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior.
Ese acuerdo, firmado hasta el 31 de diciembre del 2026, incluye brindar apoyo en los procesos de análisis, valoración y sistematización de información “relacionada con escenarios de riesgo, amenazas y alertas en materia de seguridad y orden público”.
Para hablar de su contratación, desde EL COLOMBIANO tomamos contacto con Julio César Sánchez, pero este manifestó por teléfono que “estaba en una reunión” y que después lo contactáramos, pero de momento no ha sido posible poder tomar contacto de nuevo con él.
El 13 de marzo de 2025, Julio César Sánchez Suárez suscribió un contrato con el Ministerio del Interior, bajo la modalidad de contratación directa, por un valor de 130 millones de pesos.
El objeto del contrato consistía en prestar, por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales a la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Gobierno, apoyando los procesos de evaluación, análisis y procesamiento de información relacionados con escenarios de riesgo en materia de seguridad.
Previamente, el 8 de febrero de 2024, firmó un contrato de mínima cuantía con el Municipio de Boavita por casi 15 millones de pesos. El objeto fue la prestación del servicio a todo costo de horas de arado para apoyar las labores agrícolas en distintas veredas del municipio durante la vigencia 2024.
El contrato incluyó alquiler de tractor, combustible, mantenimiento y/o repuestos, operario y demás gastos de funcionamiento requeridos. Asimismo, el 1 de febrero de 2023 celebró otro contrato, también bajo la modalidad de mínima cuantía, con la Alcaldía de Boavita por un valor de más de once millones de pesos.
Este contempló la prestación del servicio para apoyar las labores agrícolas en las veredas del municipio durante la vigencia 2023, incluyendo alquiler de tractor, combustible, mantenimiento, operario y demás gastos asociados, en cumplimiento del programa “Todos de la mano con el campo” del Plan de Desarrollo 2020-2023 de ese municipio.
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