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Víctimas piden protagonismo real en mesa de conversaciones

En Medellín, Bogotá y otras ciudades hubo concentraciones para respaldar los diálogos de paz.

  • Delegados de 37 organizaciones sociales y asociaciones de víctimas del conflicto se reunieron en el centro de Medellín y exigieron ser escuchadas por el presidente Santos. FOTO Donaldo Zuluaga
    Delegados de 37 organizaciones sociales y asociaciones de víctimas del conflicto se reunieron en el centro de Medellín y exigieron ser escuchadas por el presidente Santos. FOTO Donaldo Zuluaga
06 de octubre de 2016
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El anuncio del cese el fuego bilateral hasta el 31 de octubre, hecho el martes por el presidente Juan Manuel Santos, así como el resultado negativo en la refrendación de lo acordado entre el Gobierno y las Farc, llenó de incertidumbre a las víctimas del conflicto armado, que ayer enviaron un mensaje ante el nuevo panorama de negociación que puede abrirse en el país.

El reclamo de las personas afectadas por las confrontaciones es por una participación más activa en la mesa de negociación, con una representación que lleve muchas de las propuestas recogidas en distintos foros, consideradas por ellas letra muerta.

En un comunicado emitido ayer en Medellín, las víctimas del conflicto armado solicitaron a los colombianos rodear el proceso, no permitir las negociaciones como instrumento electoral, económico o ideológico, y mantener “el cese bilateral para evitar que los fusiles de ambos bandos sigan llenado de sangre y dolor este país, no es momento para presiones ni concesiones arbitrarias a quienes se oponen a la paz”.

Las víctimas, que asistieron al encuentro para solicitar una mayor representatividad, dieron un total apoyo al proceso de paz. Aún así, insisten en ser escuchadas “porque no solo están los que votaron No, también estamos los del Sí y necesitamos estar ahí en las conversaciones”, aseveró Yolanda Perea, víctima de las Farc y delegada en la Mesa de Víctimas de Medellín.

Clamor nacional

No solo en la capital antioqueña hubo manifestaciones para solicitar el respeto por lo acordado en el tema de las víctimas y una mayor inclusión en futuras conversaciones. Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, Pasto, San José del Guaviare, Ibagué y Quibdó sumaron voces de apoyo a los acuerdos, y también solicitaron audiencias con el presidente Santos.

Tal fue el caso de las víctimas de Bojayá que mediante una carta solicitaron a Juan Manuel Santos ser recibidos en la Casa de Nariño para explicar su postura, y llegar a un acuerdo de respeto al Sí expresado por ellas en las urnas, además, que junto con el Congreso, se salvaguarden los aspectos más fundamentales del acuerdo de paz.

“La sociedad que votó por el No tiene una deuda con los derechos de las víctimas y con el costo en vidas humanas que tiene su votación sobre las poblaciones que sí padecemos la guerra”, explicó Leyner Palacios, líder comunal en Chocó.

Temor en los territorios

Ante el panorama confuso en el que se encuentran los afectados por el conflicto armado, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Antioquia, Jorge Mario Alzate, les expresó que la Unidad Nacional seguirá con la aplicación de la Ley de Víctimas, pues hay una apuesta en 10 años de avanzar con la reparación, sin embargo, lamentó que ocurra bajo el actual escenario y no en un ambiente de paz, lo que seguramente, aseveró Alzate, aceleraría los procesos de reparación y fortalecería esta unidad presupuestalmente.

Pese a ello, el funcionario estatal manifestó que han recibido llamadas de líderes de comunidades y víctimas asentadas en territorios cercanos o de influencia de las zonas de ubicación, en las cuales expresan algún tipo de temor por el anuncio del fin del cese el fuego y de hostilidades el próximo 31 de octubre.

“Hemos recibido llamadas en las que preguntan qué va a pasar con ellas en el territorio donde están las Farc. Esto nos hace darle un llamado a la institucionalidad para garantizar la seguridad a las poblaciones que han sido receptoras de los grupos armados, y estamos haciendo presencia en zonas de normalización con actividades de jornadas de atención y orientación a la población”.

Para evitar que se presenten inconvenientes con estas comunidades, desde el Gobierno Nacional se ha manifestado que las zonas seguirán custodiadas por hombres del Ejército y la Policía Nacional.

7
millones 900 mil personas es el número de personas registradas como víctimas.
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