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La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll lleva varios años desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigando los secuestros de las Farc, analizando cuáles fueron las implicaciones de este delito en las víctimas directas, sus familias y en la sociedad misma. Ha escuchado los desgarradores relatos de cientos de víctimas en todo el país e interrogado a 350 excombatientes en versiones voluntarias.
Lemaitre fue la autora del primer auto de definición de hechos y conductas en el que la Sala de Reconocimiento le imputó a ocho antiguos miembros del Secretariado de las Farc su responsabilidad por varios crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad relacionados y concomitantes al secuestro, entre ellos las privaciones graves de la libertad, toma de rehenes, homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.
EL COLOMBIANO habló con la magistrada sobre todo este proceso que tiene a los máximos responsables de las Farc respondiéndole a la justicia.
¿Qué es lo que hace la Sala de Reconocimiento de la que usted hace parte?
“Es la puerta de entrada al Tribunal que juzga los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Nosotros nos encargamos de revisar cuáles son los crímenes que no tienen amnistía y pasárselos al Tribunal de Paz, luego de hacer un filtro inicial. Y el otro mandato de la Sala es hacer macrocasos, nosotros no podemos investigar hecho a hecho, porque no nos alcanzarían los 10 años que tenemos para administrar justicia, entonces tenemos que hacer agrupaciones, que tienen que corresponder a un autor responsable, en agrupación, y alguna lógica de la guerra”.
¿En qué se basaron para escoger los siete casos que han priorizado?
“Los primeros casos que abrió la Sala a nivel nacional corresponden a los informes que nos entregó la Fiscalía, que son: tomas de rehenes y otras privaciones graves de la libertad (secuestro), muertes que de forma ilegítima fueron presentadas como bajas en combate (falsos positivos), y reclutamiento forzado y utilización de menores. Pero la Sala también tiene un interés en las dinámicas territoriales del conflicto, porque la guerra ha sido especialmente intensa en unos sitios, los priorizados hasta el momento han sido la frontera con Ecuador en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas; el Urabá antioqueño, cordobés y chocoano; y Cauca y sur del Valle del Cauca. También hay uno específico sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP). Luego habrá una segunda ronda de priorización”.
En el caso 01 ya hay un auto de hechos y conductas, ¿qué quiere decir eso?
“La Sala de Reconocimiento tiene que contrastar lo que tenía el Estado, lo que tenían las organizaciones de la sociedad civil, lo que dicen los comparecientes, que en el caso 01 son los excombatientes de las Farc, y lo que dicen las víctimas que quieren participar. La ley indica que el producto de esa contrastación se les muestra a quienes están implicados en los hechos como responsables, para ver si aceptan o no, si reconocen pasan de una vez a la sanción restaurativa y si no se remiten a juicio. Eso es el auto de hechos y conductas, ahí decimos esto es lo que tenemos, así han sido los secuestros de las Farc”.
Se esperaba que la imputación fuera solo por secuestro pero hay varios delitos más vinculados en ese mismo caso...
“También se le da fin a la impunidad nombrando lo que pasó como lo que fue: crimen de guerra y de lesa humanidad, precisamente porque fue en todo el país, con tantas víctimas y se hizo de manera organizada. Los crímenes que no son amnistiables, dice la norma, son crímenes de guerra y de lesa humanidad y nos permite hablar de crímenes que ocurren de manera concurrente, en el derecho penal colombiano muchas de esas cosas serían agravantes del delito principal de secuestro, pero en la justicia ordinaria como las penas son tan altas por secuestro no había incentivo para agravarlas, entonces se invisibilizaban y no se documentaba lo que las víctimas experimentaron mientras estuvieron secuestradas. Ahora estamos hablando de la manera en como trataron a los secuestrados. También es cierto, y ahí lo decimos, que hay una variación en el trato según el talante del comandante. Las Farc dejaban al secuestrado a la discreción de quien lo estaba custodiando, la única regla era que no lo podían matar sin autorización. Óscar Tulio Lizcano, por ejemplo, relató que tuvo 17 comandantes distintos durante su secuestro y él describe cómo su suerte cambiaba según el jefe de turno, solo uno de los 17 hablaba y jugaba ajedrez con él y le daba un trato digno, los demás lo trataban muy mal y uno que él recuerda particularmente como cruel”.
¿Cuál es el nivel de aporte de verdad de las Farc?
“Hemos aprendido que hay una parte de lo que esperan las víctimas no es verdad, porque ya la saben, sino una demanda de reconocimiento. Y ahí hemos visto un cambio, en el sentido de que al inicio los comparecientes no reconocían el daño causado, pero estos años, a partir del desarme, han tenido que enfrentar más a las víctimas y ahí ha habido un cambio de más reconocimiento”.
¿Lo que dicen sí les sirve a las víctimas?
