Tumaco es una herida abierta en el extremo suroccidental de Colombia, por donde además de la sangre de sus habitantes, fluye incontenible la cocaína hacia un voraz océano de narcotraficantes, dispuestos a impedir que cicatrice. Por eso cuando Lisandro* contempla el río Mira, uno de los afluentes más usados para transportar la droga, dispara una frase tan cruda que enfría el corazón: “la comida de nosotros es la coca, si no la hubiera, habría una guerra civil”.
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Este veterano campesino del corregimiento Llorente, en la frontera con Ecuador, es una pequeña tuerca en el engranaje que tiene convertido al municipio nariñense en la plataforma de exportación del 60 % de la cocaína que sale de nuestro país, según los cálculos de la Policía y la Armada.
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No en vano, en Tumaco están sembrados el 18 % de los cultivos ilícitos, que equivalen a 16.960 hectáreas, de acuerdo con la ONU. De esas, 15 hectáreas son cuidadas por Lisandro, quien frunciendo el ceño bajo su sombrero de caña, hace cuentas: “cada dos meses, uno saca 300 arrobas de hoja en la cosecha, que le generan unos $6 millones. Hay que repartirles a los raspachines y a los que la transportan, y apenas queda para sostener a la familia de uno. El campesino cocalero solo gana para subsistir, no es rico”.
–¿Y a dónde va a parar el producto?, le pregunto, buscando sombra contra los rayos solares que enrojecen la piel.
–A nosotros fijo nos compran la hoja o la base de coca, pero uno no sabe quiénes son.
Esos compradores, que él dice desconocer, son los que se quedan con la fortuna de dólares que patrocina a los grupos armados que tienen inflamado el índice de homicidios en la localidad, conocida desde sus mejores tiempos como “la Perla del Pacífico”.
Las hienas de la coca
En la comandancia de la Brigada de Infantería de Marina N°4, el coronel Nulvar Galvis está parado frente a un mapa de la Costa Pacífica nariñense, donde sus tropas tienen jurisdicción. Con su dedo índice va señalando los lugares empleados por las redes del narcotráfico.
La frontera con Ecuador, plagada de selva, vías fluviales y abandono estatal; un clima húmedo y favorable para sembrar la coca; y la inmensidad del océano para usar como autopista, son las maldiciones que transformaron a Tumaco en la central mundial de la cocaína.
El oficial explica que desde 2003 hasta 2009, la hegemonía del negocio la tuvo la banda “los Rastrojos”, proveniente de Valle del Cauca. Luego, en medio del tronar de los fusiles, el control pasó a manos de las Farc, por medio de su columna móvil Daniel Aldana.
Cuando la guerrilla inició el proceso de paz en 2012, otras agrupaciones comenzaron a rondar la región, como hienas olfateando la carroña, a la espera de que los leones suelten la presa para cumplir con la reinserción. “Los Urabeños” anidaron en el vecino municipio de Barbacoas, y el Eln fortaleció su presencia en Ricaurte.
Se incrementaron los decomisos de lanchas, semisumergibles y toneladas de droga, al tiempo que las hectáreas se multiplicaron por la demanda de las nuevas facciones, incluyendo extranjeras, pues desde México, Centroamérica y Ecuador arribaron emisarios para alimentar las rutas que van a EE. UU. y Europa.
La producción del alcaloide alcanzó niveles industriales, en una zona donde el desempleo de la población es cercano al 70 %. Por eso miles de habitantes, entre ellos Lisandro, entraron al negocio.
Este 5 de octubre, la Dijín y la DEA presentaron la más reciente acción contra el crimen transnacional en el área, denominada Operación Perla del Pacífico. Capturaron a 27 extraditables: 15 en Colombia, 10 en Ecuador y dos en EE. UU.
Según el director de la Policía, general Jorge Nieto, integraban cuatro organizaciones de narcotráfico con redes en Nariño, Cauca, Valle y la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Les ocuparon 75 bienes para extinción de dominio, valorados en $4.755 millones. “Son responsables de una cadena de homicidios selectivos, incluidos rivales y varios de sus mismos integrantes, a raíz de retaliaciones por el dominio de rutas”, acotó.
