El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz hace parte de la Escuela Keough de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame (EEUU), publicó su quinto informe en el que hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las desmovilizadas Farc y planteó que hace falta mejorar el ritmo para su avance.
En su informe, dicho instituto hizo un análisis cuantitativo y cualitativo de los 578 compromisos contenidos en el Acuerdo, y este proceso lo ha hecho desde 2016, analizando así cada año el estado de la implementación de los seis puntos del Acuerdo Final, así como el estado de los enfoques territorial, étnico y de género.
En ese sentido, se planteó que dicho documento es una invitación para los actores clave con responsabilidades en la implementación avancen en compromisos que se encuentran atrasados, considerando que para afrontar los desafíos existentes se requiere “dinamizar el ritmo de implementación en cada uno de los puntos y enfoques transversales”.
Entre los hallazgos principales del informe se detalló que durante 2020, los gobiernos departamentales y municipales en el país, en especial en las regiones donde se adelantan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), incluyeron aspectos clave del Acuerdo como política de mediano y largo plazo dentro de sus Planes de Desarrollo para el periodo 2020-2023.
“Tal es el caso de las más de 11.000 obras Pdet que fueron incluidas para ejecutarse en los próximos años. Los procesos de consulta y participación para la expedición de estos planes se vieron afectados por las restricciones a la movilidad derivadas de la emergencia sanitaria, y tuvieron que adaptarse a ambientes virtuales”, se planteó entre dichos hallazgos.
Además, se resaltó que los principales avances en la implementación de disposiciones iniciadas en el año anterior se dieron en el Punto 1 del Acuerdo (sobre Reforma Rural Integral) y en el Punto 5 (sobre Víctimas del conflicto armado). Por otra parte, el Punto 4, que se ocupa de la Solución al problema de las drogas ilícitas, fue el que más disposiciones completó, según el Instituto Kroc.
“Por tercer año consecutivo, los mayores rezagos se presentaron en el Punto 2, referente a la Participación política, así como en los ajustes normativos necesarios para la implementación del Acuerdo”, expuso el Instituto.
Factores que afectaron la implementación
En dicho análisis se señaló que hubo varios factores que impactaron el ritmo general de la implementación de Acuerdo.
En el primer factor se planteó que algunos compromisos carecen de acciones suficientes de implementación por parte de las entidades responsables. Además, en el segundo se señaló que los procesos de estructuración y coordinación requeridos para la implementación no necesariamente se reflejan en los compromisos explícitos del Acuerdo y en los avances cuantitativos
“Además, en el tercer factor se encontró que el marco secuencial del Acuerdo conlleva a que todos los compromisos no deban estar completados a este momento de la implementación”, se expuso al respecto.
En esa línea, señaló el instituto, el informe resalta los esfuerzos por mantener activas las instancias especiales étnica y de género creadas por el Acuerdo, aun cuando se mantiene la brecha de la implementación de las disposiciones de estos enfoques frente a la implementación general.
También se planteó que las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición lograron reducir significativamente el número de compromisos no iniciados, continuando con la tendencia del año anterior (2019).
“En el 2020, el Componente Internacional de Verificación, el acompañamiento internacional, la comunidad internacional y el sector privado contribuyeron decididamente a la implementación de los compromisos del Acuerdo”, se planteó en los hallazgos.
Oportunidades para avanzar
Además de los encontrado, en dicho informe se resaltaron algunas oportunidades para avanzar en la implementación del Acuerdo.
En ese sentido se planteó que es necesario asegurar los recursos para la implementación de compromisos consignados en los planes de desarrollo y garantizar la vinculación de los consejos territoriales de paz y reconciliación como espacios para diálogos y consensos. También se expuso la necesidad de concentrar esfuerzos en el cumplimiento de los indicadores rezagados del Plan Marco de Implementación, así como los que tienen como año de finalización el 2021.
“A cuatro años de la firma, aún persisten brechas en la expedición de normas necesarias para cumplir con las disposiciones del Acuerdo. El Congreso de la República y el Gobierno tienen la oportunidad de diseñar una estrategia para atender los frentes de regulación, priorizando aquellas normas que estaban previstas para ser tramitadas a través del procedimiento ‘fast track’”, se lee en el informe.
Finalmente se expuso que se debe tener en cuenta y aprovechar los procesos de aprendizaje sobre la implementación gestados desde los territorios, ya que son una oportunidad para intercambiar lecciones aprendidas entre regiones y fortalecer el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo.
Resultados destacados por el Gobierno
A pesar de que el saliente alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, no se ha pronunciado frente a este nuevo informe del Instituto Kroc sobre los avances en la implementación del Acuerdo Final, a finales de 2020 resaltó algunos de los resultados en esa materia logrados por el gobierno de Iván Duque.
En el cierre del año anterior (y conmemorando cuatro años de la firma del Acuerdo) Ceballos expuso que la Justicia Especial para la Paz (JEP), ha tenido apoyo del Gobierno Nacional “que se ve materializado en 1,1 billones de pesos, que han sido apropiados y parte de ellos ya han sido ejecutados”.
Además, acerca de la reparación a las víctimas, el alto funcionario indicó que “hay un gran rezago”, el cual se debe a que Farc no ha entregado la totalidad de los bienes que inventariaron, por lo que resaltó que el Gobierno ha avanzado en las reparaciones colectivas e indemnizaciones que corresponden al Estado.
Por otra parte, sobre la erradicación de cultivos ilícitos, Ceballos indicó que el gobierno anterior (el del expresidente Juan Manuel Santos) reconoció un error en dar incentivos a familias que prometían sustituir dichos cultivos.
“Desafortunadamente esa sustitución sigue siendo acompañada por una gran cantidad de resiembra, por un lado, y creó además un incentivo para que aumentaran los cultivos ilícitos”, expuso en su momento el saliente alto Comisionado para la Paz.
En esa línea, el funcionario explicó que ese aumento de los cultivos ilícitos lo está contrarrestando el Gobierno y, según él, incomoda a los grupos armados como las disidencias, ELN, y Clan del Golfo, interesados en que el negocio del narcotráfico no se acabe.
Se espera que en las próximas horas Ceballos o Juan Camilo Restrepo Gómez (quien fue nombrado como el próximo alto Comisionado para la Paz) se pronuncien sobre este informe, planteando los avances considerados por el Gobierno en la implementación del Acuerdo.