“Los comandantes de más alto nivel no tienen los detalles que quieren las víctimas, por eso estamos hablando ahora con mandos medios y rasos. Lo que estamos viendo es que mientras más bajas en la jerarquía, si das con la persona adecuada, más detalles tienes. Por ejemplo, tuvimos un momento muy conmovedor: la hija de un policía que secuestraron cuando ella tenía dos años y lo mataron en un intento de rescate, la persona que encontramos fue una guardia que había estado los cinco años de secuestro con él, que tenía el contacto del día a día, y lo que la hija quería saber ¿cómo era su papá? Ningún comandante de alto nivel le va a poder contestar eso, pero la guardia sí lo hizo. Hay otros casos donde la respuesta no les gusta a las víctimas, por ejemplo de secuestrados que fueron asesinados y tirados a un río, nunca lo van a poder encontrar, pero ya saben qué pasó”.
Algunas víctimas le manifestaron a EL COLOMBIANO que no están recibiendo verdad, es el caso de Ruth Beatriz Castañeda, ¿qué es lo que pasa?
“Nosotros llevamos varios años preguntado por cada uno de ellos, la Sala no es la Fiscalía que tiene unos recursos enormes y presencia de policía judicial en todo el país, lo que hacemos básicamente es contrastar lo que ya hay y ver si coincide. En el caso de Ruth Beatriz nunca avanzaron las investigaciones judiciales, y es uno de esos casos donde ellos no dan información, más allá de decir que en esa zona no operaban porque es muy urbana (Girardota), indicaron quiénes del Frente Urbano podrían quizás saber algo, pero es poco probable porque esas unidades eran muy pequeñas y fueron desarticuladas muchas veces. Siempre va a haber casos individuales que no vamos a poder resolver”.
Pese a esto, ¿todas las víctimas están incluidas en esa imputación?
“Lo que nosotros estamos imputando es la política, por ejemplo, en los secuestros que eran por dinero la organización tuvo una política que fue ordenada por la cúpula nacional de financiarse privando de la libertad a los civiles y pidiendo plata por su rescate. Una vez la dirigencia da esa orden todos los secuestros que hace la organización van por cuenta de la dirigencia, porque la orden se ejecutó. En ese sentido se remedia la impunidad histórica, porque los máximos responsables están respondiendo por todos los secuestros. Eso solo lo puede hacer la JEP”.
Había una solicitud en el caso de los políticos canjeables acerca de los terceros instigadores, ¿se ha avanzado?
“Sí, claro. Con lo de los políticos es más fácil porque las órdenes se dieron a alto nivel y eran conocidas por la cúpula, en algunos casos sí hubo terceros involucrados, ya les hemos dado traslado, si el tercero está judicializado y no se somete a la jurisdicción es competencia de la Fiscalía, si no está judicializado tiene un término para someterse a la jurisdicción de tres meses desde que se le informa. En este momento de terceros de Farc no se ha sometido nadie, y los que hemos identificado están pagando condenas o ya las pagaron”.
El exsecretariado dice que va a reconocer, ¿qué sigue?
“Aunque es un solo auto de determinación de hechos y conductas para todo el secretariado es posible que unos excombatientes reconozcan y otros no; es posible que los comparecientes reconozcan los hechos y los abogados nos pidan que reconsideremos el derecho, ahí podría haber debates jurídicos; es posible que los comparecientes reconozcan y que las víctimas nos pidan que profundicemos en algo, y todo eso lo tendrá que evaluar la Sala. Pero si no hay razones para no hacerlo la Sala fijará una fecha para audiencia de reconocimiento, algo que nunca se ha hecho, lo que sabemos es que tienen participación de las víctimas, es pública. Ya tenemos un equipo de tres personas diseñándola por condiciones de pandemia. Ahora, también estamos avanzando en los autos de los bloques, en la parte regional”.
¿O sea que en el caso 01 al final de todo el proceso van a salir varias imputaciones?
“Sí, ocho autos de determinación de hechos y conductas: el del Secretariado que fue el que salió y que plantea toda la estructura con lo que sucedió a nivel nacional y después uno por cada región donde operaron los bloques, a Antioquia le corresponde el Bloque Noroccidental y allí se busca dar una mirada más detallada y granular de qué fue lo que pasó a nivel regional”.
¿Y ahí están todos los comparecientes del bloque?
“Sí, los que participaron en secuestros. Nuestro mandato es a los máximos responsables. Hay carceleros que pueden ser máximos responsables. Los autos se están haciendo de forma paralela, ya hemos oído a 26 mandos medios. Vamos a llamar más en junio y en octubre. Esperamos a final de año poder hacer los llamados colectivos, porque para el tipo de información que quieren las víctimas es necesario tenerlos juntos porque la información está muy compartimentada y lo ideal es dar la mayor cantidad de respuestas posibles.
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