Con un mercado tan lucrativo y sin un cartel que lo domine enteramente, las operaciones están a cargo de pequeñas sociedades que actúan como microempresarios, con servicios que van desde el cultivo, procesamiento en laboratorios y transporte del estupefaciente. Es por eso que el coronel Galvis, cerrando su exposición en el mapa, asevera que en Tumaco hay un clúster del narcotráfico.
Pistolas al acecho
El centro de Tumaco es tan agitado, que donde uno se pare, estorba. En sus caminos adoquinados pululan motos y ríos de gente, y la congestión vial es digna de cualquier metrópoli. La Calle del Comercio es de las más animadas, con su olor a pescado recién sacado del mar y decenas de locales que ofrecen desde coco picado hasta aceite de tiburón para el asma.
A la bulla de los pasajeros que llegan a los puertos del sector, se suma la música de múltiples radios encendidos a la vez, mezclando el grito herido de Gardel con el meneo de la salsa choke, porque en esta urbe parece que nunca hay silencio. En medio de todo está Fernando, el pescador, esperando que le traigan unos camarones a la Plaza de Mariscos. “Para algunos barrios no se puede pasar, son zona roja, la cosa está apretada”, cuenta. Luego, encogiéndose de hombros, concluye: “es por el narcotráfico”.
Desde diciembre de 2015, el índice de asesinatos y la violencia se desbordaron. Una consecuencia de que no haya un cartel hegemónico en el bajo mundo, es que las demás pirañas se muerden para ver cuál gobierna el estanque. En las calles tumaqueñas empezaron a aparecer cadáveres y panfletos amenazantes de clanes que hasta ahora nadie conocía, como la “Organización Sicarial del Pacífico” y “La Gente del Orden”, que afectan la seguridad en los barrios Nuevo Milenio, Los Ángeles, Viento Libre, Bajito, La Paz, Tres Cruces y Buenos Aires, al igual que en los corregimientos Llorente y La Guayacana.
Las bandas tienen ADN híbrido: combinan exmiembros de “los Rastrojos”, antiguos milicianos de la columna Daniel Aldana y del Eln, gente de “los Urabeños”, sicarios de Cali y de Putumayo. El secretario de Gobierno de Tumaco, Edwin Palma, reconoce que “estos grupos emergentes del narcotráfico están generando todas las expresiones de violencia”.
Este año, con corte al 1° de octubre, mataron a 107 personas, 9 más que en el mismo período de 2015. Entre los crímenes más truculentos está el de tres niñas de 14 a 16 años, halladas con signos de tortura en unos manglares (25/6/16); el hecho generó otros tres homicidios como retaliación.
La zozobra fue conocida por este diario, que por cinco días trasegó la región. “La gente de esos colores, tan blanca y desconocida, no puede estar parada así mirando en este barrio tan peligroso”, me dice Consuelo, tomándome del antebrazo para recorrer su vecindario.
Las barriadas de la franja costera están formadas por ranchos de marea baja, de tablas y estacas, comunicados por estrechos puentes de madera elevados, que crujen y se tambalean cuando la brisa golpea. Al pasar junto a una esquina de Viento Libre, donde un puñado de jóvenes conversa, la mujer se detiene y palidece. “A esos muchachos de la guerrilla los conocí por aquí de niños, ¡y ahora tenerles tanto miedo!...”, suspira.
La situación provocó fronteras invisibles, que se prolongan hasta la parte rural. “No puedo bajar a Tumaco – cuenta un poblador de Llorente - Una banda de allá me dice que soy de zona guerrillera, y que si me ven, me ‘pelan’. Me toca mandar a una negrita a comprar las cositas, porque yo tengo una tienda”.
Y en La Guayacana, donde la Policía ha destruido laboratorios de coca, un campesino advierte: “si usted sube sin alguien conocido que lo autorice, está muerto en cuestión de segundos”.
Mercado negro
Al costado de la vía que de Tumaco lleva a Ricaurte, a la altura de la vereda Carrizal, un pelotón del Ejército descansa mientras consume la ración de almuerzo. Junto a tres portentosos vehículos blindados ASV Pegaso, llama la atención un pequeño cultivo de coca. El oficial al mando, quien pide la reserva de su identidad, explica por qué este contraste entre la presencia militar y la existencia del sembradío ilícito.
