Yuliana Samboní: el crimen que indignó a Colombia

Aunque por este hecho la justicia actuó con prontitud y el responsable fue condenado, el caso aún no está cerrado.

En varias zonas de Bogotá, decenas de personas han salido a las calles para exigir justicia en el caso de Yuliana. FOTO colprensa

El secuestro, abuso sexual y asesinato de la pequeña de siete años Yuliana Samboní, por Rafael Uribe Noguera, quien fue condenado por estos hechos a 58 años de prisión, conmocionó en 2016 a toda Colombia.

Uribe Noguera raptó a la pequeña en una camioneta frente a su casa en el barrio Bosque Calderón localidad de Chapinero, lo que quedó registrado en videos, y luego se la llevó al Edificio Equus 66 en donde la accedió carnalmente y luego la asesinó.

En este caso, Medicina Legal ratificó que el material biológico encontrado en el cuerpo de la menor, vincula a Uribe con el crimen que indignó a todo un país.

El 11 de enero de este año, ante el Juzgado 35 de Conocimiento de Bogotá el arquitecto Uribe Noguera aceptó los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y secuestro agravado y fue condenado el 29 de marzo, en primera instancia, a 51 años y 10 meses de prisión.

En esa ocasión, el Juzgado resaltó como Uribe Noguera sabía la ilegalidad de sus conductas, se aprovechó de una menor en situación de vulnerabilidad y la mató con una “descomunal violencia”: “La muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulamiento, además los dictámenes concluyen que hubo una actividad sexual violenta. El Juzgado puede concluir que la menor fue sometida por un tercero a hechos relacionados con acceso carnal, sin su consentimiento”, indicó en su momento la juez.

Luego, el pasado 2 de noviembre, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la pena a 58 años de prisión y le impuso una multa de más de 1.200 millones de pesos a la nación como reparación a las víctimas.

Este jueves se resolvió la situación jurídica de Catalina y Francisco José Uribe Noguera, hermanos de Rafael, quienes quedaron absueltos por los delitos de favorecimiento en secuestro y favorecimiento de homicidio, además de ocultamiento, alteración, destrucción y supresión de material probatorio.

Esto, por supuestamente intentar desviar las investigaciones y manipular elementos probatorios que había en el apartamento y la escena del crimen de la menor.