El mandato es ambicioso desde su nombre. En tres años la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición deberá responder con imparcialidad a un país polarizado por las causas, responsabilidades compartidas y consecuencias de más de 50 años de conflicto, destrucción y derramamiento de sangre.
Casi tres años de transcurrida la negociación entre el Gobierno y las Farc, y justo en un momento complicado de los diálogos, ambas partes acordaron las bases de uno de los mecanismos de justicia transicional más esperados por millones de víctimas de todos los actores del conflicto, quienes reclaman verdad, justicia y reparación.
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Los equipos negociadores del Estado y la guerrilla anunciaron que son tres los objetivos de esta Comisión, el informe final y mecanismos que se construyan: “esclarecer lo ocurrido durante el conflicto, promover el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos vulnerados y la promoción de la convivencia en los territorios”.
Pero desde la misma conformación de la Comisión y las reacciones y análisis tras el anuncio en Cuba, se vislumbran retos difíciles de cumplir para que tenga aceptación en un país dividido a favor y en contra del Gobierno y las negociaciones. Y con una guerrilla repudiada por la mayoría de la población por su violencia.
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Imparcialidad y selección de comisionados
Si se logra pactar el fin del conflicto con la mayor guerrilla colombiana serán 11 comisionados para liderar en los tres años siguientes una investigación extrajudicial.
Los miembros serán elegidos por un comité de 9 integrantes. Seis elegidos por Gobierno y el grupo insurgente y los tres restantes de organizaciones de derechos humanos.
Aunque el jurista peruano Javier Ciurlizza celebra la importancia de una comisión de la verdad para “construir una memoria común del conflicto con reconocimiento de responsabilidades que ayude a la reconciliación”, advierte que el éxito de este mecanismo radica en la imparcialidad y calidad de los comisionados.
Ciurlizza fue el secretario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú tras el conflicto con la guerrilla de Sendero Luminoso.
Con esa experiencia señala que “no es bueno que el proceso de selección este sujeto a la voluntad de las partes, que van a escoger a la mayoría de comisionados. Estos deben ser independientes, porque cualquier sesgo le puede restar independencia y credibilidad a la comisión y su informe”.
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Y es que el acuerdo que sustenta la Comisión de la Verdad señala que el informe final deberá responder a las “prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo”.
Varios analistas, entre ellos Ciurlizza, consideran como un antecedente a tener en cuenta el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, elaborado por 12 historiadores escogidos en la mesa de negociaciones, cuyo trabajo ha sido cuestionado de “sesgado” y no ha tenido impacto más allá de lo académico.
Reconocimiento de responsabilidades
El Gobierno y las Farc acordaron que el informe final se concentrará “en las responsabilidades del Gobierno, el Estado y sus ramas del poder, los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto”.
Por eso genera expectativa en la población afectada por el conflicto, que se refleja en las 7 millones 392 mil 679 víctimas (registradas con fines de reparación), además de las colectivas (sindicatos, movimientos políticos, grupos étnicos).
El reconocimiento de responsabilidades preocupa a dirigentes políticos que tienen vocería de las víctimas directas de las Farc, como el senador Mauricio Lizcano.
“La Comisión de la Verdad es un mecanismo que funcionaría si la historia del conflicto la escriben las víctimas y no los victimarios. Por eso el cuidado de quiénes la conformarán, ya que lo que quieren las Farc es cambiar la historia de Colombia y quedar como las víctimas”, afirmó Lizcano.
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No sustituye acción de la justicia
“Con la conformación de esta Comisión no estamos abonando un terreno hacia la impunidad. La verdad no mata la justicia”, precisó el jefe negociador Humberto de la Calle para dejar claro que se trata de verdad no judicial.
La justicia transicional es otro tema complejo que se negocia con dificultad en la mesa de conversaciones.
“Sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella”, informaron el Gobierno y la guerrilla.
María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, explica que se busca una verdad no judicial para responder “a los hechos y contextos que escapan a la justicia tradicional (castiga la responsabilidad individual) como las violaciones masivas a los derechos humanos en un conflicto, las responsabilidades políticas, sociales o institucionales”.
Líderes de víctimas, como la antioqueña Pastora Mira, esperan que el fin del conflicto haga realidad esa comisión que podría explicar tanto sufrimiento y preguntas sin respuesta, como la suerte de miles de desaparecidos.
“Sería valioso para descubrir esas verdades ocultas detrás de los hechos violentos que conocemos, las condiciones que permitieron que todo ocurriera para que no nos vuelva a pasar”, dice esta líder de San Carlos.
Espera que se cumpla con la promesa de que la comisión tendrá participación de la sociedad, las víctimas y “se tengan en cuenta las experiencias regionales, porque la paz se construye en los territorios”.
Eso lo sabe bien después de desenterrar con sus propias manos los restos óseos de parientes asesinados. Esa labor, en apariencia macabra, la convirtió en líder de otras víctimas para encontrar cientos de fosas con desaparecidos. Luego lideraron el desminado y la reconciliación entre víctimas, guerrilleros y paramilitares.
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