“Por un acuerdo entre los indígenas y el Gobierno, no podemos arrancar las matas. Esas comunidades tienen derecho a una hectárea por familia”, recita el uniformado, y prosigue: “hace unos días fuimos de madrugada a erradicar una plantación en la vereda Palpis, porque superaba la extensión permitida, y nos cayeron como cien indios. Dijeron que si tocaba la mata, me cortaban la mano”.
Al domingo siguiente, los militares regresaron, resueltos a cumplir la misión. “Queríamos aprovechar que estaban en una fiesta, pero esta vez llegaron unos 200. A un sargento le reventaron la boca, a un soldado le pegaron en el ojo y yo me salvé porque me tiré a una zanja”, narra entre risas.
Según las autoridades, los narcos aprovechan la norma que permite los cultivos en territorios de la etnia awá, y en las áreas limítrofes camuflan su propia siembra, lo que dificulta el control del Estado.
A esto se suman paros cocaleros, en los que participa Lisandro. “Quieren acabar la coca, ¡pero no lo compensan con nada!”, critica.
El coronel Galvis confirma que “hemos tenido problemas con Consejos Comunitarios de los afros, porque promueven bloqueos y se quejan de que no hay un plan de sustitución de cultivos favorable”. Este panorama social y la suspensión de las fumigaciones con glifosato, afectaron la lucha antidrogas, pues en 2015 la Armada erradicó 426 hectáreas de coca, mientras que este año llevan 83.
Los campesinos también están perdiendo. Cuando “los Rastrojos” dominaban el mercado negro, el kilo de base de coca valía $2,8 millones. Hoy, dicen los lugareños, la inestabilidad y la competencia bajaron el precio a $1,5 millones.
Gregorio, residente de la vereda El Coco, en la ribera del Mira, explica que “no hay carreteras para sacar los productos al pueblo, entonces toca sembrar coca, que se vende ahí mismo. Por eso hay tanta estigmatización hacia nosotros, pero no somos malos”.
El secretario Palma indica que “tiene que haber un plan integral desde la Presidencia de la República, para poderles decir a los campesinos que vamos a erradicar y reemplazar por cultivos legales. Ese proyecto debe tener inversión social y apalancamiento financiero, para que sea sostenible. La paz no se construye desde Bogotá, sino en las regiones”.
El pasado 30 de septiembre, el Consejo Seccional de Estupefacientes aprobó el Plan Integral de Drogas de Nariño 2016-2019. El viceministro de Política Criminal, Carlos Medina, informó que tiene un enfoque territorial adaptado a la zona, y de acción diferencial frente a cada eslabón del narcotráfico.
Afirmó que el actor vulnerable del engranaje es el campesino, a quien hay que mejorarle las condiciones de vida, y que la estrategia se enfocará en el procesamiento del alcaloide. “Le queremos apuntar a los cristalizaderos, algo que nunca se ha hecho, así le podremos romper el espinazo a un eslabón clave”.
Otra medida que proviene del Gobierno central es la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta fronteriza entre Colombia y Ecuador, tema que los ministerios de Defensa de ambas naciones buscan concretar desde marzo.
Los nariñenses tienen esperanza frente a estas promesas, al igual que con los proyectos contenidos en los acuerdos de paz que el Estado renegociará con las Farc, después del resultado del plebiscito del 2 de octubre, en el que la mayoría del país desaprobó lo pactado. En el departamento, sin embargo, la gente refrendó lo negociado en La Habana, con 251.047 votos por el Sí contra 136.283 del No.
Por ahora, la herida de Tumaco sigue abierta. El Estado es incapaz de frenar las toneladas de cocaína que salen a altamar, atrayendo a la jauría de narcos que anhelan el tesoro de “la Perla del Pacífico”..
*Identidades de los pobladores se reservan por seguridad.
33.700
dólares cuesta un kilo de cocaína en Estados Unidos.
19
fiscales tiene Tumaco para enfrentar a la delincuencia.
