El Gobierno Nacional definió la estrategia integral para un eventual posconflicto y que constituye un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que presentará este viernes a consideración del Congreso de la República.
Dicha estrategia contempla tres acciones básicas para pasar del conflicto armado a la paz: seguridad, justicia y democracia.
En ese sentido, la estrategia contempla la garantía plena de los derechos de las víctimas, la seguridad ciudadana y una nueva arquitectura institucional para reducir la pobreza.
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’, cuyos pilares son la paz, la equidad y la educación, plantea la reconstrucción del tejido social desde las regiones, en especial de aquellas más afectadas por cinco décadas de conflicto armado interno.
“La tarea central en esa dirección es crear la arquitectura y las políticas que lleven al fin sostenible del conflicto armado y a la garantía de la no repetición, con un esfuerzo constante del Estado y en particular de la Fuerza Pública para asegurar el orden constitucional, garantizar el ejercicio legítimo de la fuerza y sentar las bases para el desarrollo económico y social del país en la próxima década”, dice un aparte del documento del DNP.
También se destaca que para garantizar una paz estable y duradera se requiere del mejoramiento de la capacidad de las Fuerzas Armadas, “las cuales se mantendrán a la ofensiva contra los grupos que persistan en su accionar violento, y liderarán el desarme y la desmovilización de los combatientes y redes de apoyo de grupos ilegales, al tiempo que garantizarán la protección de la ciudadanía”.
Las siguientes son las principales acciones que de cara a un eventual posconflicto contempla el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’.
Desmovilización
El Gobierno, según el proyecto de PND, advierte que mantendrá la política nacional de desmovilización individual y colectiva de integrantes de grupos armados al margen de la ley, orientada a disminuir el número de sus integrantes.
“El Gobierno tiene claro que de los resultados de esta etapa, en buena medida, depende el éxito del proceso de paz, porque constituye prueba de reconciliación”, señala el proyecto.
Cifras de la Agencia Nacional para la Reintegración señalan que hasta finales de 2014 se habían desmovilizado 57.000 personas, incluyendo desmovilizados individuales de la guerrilla: Farc, 18 mil; Eln, 4 mil; y desmovilizaciones colectivas, 36 mil, en especial de las ex Autodefensas Unidas de Colombia.
Reparación a víctimas
Respecto de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, se propone ampliar la cobertura de los programas de atención socioeconómica para garantizar los derechos a la subsistencia mínima, identificación, salud, educación, reunificación familiar y generación de ingresos, así como la garantía de acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación.
Según el Registro Único de Víctimas del Gobierno, a 2014 estaban registradas seis millones 864.934 víctimas del conflicto, siendo el desplazamiento forzado el que más ha aportado a esa cifra: 86% del total.
“Esta cifra de víctimas representa el 14% de la población nacional, y para atenderlas el Gobierno ha tenido que hacer un esfuerzo presupuestal de 20 billones de pesos en el último cuatrienio, en asistencia para superar sus condiciones de vulnerabilidad y en medidas de reparación”, destaca el proyecto.
En ese sentido, dice que el PND prevé varias estrategias para superar la situación de vulnerabilidad de los desplazados, garantizar medidas de indemnización administrativa, restitución de tierras y vivienda, y reparación colectiva.
Una de ellas es reforzar la Unidad para las Víctimas del Sistema Nacional de Atención y Reparación de Integral de Víctimas.
En cuanto a reparación colectiva, están contemplados programas de construcción de infraestructura y reconstrucción de infraestructura social, atención sicosociales a las comunidades afectadas y planes de retorno y reubicación de población desplazada.
Reintegración
En este aspecto, la acción gubernamental estará orientada al desarme, desmovilización y reinserción mediante campañas en las regiones, donde se concentra el accionar de los grupos al margen de la ley y la judicialización y captura de los ejecutores del reclutamiento y utilización de niños y adolescentes.
“El éxito de este proceso define la posibilidad de que las personas que decidan dejar las armas, encuentren condiciones para vivir dignamente en la legalidad y contribuyan a la paz, la seguridad y la convivencia”, se asegura en el proyecto.
Cifras del conflicto
Según cifras oficiales, en el cuatrienio 2010-2014, gracias a la Política de Seguridad para la Prosperidad y los planes ‘Espada de Honor’ y ‘Corazón Verde’ de las Fuerzas Militares, permitieron neutralizar a 54 cabecillas de las Farc, 17 del Eln y 42 de las llamadas bacrim.
El análisis, realizado durante cuatro meses en la llamada ‘Vuelta a Colombia del DPN’, mostró que “en el 90% de los municipios del país no presentaron atentados terroristas de las Farc y el Eln; en el 95% no se registraron acciones subversivas; el 82% de las poblaciones no reportaron actividad alguna de las bandas criminales organizadas, y en 94% de los municipios del país no registraron casos de secuestro extorsivo”.
Convivencia y seguridad
Para el Gobierno, afianzar la transición hacia la paz implica otras acciones como la lucha contra las principales modalidades delictivas en las ciudades, la consolidación del número 123 de emergencias, el aumento del pie de fuerza de la Policía y mejoramiento de su equipamiento, además de la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos al margen de la ley.
Adicionalmente, se prevé el fortalecimiento de la administración de justicia mediante el acceso fácil a las Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana y una reforma integral a las Comisarías de Familia.
Y en cuanto a la política criminal, la estrategia prevé fortalecer la capacidad investigativa en la lucha contra la criminalidad, la implementación de penas reparadoras y medidas alternativas a las penas de privación de la libertad mediante la reforma al Código Penal.
Sector rural
Siendo el campo colombiano el más afectado por el conflicto armado interno, el Plan Nacional de Desarrollo prevé varias acciones que implican la territorialización y articulación de las entidades estatales competentes para hacer efectivos los derechos de sus habitantes.
Adicionalmente, el Gobierno busca garantizar territorios libres de minas antipersonal mediante una estrategia de desminado humanitario.
Política antidrogas
Frente a esta problemática, el PND plantea la necesidad una “redefinición del enfoque de la política criminal”, la cual debe “estar acompañada de acciones para endurecer las capacidades del Estado para intervenir estratégicamente todos los eslabones de la cadena de las drogas, especialmente los relacionados con la heroína, drogas sintéticas y las fases intermedias del procesamiento de la cocaína”.
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